El Cuerpo de Voluntarios exige armas y los expósitos pasan a Algeciras
El Poder Ejecutivo mandó crear el Cuerpo de Voluntarios de la República, a semejanza de los Voluntarios de la Libertad, de la época liberal. En San Roque, en escasos días, se alistaron 414 hombres, sin que hubiese armas para todos. El Ministerio de la Guerra acordó enviar trescientos fusiles o carabinas cuando hubiese existencias. El Ayuntamiento consideró insuficiente dicho número e inició gestiones ante la Diputación Provincial y el Gobierno Civil para cubrir la totalidad del armamento.
Las iniciativas resultaron negativas, lo que exasperó a los concejales sanroqueños. El 23 de mayo, en plena celebración de un pleno, los voluntarios irrumpieron en el salón de actos, solicitando armas a todo trance. La indignación tenía su base en que los municipios de Jimena, Los Barrios y La Línea habían sido provistos del mencionado material, mientras que el de San Roque era sistemáticamente ignorado. El “ciudadano alcalde” se lamentó de que el Gobierno ignorase la categoría de cabeza de Partido judicial del municipio, así como “su posición topográfica y sus indudables antecedentes políticos a su favor de la situación actual”.
Ante los voluntarios que ocupaban la Casa Consistorial, el Ayuntamiento acordó unánimemente que se participase el acontecimiento al gobernador civil, y dio seis días de plazo para su resolución, transcurridos los cuales todo el Consistorio presentaría su dimisión. La posterior falta de respuesta obligó a que el edil José Domínguez Pérez viajara a Cádiz al objeto de gestionar una solución, “revestido de amplias facultades”. De manera voluntaria se le uniría su compañero Antonio Gómez.
En el acta capitular de ese día se hace una revelación referida a una intervención del alcalde, José Diánez, para evitar una conspiración, que no queda suficientemente aclarada. Así, se recoge que “la reacción trabaja en diferentes conceptos, que el peligro es inminente, que si bien la conspiración está sofocada a consecuencia de las revelaciones hechas por esta alcaldía al señor Presidente del Poder Ejecutivo, el germen trastornador no se ha extirpado totalmente (...)” ¿De qué conspiración se trata? No existe ningún otro indicio que pueda aclarar esta afirmación. Podría tratarse de algún movimiento contrario al nuevo régimen proveniente de refugiados en Gibraltar, y que debió tener cierta envergadura, dado que se puso en conocimiento del propio presidente del Gobierno. Hay que recordar los movimientos antirrevolucionarios del consulado español en el Peñón, en 1868.
El 9 de junio, el edil Domínguez Pérez, informaba que había encontrado en el gobernador, “la mejor y más entusiasta acogida”, si bien no había conseguido su objetivo, ya que no había existencias de armas en los parques de artillería. Los diputados provinciales pedirían autorización al Gobierno para contratar quince mil carabinas y cubrir en justa proporción las exigencias que se habían planteado por parte de distintos pueblos de la provincia. Se afirmaba que el Poder Ejecutivo haría una especial distinción con San Roque.
El Ayuntamiento valoró las buenas intenciones expresadas, y mandó para el día siguiente, la entrada en vigor de un edicto para que se entregasen todas las armas particulares con destino a los voluntarios.
En todo este periodo continuaba la situación económica lamentable. Como ejemplo, citar que el presupuesto ordinario de 1873-1874, contemplaba gastos por valor de 99.929 pesetas, mientras que los ingresos previstos, eran de 20.800 pesetas. El presupuesto adicional aprobado en diciembre de 1873 contaba con gastos de 34.448 pesetas e ingresos de 20.000 pesetas.
El 17 de junio el alcalde informaba sobre “la situación angustiosa” por la que atravesaba el Ayuntamiento, sin poder cubrir las más perentorias necesidades. Esta situación había llevado a una falta de fondos para atender correctamente la Hijuela o Casa de Expósitos de la ciudad. Su director había denunciado este hecho al Gobierno Civil, que no tardó en requerir los pagos correspondientes del Ayuntamiento. Desde el Consistorio se recordó que en diciembre de 1872 se habían suprimido los arbitrios sobre especies de consumos, que eran los ingresos más importantes del municipio. A ello se unía la morosidad de los ayuntamientos de Jimena y La Línea por el contingente carcelario. Ambas ciudades dependían judicialmente de San Roque, pero no abonaban sus compromisos con la cárcel de la localidad. Desde el Ayuntamiento sanroqueño se pidió un comisionado de apremio para estas poblaciones.
El Consistorio se había manifestado inflexible con los impagos a la caja municipal. A tal efecto, anunciaba métodos coercitivos necesarios para que los deudores cumplieran con la hacienda municipal. Como primera medida decidió utilizar diez mil pesetas para atender a la Hijuela, pero este dinero, finalmente, fue destinado a otras necesidades.
El problema no pudo sustanciarse, y ya con el siguiente alcalde, Manuel Sánchez Benavente, en diciembre del mismo año, el Gobierno civil trasladó al municipio las quejas de las amas de la lactancia que no percibían sus honorarios. La Diputación Provincial decidió el traslado de esta institución benéfica a Algeciras, decisión contra la que luchó San Roque.
La medida fue dada a conocer por el delegado provincial Francisco González, durante un pleno municipal en el que intervino para anunciar la intervención de los ingresos municipales. Los concejales “aplaudieron” el celo que desplegaba el señor delegado, si bien le hicieron notar, que no se les podía hacer responsables de administraciones anteriores. En esa línea, pidieron que se suspendiesen las medidas anunciadas.
La Diputación no autorizó la petición municipal de obtener un préstamo del Pósito por diez mil pesetas con destino a la Hijuela, hasta junio de 1874. Todo ello, sin levantar la intervención de fondos que, en enero de ese año, se redujeron a las dos terceras partes. El centro desapareció, retornando a la ciudad en 1877.