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Domingo, 26 de Mayo de 2019
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Escopeteros de Getares y voluntarios de Albalate para combatir a los piratas

  • Miembro del cuerpo de Escopeteros. Dibujo de Carlos Bartual. Hemeroteca Histórica Municipal Francisco María Tubino. San Roque
    Miembro del cuerpo de Escopeteros. Dibujo de Carlos Bartual. Hemeroteca Histórica Municipal Francisco María Tubino. San Roque
    Historia

    A finales de octubre de 1718, desde el Puerto de Santa María salió para el Campo de San Roque, el mariscal conde de Lubiñi, responsable de las fronteras. Venía acompañado de dos regimientos: uno de caballería y otro de infantería. Para alojar a este jefe se solicitó del influyente vecino Guillermo Hilson, comerciante gibraltareño y uno de los fundadores de la ciudad de San Roque, para que cediera las casas de su propiedad que en ese momento no estaban habitadas. Era evidente que el Cabildo recibía a las fuerzas con satisfacción, dado lo problemático de la frontera con Gibraltar y los asaltos de barcos piratas.

    Asimismo, la riqueza forestal de San Roque, que contemplaba las extensiones de tierras que antes habían sido del Peñón, estaba continuamente amenazada.

    La dehesa del Algarrobo se había constituido en uno de los puntos más conflictivos del carboneo ilegal. El regidor Juan de los Santos realizó rondas de vigilancia, hallando en la zona de la Ventilla tres hornos encendidos y material para armar otro. Aunque la fuerza cercó a los carboneros, tan sólo pudo detener a uno de ellos que fue llevado a la cárcel.

    La propia compañía de Escopeteros de Getares, establecida en el Campo en 1705, se incautó de 150 arrobas de carbón que era vendido sin licencia. El capitán de esta fuerza daba cuenta también del robo de ganado cercano a la costa, indicando que los mismos soldados a sus órdenes se veían obligados a desplazar a los animales hacia el monte.  

    Como la vigilancia de la extensa costa sanroqueña, desde Algeciras hasta la provincia de Málaga, se hacía insostenible, el Cabildo decidió formar una partida con vecinos de los pagos de Albalate. A este grupo se le asignó las playas de Punta Mala, entrando rápidamente en acción, pues al detectar el desembarco de tres hombres, y creyéndolos piratas, abrió fuego intenso. Los hombres se echaron al agua en su huída hacia el barco. De inmediato se dio la alarma a las torres vigías de Carbonera, Guadiaro y Torre Nueva, aunque en esta última no se encontraban los torreros, tal como lamentarían las autoridades.

    En noviembre, el regidor Juan de la Carrera se entrevistó con Francisco Abralón, comisario de Guerra, a quien informó de los privilegios de exenciones que afectaba a los naturales de Gibraltar (ahora establecidos en San Roque), al objeto de que no se les obligase a una contribución extraordinaria para cuarteles y piquetes en el Campo. Ello no era nuevo, y aunque se reconocía la vigencia de los privilegios, sólo los que ostentaban el título de vecinos podían eximirse de la carga, no así los que habitaban en la zona y no contaban con tal consideración. El Ayuntamiento procedió a establecer el adecuado censo de forasteros, a excepción de aquellos que estuviesen casados con mujeres de la ciudad. Pues si bien, gentes de otros lugares habían pasado a residir en el Campo, la calificación de vecino se daba con cuentagotas y se buscaba expresamente el origen gibraltareño de los padres de familia, que finalmente obtenían el título, tras un riguroso trámite administrativo. 

    Pero si los privilegios favorecían a los vecinos autentificados, otra cuestión les afectaba gravemente: la creación repetida de milicias en base a dicha vecindad. Era difícil compaginar la vida cotidiana con la continua alarma militar. El propio corregidor Díez de la Isla venía a reconocer que naturales de Gibraltar estaban residiendo en otros puntos, en buena medida, porque se veían exentos de ese servicio inmediato de milicia. 

    En este sentido, eran los vecinos de San Roque, donde residía el corregidor y se hallaba el gobierno militar, los más perjudicados de esa repetida militarización.

    El Ayuntamiento sí estaba dispuesto a organizar a los hombres armados de manera racional. A tal efecto, haciendo uso del privilegio de nombrar entre los regidores a los capitanes para el mando de compañías de milicias, propuso ante el mariscal del Campo, conde de Louvignies, a los regidores y jurados Juan de Mesa Trujillo, Antonio de Mesa Monreal, Pedro de los Santos Izquierdo, Rodrigo de Quiñones, Alonso Dávila Monroy, Melchor Romero, Juan Sebastián del Alcalde, Juan de los Santos y Pedro Camacho de los Reyes. Como siempre, la disposición de los regidores era realmente encomiable.

    El propio Consistorio propuso la exclusión de Juan de la Carrera, que contaba con el empleo de requeridor de las torres de la mar, y se estimaba incompatible con el nombramiento; a Francisco Rodrigo Muñoz Gallego, del que se alegaba su avanzada edad y su mala salud, aunque se recordaba en su mérito que cuando el Rey ordenó crear un regimiento en San Roque, mandado por Alonso Tabares de Ahumada, ocupó el cargo de teniente coronel. De Juan Ignacio Moriano también se alegaba su edad. Criterios objetivos que todos acababan aceptando.

    Y junto a todo ello, el Cabildo organizaba la vida ciudadana y abordaba otras cuestiones de índole económica y administrativa. Por ejemplo, la cuestión del precio del alcohol.

    Los taberneros del barrio de Algeciras se dirigieron al Consistorio para que no se les alterase el precio del vino, ya que manifestaban la imposibilidad de vender a lo estipulado por la autoridad. Sin embargo, las autoridades estimaron que no existía perjuicio para este sector, y recordaba que en breve plazo entraría el producto de la nueva cosecha, por lo que ordenaba que se continuara con los precios marcados.




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