Domingo, 24 de Enero de 2021
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Escalada en la frontera de Gibraltar con el cierre de la Aduana

  • Escalada en la frontera de Gibraltar con el cierre de la Aduana
    La Aduana de La Línea, edificio de la izquierda. Imagen de los años 30. FOTO NG
    Historia

    El cierre de la Aduana de La Línea supuso un nuevo elemento en la escalada del conflicto por la descolonización de Gibraltar. El 5 de octubre de 1966 el Boletín Oficial del Estado publicaba la orden del Ministerio de Hacienda por la que quedaba suprimida «la Aduana subalterna de La Línea». Del mismo modo establecía provisionalmente un punto habilitado dependiente de la de Algeciras.

    El día 25, bajo un amplio despliegue de periodistas españoles y extranjeros, se llevó a cabo el cierre. Una manifestación de protesta de vecinos de la colonia acompañó el momento histórico, prólogo de lo que habría de ser la clausura de la frontera unos años después.

    Desde días antes muchos gibraltareños hicieron acopio de alimentos en la vecina La Línea, mientras que las autoridades de la colonia negociaban la importación de productos de Marruecos.

    Por su parte, la Asociación de Comerciantes de Main Street (la calle Real) pidió el boicot a los artículos de origen hispano y que el gobierno no importase productos españoles.

    A la entrada en vigor de la medida quedó prohibido el despacho de artículos sometidos al pago aduanero, limitándose el Puesto de Control y Policía a autorizar el paso de personas, quedando excluido el de vehículos.

    La víspera de la clausura en Gibraltar se vieron banderas británicas en viviendas y taxis. A las nueve menos cuarto de la noche el gobernador británico Gerald Lathbury ofreció un mensaje de calma a la población a través de Radio Gibraltar, Televisión Gibraltar y el Servicio de Radio de las Fuerzas Militares. Lathbury aseguró la protección de Gran Bretaña, señalando que esperaba «a pesar de las dificultades y de las provocaciones no tengan ustedes demasiada amargura contra el pueblo de España. Estoy seguro que ustedes seguirán recordando esto en sus relaciones con los trabajadores españoles, muchos de los cuales han trabajado aquí hace mucho tiempo».





    El día 31 el secretario para las Colonias, Fred Lee viajó al Peñón, donde asistió a una tensa reunión del Gobierno local, donde prometió ayudas económicas por valor de 600.000 libras. Cantidad que no satisfizo a los responsables locales. Ernesto Russo, presidente de la Cámara de Comercio apostó porque la ciudad fuese autosuficiente y que el dinero prometido no ayudaba a ello. Cierto derrotismo comenzó a hacerse presente en la sociedad gibraltareña.

    Si bien, como ya quedó recogido, las restricciones en la verja habían comenzado con anterioridad, una cuestión pareció determinante en la acción del Gobierno español. El 12 de julio Londres declaró su soberanía sobre la denominada Zona Neutral en el istmo gibraltareño. La decisión unilateral sobre un territorio no cedido en el Tratado de Utrecht, contradecía los acuerdos de Naciones Unidas, y alteraba el estatus del propio derecho Internacional.

    Aunque se esperó una rectificación por parte del gobierno de Harold Wilson, las expectativas fueron defraudadas. En una nota entregada por la Embajada británica en Madrid el día 21 de noviembre, Reino Unido se negó a reconsiderar la declaración, alegando que España perdió la propiedad del istmo a mediados del siglo XIX. De paso, en la misma comunicación, negaba las acusaciones del Gobierno español sobre reiteradas violaciones del espacio aéreo.

    La diplomacia española, muy efectiva en los organismos internacionales, no se esperaba semejante órdago británico. El año anterior había neutralizado la cuestión de los pasaportes del Peñón, porque el asunto podía ser vetado con facilidad.

    En aquella ocasión, en un paso más en el enfrentamiento, el Gobierno de Gibraltar comenzó a expedir pasaportes. El 30 de marzo de 1965 el Foreign Office efectuó una protesta por la negativa española a aceptar los documentos. La nota fue contestada por el embajador en Londres, marqués de Santa Cruz, argumentando que el ejecutivo español no reconocía gobierno alguno en la colonia.

    Aunque las leyes británicas establecían la potestad de Gran Bretaña para delegar esa competencia en territorios bajo su dominio, ello no obligaba a su aceptación por el resto de países




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