Lunes, 27 de Junio de 2022
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Crisis entre poderes en la comarca: un juez cesa a dos alcaldes

  • Por supuestas faltas a la Constitución

    Calle San Felipe (San Roque). Segunda mitad del siglo XIX. Colección Wilson
    Calle San Felipe (San Roque). Segunda mitad del siglo XIX. Colección Wilson
    Historia

    La actualidad política española ha estado marcada en los últimos meses por las fricciones entre poderes constitucionales. La distinta interpretación de una sentencia contra un diputado de Podemos ha ocasionado una crisis entre el legislativo y el judicial. Pero, como veremos, no es asunto nuevo. Hace ahora doscientos años encontramos un caso desconocido en el Campo de Gibraltar.

    En tiempos del Trienio Constitucional, en agosto de 1821, el Juzgado de Primera Instancia de San Roque formó causa contra el alcalde primero constitucional, Juan de Sola y el cartulario José Tarrago. Ambos quedaron suspensos de funciones, en base a que el primero, según el juez, había infringido “una ley y un contenido de la Constitución en la formación de una sumaria contra el vecino Diego Docal y otros”.

    Por si fuera poco también se actuó contra el alcalde segundo Francisco del Valle, dando lugar a una grave crisis municipal. El Consistorio mostró el total apoyo a los munícipes apartados, alegando que el citado juez, “no cita ni la ley ni el artículo de la Constitución infringido”. A juicio de los regidores la iniciativa judicial parecía opuesta al propio texto constitucional, que no era otro que el aprobado en Cádiz en 1812.

    La vara presidencial fue a parar a Diego Baca, regidor decano, y como alcalde segundo se hizo cargo el edil Antonio Sánchez Villarroel. Éste -para colmo de males- no tardaría en crear problemas a la institución. El mencionado Villarroel fue denunciado por sus propios compañeros por haber agredido a palos al vecino Cayetano Pulpeiro, dando un pésimo ejemplo al vecindario.

    Siguiendo con los desafueros del alcalde segundo -que más bien parecía el primero-, ordenó la detención Miguel de la Peña, cura castrense de Puente Mayorga, que fue llevado a la cárcel a pesar de sus protestas. La detención del sacerdote originó un revuelo popular, pues contaba con la estima de los vecinos, principalmente por su labor en la Junta de Sanidad. Llegado a este punto el alcalde Baca ordenó la detención de su segundo.

    La crisis adquirió tintes de verdadero drama. Los liberales veían en la acción judicial la mano de ciertos magistrados contrarios al sistema constitucional, alimentados por los comportamientos de Sánchez Villarroel.

    La Corporación, o lo que quedaba de ella, se reunió de manera urgente, redactando un escrito que, con el mismo carácter, fue dirigido al jefe político del partido. Los regidores informaban tanto de los excesos del concejal como de las providencias dictadas por el juzgado.

    Tanto una cosa como la otra, señalaba el escrito, comprometía, “la tranquilidad pública sin que este Cuerpo Consistorial pueda dar determinaciones que sean capaces de contener estos desordenes”.





    Los reunidos, Diego Baca, como alcalde accidental; los regidores Antonio Pérez de la Calle, Antonio Orta y Vicente Niebla, así como síndico, José Pinilla solicitaron una intervención “enérgica”, que contuviese los abusos que venían produciéndose. Asimismo, recordaban que como consecuencia del cese de los alcaldes constitucionales, “se encuentra la vara primera en un individuo de una edad avanzada, que ni sabe leer, y la segunda ha recaído en Sánchez Villarroel, que acaba de cometer las infracciones explicadas”.

    A ello añadía que el Consistorio había quedado reducido en su número, “que no pueden desempeñar las muchas y vastas comisiones puestas a su cargo, tanto por las exenciones de las contribuciones como para atender a los asuntos de la salud pública”.

    Los ediles pedían la reposición de los dos alcaldes constitucionales, “nombrados por los electores o que éstos elijan otros, o que se tome cualquier otra determinación que sea capaz de contener los males de que se ve amenazado este vecindario”.

    Con poco margen de actuación, lo primero que hizo el accidentado Consistorio fue la de informar al director de la cárcel que el cura de Puente Mayorga era un defensor del régimen constitucional y que debía ser puesto en libertad.  

    Mientras que en el resto de ayuntamientos se vivía con preocupación la crisis constitucional de escala comarcal -no hay que olvidar que el partido judicial de San Roque era de los más importantes de la provincia-, el 13 de octubre se reunió el Ayuntamiento con el jefe político del partido, Antonio Salas. En la reunión, el regidor Juan Rodríguez Sotelo pidió formar una investigación para aclarar la conducta de Villarroel, que unos días después sería suspendido en su cargo.

    Traspasado el caso al territorio comarcal, el enfrentamiento no se cerró hasta el mes siguiente con la reposición en sus cargos de los alcaldes y del escribano Tarrago. El veterano regidor Baca respiró tranquilo. La crisis había quedado cerrada.

    La desconfianza, sin embargo, aumentó. Y ello se hizo patente hacia el Ejército, institución de la que se desconfiaba en buena medida por entender que una parte significativa de sus jefes comulgaban con el absolutismo.

    En este sentido, cuando el comandante de las Armas informó que tras aumentarse las fuerzas en el municipio, el destacamento de Guadiaro iba a utilizar la casa inmediata al cuartel de dicha tropa, el Consistorio le recordó que el inmueble pertenecía al vecino José Jacinto, y que no se podía desposeer la propiedad de ningún ciudadano.

    Del mismo modo, se pidió que el Batallón de Galicia abandonase el granero que ocupaba en lo que fue edificio del Hospicio de Franciscanos, así como que se proveyese de camas al cuartel, pues las tropas se alojaban en las casas particulares con el consiguiente trastorno a los vecinos.




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