La idiosincrasia del municipio sanroqueño -con un amplio territorio heredado del Gibraltar español-, dio siempre un papel destacado a los alcaldes de barrio. En el siglo XIX ese protagonismo aumentó con los vaivenes políticos.
En la bahía eran nombrados los denominados alcaldes-celadores en los barrios de La Línea, Campamento y Puente Mayorga, mientras que en San Roque se denominaban comisarios de cuartel o alcaldes de barrio, a los que se les asignaba un distrito de la ciudad, en número de cuatro. El signo político de la Corporación marcaba estos nombramientos, que años más tarde también se aplicaría a Guadiaro.
Durante el Trienio Liberal los nombramientos se verificaban por la Corporación municipal a pluralidad de votos. Hasta entonces se nombraba por el Comandante General del Campo de Gibraltar y el corregidor de San Roque, quienes concedían el correspondiente título.
Sin medios para poder atender el cometido -en años tan convulsos-, su responsabilidad no era poca. En julio de 1822, el alcalde-celador de Puente Mayorga, Manuel Islas, recibió el encargo de dar parte de «las ocurrencias públicas» que se produjesen en su jurisdicción. En caso de no cumplir con este extremo, se le amenazaba con una multa o la sustitución por otro «más activo». Se trataba de la preocupación de los constitucionalistas por las acciones de los absolutistas organizados en Gibraltar. Las medidas adoptadas por el jefe político del partido judicial de San Roque, aludían especialmente a dos religiosos sospechosos de militar en dicha facción: el padre Palomo, carmelita, y el padre Rubio, capuchino.
El alcalde de Puente Mayorga se puso en contacto con el de Campamento, Juan Marín, y el del barrio de La Línea, José Espinar, al objeto de establecer una estrecha colaboración en pro del régimen liberal, que les había nombrado. Sus ojos y sus contactos estaban puestos en Gibraltar.
En febrero de 1821 el Gobierno había asignado a la provincia de Cádiz 132 hombres en el reclutamiento para la Marina. A San Roque correspondió cuatro, que fueron elegidos entre pescadores. La noticia, desagradable para los marineros se encargaba -¡Cómo no!- de darla el celador. En este sentido, el Gobierno decretó una vigilancia especial, ya que la fuga de muchos de los miembros de la Armada, creó problemas en los buques por falta de tripulación.
La amenaza de la intervención francesa para restablecer el régimen absolutista en España, hizo que el Ayuntamiento constitucional, se dirigiera a todos los pueblos del municipio solicitando el mayor sacrificio en defensa del país. Al alcalde de Puente Mayorga se le envió un oficio con una misión especial: la vigilancia en la costa para cumplir la orden de las Cortes, en el sentido de evitar que arribase cualquier buque perteneciente a las naciones que habían roto sus relaciones con el Gobierno español.
Restablecido el régimen absolutista y abolida la Constitución, las actuaciones de los alcaldes de barrio no sólo estaban en el punto de mira de la alcaldía, también las autoridades militares investigaban sobre las mismas. Tal fue el caso del celador, José Pino Muñoz que, en 1826, a instancias de la «Ayudantía Militar de La Línea de Gibraltar» se le había abierto expediente para destituirle del cargo.
Desde el Consistorio sanroqueño se defendió a su representante, calificando como «uno de los buenos españoles». A este respecto, informaba el Cabildo que cuando el asalto liberal a Tarifa, en 1824, fue destinado por la autoridad militar para que saliese con su propio bote con gente armada y dos dependientes de Rentas, con la orden de vigilar desde la desembocadura del río Palmones hasta la propia playa de la Caleta, ya en Gibraltar.
Ese arriesgado servicio fue elogiado por el Ayuntamiento, cosa que no se hizo con el liberal Manuel Gordillo, -que había ejercido el cargo en Puente Mayorga durante parte del trienio democrático- «un mal español», como fue calificado, pues había exhortado a los habitantes de dicha barriada «a que amasen la abolida Constitución, que el mismo Gordillo le daba el nombre de santa». Muy valiente era Gordillo para en pleno régimen represor hiciera arengas democráticas y estableciera contacto con los liberales refugiados en el Peñón. No sólo acabó en la cárcel sino apaleado por su sustituto Del Pino.
Detrás de los barrotes, el apaleado Gordillo conocería como su oponente perdería el puesto de alcalde-celador, porque a pesar de los buenos oficios del Ayuntamiento, la Comandancia General del Campo y la Intendencia de Policía de la misma, ordenaron al Consistorio que dicho vecino no podía permanecer en el puesto. Su mala conducta, obligaba a que mudase el domicilio en el término de seis días, trasladándose a San Roque donde estaba censado, o fuera del Campo de Gibraltar.
A la hora de sustituirle pocos estaban dispuestos a asumir un cargo que sólo daba quebraderos de cabeza, físicos y mentales. Así, cuando nombraron al maestro barbero Antonio Palomares, éste se apresuró a alegar que no estaba dispuesto a perder su buena clientela por asuntos políticos. Hasta que se nombrara definitivamente al vecino Manuel Blanca, se produjo un nuevo rechazo. Estaba claro que de la política entonces no se vivía.
