En julio de 1711 se intensificaron desde el Peñón las incursiones en las playas del Campo. Estos golpes de mano, que tenían como objeto el robo de ganado y víveres, no eran controlados con eficacia por las tropas de Francisco Matías de los Reyes, comandante del bloqueo, quien pidió que el Cabildo asumiera la vigilancia de algunos puntos. Desde el Ayuntamiento se mostró la buena disposición a ello, pero recordando lo extenso del término (pertenecían al municipio los territorios de Los Barrios y Algeciras, y todo el que ocupa la actual ciudad de La Línea).
No obstante, decidido a evitar estas incursiones de los ingleses, doce labradores se hicieron cargo de la vigilancia de toda la costa de levante. Los campesinos acordaron no exigir emolumento alguno por dicho servicio.
A la hora de organizar este servicio realizado exclusivamente por civiles, los labradores se reunieron con los representantes municipales y delegados militares, entre los que figuraba un oficial de Caballería del bloqueo a Gibraltar.
La reunión tuvo lugar en la casa del corregidor Estebal Gil de Quiñones, y desde el primer momento los agricultores exigieron que el mando que se hiciese cargo de la docena de hombres –se preveía que fuese un cabo– perteneciese a su gremio. La discusión se tornó difícil, teniendo que mediar la representación del Cabildo, pues el jefe militar se mostró inflexible en todo momento.
Pero la ciudad, que continuaba ejerciendo bajo el nombre de Gibraltar, contaba con los privilegios que procedían de la plaza ocupada, entre los que figuraba la facultad de nombrar cabos «para las compañías o cuerpos que se formen». En este sentido, se propuso al capitán general de las costas Francisco Manrique, que nombrase uno de los tres propuestos por el cuerpo capitular. Estaba claro que las autoridades municipales no estaban dispuestas a que quienes habían salido del Peñón en agosto de 1704 no tuviesen el reconocimiento que su digna acción merecían. Y ya no sólo por ello, sino porque los gibraltareños estaban colaborando estrechamente con el bloqueo.
Si no era un agricultor tendría que ser un gibraltareño con suficientes facultades para el mando. La autoridad militar tenía para elegir a Bartolomé Pérez de Viacoba, un regidor experimentado, aunque también se consideraba a Juan de Mesa y José Pérez.
Era evidente que el Cabildo buscaba una solución intermedia que fuese aceptada por todas las partes, haciendo valer sus amplias competencias. Y aunque se tuvo en cuenta la postura municipal, el desencuentro con la autoridad militar habría de vivir diferentes momentos.
Las medidas de seguridad no tardarían en extenderse a las costas de Algeciras donde, tal vez por hallarse menos custodiada, se habían producido repetidas entradas del enemigo. Agricultores y moradores de la zona fueron habilitados para ejercer este servicio de vigilancia.
De otro lado, en pleno bloqueo el municipio contemplaba con preocupación el continuado asentamiento de forasteros, algunos tildados de bandidos, que suponían un riesgo para la seguridad de los vecinos y para la propia evolución de la guerra. A tal efecto, se llegó a acusar a determinadas personas como sospechosas de facilitar los golpes de mano del enemigo.
El Ayuntamiento no tardó en montar un servicio propio de identificación que, teniendo en cuenta lo extenso del municipio, presentaba enormes dificultades. Todo el que no fuese habitante habitual sería expulsado. Incluso fue más lejos, solicitando que todos los vecinos fuesen armados por la autoridad militar, con el objetivo de procurar una mayor vigilancia de la costa y acudir a rebato cuando las circunstancias lo requiriesen.
Todo el pueblo gibraltareño exiliado de su ciudad quedaba a disposición de la defensa del vasto territorio que ahora ocupaba, y eran los regidores los primeros que se encargaban de patrullar a caballo por los distintos puntos del mismo.
Con dificultad, el Cabildo llevaba a cabo una compleja reorganización de su autoridad, y ello se notaba hasta en los detalles más pequeños, pero que no dejaban de tener su importancia, sobre todo teniendo en cuenta que las reuniones oficiales tenían lugar en las casas particulares y cortijos. Así, en noviembre de 1716 se mandó la construcción de bancos y una mesa para colocarse en el paraje donde tuvieran lugar las sesiones del Ayuntamiento, manteniendo también el doble uso como asientos en la iglesia, cuando a ella concurriese el propio Cabildo. Asimismo, se buscó pregonero que, teniendo en cuenta lo extenso del municipio, contaba con un arduo trabajo.
Y demostrando su solidaridad con la ciudad de Ceuta se llevó a cabo un corte masivo de madera de los montes propios, con destino al montaje de artillería, minas, fortificaciones y otro material bélico, que permitiera una eficaz defensa de la plaza del norte de África. El pueblo gibraltareño desplazado realizó un intenso trabajo, demostrando, una vez más, que sabía estar a la altura de los graves momentos.
