Las organizaciones de contrabandistas, que actuaban libremente en Gibraltar, contaban con enormes medios y grandes cantidades de dinero para allanar los desembarcos. Incluso llegaron a apresar al barco de la aduana española El Feroz y remolcarlo al Peñón antes de ser liberado (Ver en este medio «El contrabando como sostén de la economía gibraltareña»).
Como señala Sánchez Mantero, al tratar de los alijos, «la operación solía hacerse en las noches oscuras, aunque no resultaba extraño que el desembarco fuese presenciado por los propios agentes del Resguardo (…) Su actitud era meramente pasiva, ya que habían sido previamente sobornados, y respondía sólo a la necesidad de evitar que fuesen engañados por el corredor». El corredor era la figura que arreglaba con el agente el número de fardos que iban a pasar, estableciendo el abono correspondiente.
Claro que éstos se las ingeniaban para pagar lo menos posible, y trataban de engañar o, dicho más finamente, de «aliviar la tarifa», si no por el número, por el volumen, para lo que preparaban unos fardos descomunales que, después, al ser portados por las mulas o borricos que tenían que atravesar difíciles senderos serranos, los animales se mostraban impotentes para resistir todo el camino. Había lugares donde se «redistribuía la carga», una vez oculta ya de la mirada de los agentes. Normalmente eran cortijos (el llamado de Mojones Blancos, en el término de San Roque era uno de ellos), pertenecientes a labradores o propietarios.
La tela de araña de la corrupción se extendía entre diferentes estamentos. Así, en 1838, Isabel II, promulgó una real orden en relación a los funcionarios de la Estafeta de Correos: «Su Majestad la Reina ha llegado a saber con mucho disgusto suyo que algunos Conductores del Correo general de esta Corte han dado motivos muy fundados para sospechar que hayan incurrido en el feo y grave delito de trasladar consigo en sus viajes géneros de ilícito comercio, cubriendo este criminal proceder con las prerrogativas concedidas a su ministerio en bien del servicio público».
Por su parte, la otra vertiente, el contrabando de hormiga, era practicado por muchos de los que en aluvión llegaban a las mismas puertas de Gibraltar.
Entre ellos, la mayoría serían braceros del campo, que ansiaban cambiar su habitual trabajo por otro menos esclavizador y mejor pagado en el Peñón, aunque también se contaban algunos aventureros o especialistas en bribonerías o disfrutar de lo ajeno. Gente que buscaba ese «panal de rica miel» del que habían oído hablar a antiguos compañeros reconvertidos, que sin más escuela que la de saber burlar a los agentes del Resguardo, habían logrado «honrado trabajo» que les permitía pasear «vestido de punto» por las calles de su pueblo natal.
Lo peor de esta aventura es que muchos terminaron confinados en Ceuta, porque el presidio de Tarifa estaba absolutamente lleno. Fue uno de los motivos junto con el de la represión política, de la saturación que motivó al Comandante General del Campo de San Roque y a Antonio González Salmón, director de la prisión tarifeña, a que informasen al Consejo de Ministros «sobre la necesidad de que la remesa de presidiarios a Ceuta se haga en derechura, sin tocar en Tarifa (…) por no haber donde colocarlos». Oír hablar del presidio ceutí ponía los pelos de punta al más impávido de los truhanes. Allí hasta 1799, que se tenga noticia, seguía aplicándose la pragmática de 12 de mayo de 1771, firmada por Carlos III que clasificaba a los reos en dos clases: a los más peligrosos y peligrosos a secas, se enviaban a los arsenales de El Ferrol y Cartagena y a los que tenían antecedentes más favorables se enviaban a los presidios de África (Ceuta y Melilla).
Las normas prohibían terminantemente maltratar o vilipendiar al preso, indicando que su trabajo sólo se emplearía en las necesidades de obras y guarnición. Algo que, en principio, pudiera parecer esperanzador, pero que pocas veces se llevaba a cabo. Y junto a ello no se excluía la pena capital.
A pesar de las penas impuestas, que podrían actuar como elemento disuasorio, la ocupación de celdas había provocado tal problema de saturación, que el Consejo de Ministros resolvió plantear la necesidad de indultar a los sentenciados por delitos leves, como contrabando, lo que suponía un alivio para todos aquellos que se concentraban en las cercanías de Gibraltar.
