Martes, 29 de Noviembre de 2022
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130 años del primer reglamento de la Plaza de Toros de San Roque

  • Con palco reservado para el gobernador de Gibraltar

    Plaza de Toros de San Roque en 1918 (Copia Archivo Municipal)
    Plaza de Toros de San Roque en 1918 (Copia Archivo Municipal)
    Historia

    En el presente año se cumple el 130 aniversario de la aprobación del primer reglamento de la sociedad Plaza de Toros de San Roque, un edificio que cuenta con 169 años y es de los más antiguos de su clase en la comunidad. Se inauguró en 1853 y está considerado como Bien de Interés Cultural de Andalucía. El reglamento en cuestión vendría más tarde, siendo aprobado el 11 de abril de 1892 por el gobernador civil de la provincia.

    El coso era privado, pues la iniciativa de su construcción partió de particulares, tanto sanroqueños como de fuera. La sociedad, según escritura del 3 de julio de 1850 se componía de 192 acciones, quedando reducido el número a una menos por cesión hecha a favor de la empresa que poseía Esteban Berlinguieri, vecino de Gibraltar. En ese momento el valor nominal de cada una era de 312 pesetas y cincuenta céntimos, según recoge el referido reglamento.

    Como era lógico la cualidad de socio quedaba acreditada con el respectivo título de propiedad y los poseedores del mismo tenían el dominio del edificio.

    La plaza era administrada por una junta compuesta por un presidente, un secretario, un tesorero, un secretario interventor y dos vocales.

    En las reuniones de la junta general los socios pasaban a contar con un voto más por cada cinco acciones, no así en las comisiones que pudieran constituirse.

    La Junta General de Socios se llevaba a efecto el primer domingo de enero de cada ejercicio. En esta sesión se elegían a tres socios para el examen de las cuentas y comprobantes, teniendo que dictaminar sobre ello en el plazo de tres meses.

    La junta directiva tenía obligación de sacar a subasta el arriendo para la temporada taurina el 1 de marzo de cada año. También se encargaba del alquiler del Matadero Público con el Ayuntamiento.

    El derecho a cobro de los dividendos prescribía al año de ser convenientemente anunciado en uno de los periódicos de Gibraltar y otro de la comarca.

     





    Palco reservado para el gobernador de Gibraltar

     

    Los miembros de la directiva tenían entrada libre en todos los espectáculos, con reserva para uso particular de palco cerrado, que se hallaba en el piso superior “sobre la tertulia”. No obstante, “gustosamente” se cedía ese espacio reservado “si la autoridad local lo solicita para el Comandante General de este Campo, o Gobernador de Gibraltar”. En este caso, la directiva utilizaría el “palco de la Empresa”. Hay que tener en cuenta que la afición taurina entre los gibraltareños era bastante elevada.

    La sociedad alquilaba las reducidas viviendas de la plaza, casas que no contaban con ningún tipo de saneamiento. Para ello, el tesorero quedaba autorizado “para alquilar y desalquilar los accesorios, así como para gestionar judicialmente el cobro de los alquileres, desahuciando a los inquilinos morosos y haciéndoles cumplir los contratos”.

    La directiva nombraba un conserje guarda, que como retribución contaba “el local suficiente para que habite con su familia, y a más las gratificaciones de costumbre, con las que acuerde la Directiva por servicios especiales”.

    Cuando entró en vigor la norma la junta directiva estaba formada por Enrique Cruz, presidente; Antonio Galiardo, tesorero; Enrique Cano, secretario, y José Sánchez y Antonio Tubino, vocales.

    A finales de la década de los ochenta del pasado siglo XX, el Ayuntamiento mostró su disposición a adquirir la plaza. Curiosamente, surgió el escollo para cerrar el acuerdo, en la falta de inscripción de la empresa.

    Sin embargo, el reglamento que comentamos, viene a recoger en su artículo primero que dicha sociedad quedó constituida en la fecha indicada, en escritura “otorgada por don Cristóbal José Pedraza”.

    En cualquier caso, por parte de los propietarios se abrió un proceso legal que culminó con una cédula del Juzgado de Instrucción n.º 1, del 2 de junio de 1992. Mediante ella se afirmaba que la referida sociedad contaba en ese momento con 157 acciones de idénticos valores nominales repartidos entre 54 asociados. Con este documento se pudo inscribir la titularidad en el Registro de la Propiedad.

    Regulada la cuestión fue el pleno celebrado el 27 de diciembre de 1993 el que refrendó las gestiones realizadas por el alcalde Andrés Merchán para la compra del edificio, materializada el día 31 por un valor de 55 millones de pesetas.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
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