Es cierto que los Larios se habían distinguido con inversiones importantes en el Campo de Gibraltar, pero también es verdad que el poder que ejercía la casa se convertía, muchas veces, en manipulación y abuso. La implantación en la economía gibraltareña de la poderosa familia fue recogida en un artículo anterior («Gibraltar y los negocios de la Casa Larios»). Ahora se trata de un aspecto menos conocido.
El primero de la saga gibraltareña, llegado de La Rioja, Pablo Larios y Herrero de Tejada, contrajo matrimonio con la gibraltareña Jerónima Tasara Cheli, teniendo una prole de ocho hijos.
De los herederos uno de los más destacados fue Pablo Antonio Larios, que durante cuarenta y cinco años ocupó el cargo de Maestro de Cacería de la sociedad de caza del zorro Calpe Hunt, creada en Gibraltar, en principio por civiles, pero acaparada prácticamente por la guarnición militar. En 1891 fue elegido y cuando fue apartado de la presidencia buscó la alianza entre los labradores de la comarca, a fin de que la empresa no pudiera contar con los terrenos necesarios para dicha práctica. La presión ejercida hizo que retornara al puesto de mando. Su influencia fue en aumento y le hizo relacionarse, de manera estrecha, con los monarcas de España y Reino Unido, cuestión que ocuparía un trabajo más extenso.
Sin embargo, aquella alianza, tan oportuna para el terrateniente, no hacía olvidar que cuando esas correrías a caballo y comidas campestres, con participación de la aristocracia española y británica, se hacía en propiedades campesinas o montes públicos, ocasionaban numerosos trastornos y hasta daños considerables.
Un comisionado especial, que funcionaba en cada población afectada, se encargaba de indemnizar a los campesinos, pero ello se producía de manera continuada, motivando las quejas de los labradores. De ello se hacía eco el periódico sanroqueño El Perro que, en marzo de 1881, en un artículo de Francisco Monesterio mostraba el hartazgo de la sociedad local, y hacía una comparación con la tauromaquia: «nuestras corridas de toros, cuán anatematizadas han sido, son y serán por los hijos de la nebulosa Albión; y eso que a ningún español se le ha ocurrido jamás solicitar correrlos en Londres…, ni siquiera en Gibraltar». Y el dinero no lo era todo, como añadía el periódico, «pero ellos es otra cosa; pueden correr sus zorras en nuestros campos (…), el dinero, como ellos dicen, todo lo arregla, y en pagando los daños y perjuicios que puedan ocurrir por razón de las naturales expansiones de su pacífico divertimiento, quedan en paz, y hasta otra. Tan sólo considerar esto, nos hace ruborizar».
Ya en el siglo XX, en 1906, el concejal sanroqueño Pérez Gil denunciaba públicamente que los potentados Larios tenían establecidos criaderos de zorros en el término municipal, y que en su opinión ello era perjudicial para los vecinos cercanos a dichos criaderos.
Pérez Gil consideraba un abuso la prepotencia de la casa Larios y las cacerías de zorros que la sociedad establecida en Gibraltar desarrollaba en la comarca, sin respeto alguno hacia los vecinos.
Además se daba la paradoja que el propio Consistorio premiaba con una gratificación a todo aquél que eliminara un animal dañino, según la legislación de la época, y entre estos animales se encontraba la especie mencionada. No era lógico que, mientras que ello ocurría, la sociedad Calpe Hunt tuviese sus propios criaderos en la localidad, con el consiguiente temor de los campesinos y ganaderos.
Unos años más tarde, en 1915, la prensa daba un paso más en criticar el poder desplegado por los Larios sobre determinados políticos de la zona, señalando al diputado del distrito, el conservador José Luis de Torres. Los Lentes, «periódico político independiente, defensor de los intereses de San Roque y del Campo de Gibraltar», dirigido por Juan Cano Linares, dedicaba un extenso artículo al control que la sociedad terrateniente mantenía sobre el municipio de Los Barrios. Los Lentes, en un valiente alegato, señalaba que, «desde que don José Luis de Torres obtuvo por primera vez el acta de diputado empezó sus trabajos descarados para constituir en aquella villa honrada un Ayuntamiento que, lejos de representar en él los verdaderos sentimientos y opiniones del pueblo, sólo se inclinaban sus esfuerzos a que en el mismo, sólo estuviesen representados los interese sagrados de la sociedad Larios Hermanos de Gibraltar».
El periódico acusaba a dicha sociedad de controlar los «montes de propios» de Los Barrios, el patrimonio más importante del municipio, señalando directamente al diputado De Torres, al que calificaba de «abandonar la gloriosa patria para acogerse a un pabellón extranjero», en alusión a la base de actuaciones gibraltareña de los Larios. En este sentido, en varias ocasiones los descendientes de esa rama habían alegado su nacionalidad británica para eludir el servicio militar en España.
La caza del zorro continuó hasta 1938 con el beneplácito del gobierno del general Franco, desapareciendo con la llegada de la II Guerra Mundial.