El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 21 de enero de 2019, aprobó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para el periodo 2019-2023. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 22 de febrero, hace hincapié en que es precisa “una visión integral que dé una respuesta global que involucre a todos los operadores públicos de seguridad, al estar difuminados los límites entre la seguridad exterior e interior de las naciones”.
Citándolo expresamente en dos ocasiones y varias más con definiciones que claramente lo aluden, la Estrategia nombra la zona del estrecho de Gibraltar cuando se refiere a la delincuencia organizada en torno al narcotráfico. Lo relevante no estriba en el número de veces que la geografía del Estrecho aparece citada, sino en el hecho de que es la única zona del territorio nacional que aparece nombrada expresamente.
El texto difundido, que sustituye al elaborado para 2011-2014, se estructura en torno a diez ejes de actuación: siete troncales y tres trasversales. Pretende ser un elemento de prevención “que sirva para reducir el impacto futuro de la amenaza, mediante la aplicación de políticas de seguridad pública anticipativas y disuasorias”. Incluye también aspectos de carácter asistencial y de sensibilización social, para mejorar el apoyo y protección a las víctimas.
Al analizar la dimensión de la amenaza que conforma la criminalidad organizada y grave en España, destaca la situación geoestratégica de nuestro país y los lazos culturales con los principales países productores de estupefacientes, y señala que el tráfico de cocaína y de hachís, junto al blanqueo de capitales derivado, son las actividades ilícitas predominantes de la criminalidad organizada en España. No obstante, “la eficacia en la lucha contra estas actividades ha convertido a España en el muro de contención de la entrada de drogas en la Unión Europea, causando el establecimiento de nuevas rutas en distintos países europeos”.
Sin embargo, en lo que se refiere al tráfico de hachís, avanza que “España continuará siendo el receptor principal de esta droga, mucha de ella en tránsito hacia otros países de Europa. Esta circunstancia hace necesario mantener e impulsar los planes específicos de lucha contra esta criminalidad establecidos en determinadas zonas (como el estrecho de Gibraltar y sus áreas de influencia), al ser la zona geográfica estratégica en la entrada de la mayor parte del hachís intervenido”.
No será esta la única vez que la Estrategia cite expresamente al estrecho de Gibraltar, aunque sin citarlo alude a esta zona geográfica en numerosas ocasiones. Como cuando afirma que “se advierte que determinadas actividades delictivas, por sus singulares características, provocan gran preocupación y alarma social y generan dudas sobre la eficacia de las Instituciones del Estado o, incluso, de su ordenamiento jurídico. Se hace necesario, por tanto, que sean tenidas en cuenta por su interés estratégico”.
En las líneas de acción a desarrollar para luchar contra el tráfico de estupefacientes, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave defiende una mejora en los mecanismos de la detección y control de las rutas procedentes de Latinoamérica y Caribe, así como del norte de África y Mediterráneo, siendo necesario más y mejor análisis de inteligencia para mejorar la detección de envíos y transportes sospechosos, especialmente contenedores, procedentes de zonas y rutas «calientes».
Además de favorecer las políticas públicas activas “de concienciación social sobre el aumento de la nocividad asociada al consumo de derivados del cannabis, en especial la marihuana”, propone establecer “planes específicos de actuación contra el crimen organizado (especialmente el vinculado al tráfico de drogas) en las áreas geográficas especialmente proclives a su implantación, actuación y arraigo”, para lo cual defiende actualizar y renovar “el establecido para el estrecho de Gibraltar y su zona de influencia”.
