El escándalo de los tax rulings que afectaba a Gibraltar “era demasiado grande para negar la evidencia”, según la experta fiscalista europea Patricia Lampreave, y Bruselas optó “por reducir el círculo de todas las categorías de rulings”, de las 365 a una representación de 165 primero y, después, sólo a las de Holanda, “una solución pactada para no molestar demasiado a Reino Unido” antes del Brexit y que, en definitiva, ha beneficiado al Peñón.
Según la abogado, doctora en Derecho y experta en fiscalidad europea Patricia Lampreave, la Comisión Europea detectó ya en 2014 y después de evaluar sólo una representación de 165 tax ruling de las 365 inicialmente propuestas que “Gibraltar otorgaba tax rulings de una manera bastante laxa”.
“La práctica consistía en que Gibraltar otorgaba tax rulings a todas las empresas que lo solicitaban, muchas de ellas sin identificarse, actuando a través de fideicomisos y abogados que declaraban que la entidad a la que representaban no obtenía rentas en Gibraltar. Solo las rentas que se deriven de una actividad llevada a cabo en Gibraltar quedaban sujetas a una imposición del 10%, lo que teniendo en cuenta lo limitado de su territorio y dado la generosa interpretación de lo que se consideraba renta generada en Gibraltar, tenía como consecuencia que casi ninguna entidad tributase en ese territorio por considerarse renta exenta”.
“La inmensa mayoría de las empresas que obtenían tax rulings eran multinacionales norteamericanas, rusas, chinas o residentes en el norte de Europa”, explica la fiscalista, lo que significa que los beneficios gibraltareños afectan de forma directa a la economía de esos países y no sólo a los comunitarios. Además, según señala la experta, obtener esos beneficios “servía a esas empresas para poder alegar frente a otras autoridades fiscales que ellos tenían un tax ruling que reconocía la exención de dichas rentas en Gibraltar, no teniendo que tributar en ningún otro lugar por las citadas”.
Patricia Lampreave escribe en varios artículos publicados en la prensa económica española (Cinco Días, Expansión, etc.) que se ha hecho hincapié en que se recuperarán unos 100 millones de euros, pero que serán “recurridos por los abogados de las cinco empresas y se perderá en el entresijo de los tribunales de la UE”.
“Pese a que la nota de prensa de la Comisión diga que Gibraltar ha cambiado su normativa sobre precios de transferencia o práctica de tax rulings –escribe la fiscalista-- no se le ha condenado por su práctica de otorgar tax rulings desde la aprobación de su ITA 2010 y tampoco se ha entrado a valorar el resto de los 160 tax rulings analizados que corresponden a otras categorías de ayudas, lo que hubiera supuesto una recuperación de billones. Todo lo anterior tiene como consecuencia que la Comisión ha intentado salir de este embrollo por la puerta de atrás, Gibraltar ha salido ilesa de sus prácticas fiscalmente perniciosas, lo que hubiera supuesto un grave revés a su economía, y seguirá siendo lo que siempre ha sido y seguirá actuando como ha actuado siempre, pero ahora con total impunidad”.
Los tax rulings son acuerdos particulares entre gobiernos y empresas privadas, normalmente multinacionales, para reducir el pago de impuestos por beneficios. De esta manera, la actividad económica de una empresa en un determinado territorio acaba pagando impuestos en otro diferente, donde se beneficia de un tax ruling, perjudicando al primero.
