El Gobierno ha decidido prohibir las veloces lanchas neumáticas que utilizan los narcotraficantes mediante un decreto por motivos de "urgencia", al comprobar que están siendo empleadas también para el tráfico ilícito de personas. "Se trata de poner fin de forma urgente a un problema", ha subrayado tras la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, para explicar que se apruebe un real decreto cuando se estaba elaborando un proyecto de ley.
Además, se creará, como se anunció en su momento, un registro de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, para determinar quién puede poseerlas y usarlas, pero "en sí mismas las narcolanchas se califican como género prohibido" en todo el territorio nacional, según Celaá, quien considera “necesario prohibirlas de forma urgente al constatar que esas embarcaciones, que suponen además un riesgo para la seguridad marítima, desde hace no mucho tiempo se están empleando para el tráfico de seres humanos desde Marruecos”.
El Consejo de Ministros había aprobado en julio un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirígidas de alta velocidad. Ese texto reformaba la ley orgánica de represión del contrabando y afectaba a lanchas de más de ocho metros de eslora y a las de longitud inferior que contaran con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, creando un registro para las lanchas autorizadas.
El pasado septiembre la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya alertó de que las bandas de narcotraficantes del Campo de Gibraltar podían haber diversificado su actividad hacia el tráfico de personas.
Esta medida, que sale adelante mediante un decreto ley, es ejecutada por el actual Gobierno pero fue una de las medidas que, contra la proliferación del narcotráfico y la violencia que genera dicha actividad en el Campo de Gibraltar, planteó el anterior ejecutivo del Partido Popular, por medio del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
