El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido el argumento del abogado general y, por tanto, que el Reino Unido puede frenar unilateralmente el proceso de salida de la Unión Europea siempre que sea antes del plazo límite del 29 de marzo de 2019.
La Corte europea ha hecho pública esta misma mañana su decisión en el Caso C-621/18, iniciado a partir de una consulta del más alto tribunal escocés, que el abogado general del Tribunal Europeo, Manuel Campos Sánchez-Bordona, avaló en un dictamen según el cual un miembro de la UE, que ha comunicado su “intención” y no su “decisión” de abandonar la organización, puede cambiar de opinión. Lo contrario podría implicar “la salida forzada” de la Unión de sus miembros, a criterio del abogado general y, ahora también, del Tribunal Europeo.
Esta sentencia es importante no sólo porque permite al Reino Unido dar marcha atrás en la intención comunicada por Theresa May a Bruselas, por escrito y con toda formalidad, el año pasado, sino porque llega en un momento en el que la sociedad y la clase política británica están absolutamente divididos respecto al Brexit, al plan propuesto por la primera ministro May y en vísperas de que mañana martes se vote en el Parlamento de Londres su aprobación o no.
De hecho, ante la más que probable posibilidad de que el Parlamento rechace el plan del Brexit de May (de hecho, recientemente ha perdido una votación en la que se le ha acusado de “desacato”), la primera ministro británica está dejando que se traslade a la opinión pública la idea de aplazar la votación parlamentaria, de manera que pueda negociar los apoyos necesarios que, al menos hasta ahora, no parece tener.
Parece que May puede enfrentarse a una derrota del todo humillante por más de cien votos de diferencia lo que desembocaría, de manera inevitable, en su caída del gobierno. Ese tiempo le permitiría, además renegociar con Bruselas un acuerdo mejorado desde el punto de vista británico, de manera que pasara el veto parlamentario.
Ahora, con la decisión del tribunal comunitario, existe otra salida para el abismo británico, la reversibilidad unilateral de su intención de salida europea, aunque parece poco probable que utilice ese recurso ya que es precisamente su propio partido conservador y parte de su gabinete quienes apoyan la salida. Además de que, en su día, el Gobierno de May se mostró contrario a cualquier fórmula de reversión e incluso pidió al Tribunal Europeo que no admitiera el caso a discusión.
La Justicia europea ha examinado el caso en apenas dos meses, en un procedimiento acelerado para asegurar su conclusión antes de que se consuma la salida automática de Reino Unido, el 29 de marzo de 2019.
