Miércoles, 29 de Junio de 2022
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Noventa años de la Reforma Agraria y su intento en el Campo de Gibraltar

  • San Roque y La Línea querían participación en La Almoraima

    Manifestación obrera en La Línea (Archivo del autor)
    Manifestación obrera en La Línea (Archivo del autor)
    Historia

    Noventa años se cumplirán en el presente desde la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en septiembre de 1932. Esta medida contó con dificultades a la hora de su aplicación en el Campo de Gibraltar.

    Consciente del grave problema de paro agrario, la II República decretó tempranamente, el 28 de abril de 1931, la preferencia de los obreros del término para conseguir empleo.

    Asimismo, el 7 de mayo se aprobó la Ley de Laboreo Forzoso, que obligaba a los cultivadores de tierras a realizar todas las labores propias de un buen cultivo, procurando que con ello se abrieran las posibilidades de obtener trabajo. De igual manera, en julio se dictaron dos decretos para evitar los desahucios de los colonos de fincas rústicas.

    Otra de las medidas aprobadas para afrontar el problema del campo fue el decreto sobre intensificación cultivos. Mediante este decreto las fincas no cultivadas podían pasar a los campesinos sin tierra durante un periodo de dos años.

    Por otro lado, la aplicación de la reforma era compleja, ya que establecía un variado número de casos para la expropiación bajo indemnización a sus propietarios.

    En la comarca se intentó aplicar una orden del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio por el que se disponía la intervención del ganado existente en las fincas comprendidas en las medidas de Reforma Agraria.

    El latifundio de La Almoraima

    En el término de Castellar de la Frontera, donde se ubicaba el latifundio de La Almoraima, perteneciente a la Casa de Medinaceli, se llevó a cabo la incautación de 56 fincas.

    Las actas fueron enviadas por Joaquín Gil Salas, presidente de la Junta Provincial Agraria, al alcalde sanroqueño Antonio Galiardo, en septiembre de 1934, para que fueran registradas en el Registro de la Propiedad de San Roque, como cabeza de partido judicial.





    En ese mismo año, una comisión de arrieros del corcho manifestó su queja porque Cervera, el administrador del duque de Medinaceli, se había negado a aceptar las bases del trabajo relativas a carga y descarga.

    El alcalde de San Roque, Antonio Galiardo fue más allá y solicitó del Instituto de Reforma Agraria parte de los asentamientos para las poblaciones de La Línea y San Roque.

    Con la expropiación de La Almoraima se preveía la instalación de 333 familias. El Instituto de Reforma Agraria se reservaba la explotación directa de la parte forestal, con ánimo de distribuir jornales entre los asentadores y aplicar los ingresos a las mejoras de la finca.

    Galiardo propuso al pleno municipal que se solicitara una parte de las 14.067 hectáreas incautadas de las 17.140 que componían el latifundio. La tercera parte de dichos asientos sería para ambas poblaciones de manera mancomunada.

    Basaba el alcalde su propuesta, “en vista de poseer los municipios de La Línea y San Roque, colindantes entre sí, un censo vecinal de más de 46.500 habitantes, ubicados conjuntamente en 16.400 hectáreas, mientras que el beneficiado con el acuerdo de asentar, Castellar de la frontera, posee sólo una población de derecho de 1.625 habitantes, emplazados en las 17.140 hectáreas aludidas”.

    Según Galiardo, la explotación prevista de determinadas superficies, “con intención de lucro, no llena las finalidades de la Ley agraria que terminantemente lo prohíbe”. No obstante, la petición fue rechazada, teniendo el municipio en proyecto la de los terrenos de Buenavista, en la barriada de Campamento.

    En esta propiedad se habían producido roces con el guarda a la hora de materializar los asentamientos, por lo que el Instituto de Reforma Agraria ordenó su aplicación.

    En 1935 el gobierno radical-cedista aprobó una nueva reforma, que supuso la liquidación de la puesta en marcha por el gobierno de izquierda.

    Ya con el Frente Popular, a tan sólo un mes del golpe de Estado, fueron ocupadas, en aplicación de la Ley de Reforma Agraria, las fincas que la poderosa Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro tenía en la aldea de Tesorillo, entonces perteneciente al municipio de Jimena.

    Poco antes había sido incautada la finca Los Chaparrales, en término sanroqueño.




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