Miércoles, 27 de Octubre de 2021
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Cuando la comarca estuvo a punto de perder el Archivo de Gibraltar

  • Cuando la comarca estuvo a punto de perder el Archivo de Gibraltar
    Calle Calzada Baja en 1932, Gibraltar al fondo. FOTO NG
    Historia

    Revuelo mayúsculo en el edificio de la Plaza de Armas. Aunque las ideas estaban muy claras entre los regidores, no se sabía hasta qué punto la autoridad superior podía imponer un criterio contrario. Corría octubre de 1920 y el alcalde Bernardo Souza fue tajante: “De aquí no sale nada”. Algunos concejales se miraron dudosos. ¿Se refería la primera autoridad de San Roque a que se impediría la salida de la documentación histórica pretendida, o estaba dando una orden para que no trascendiese comentario alguno hacia los vecinos, ajenos completamente al asunto?

    La Academia de la Historia y el Archivo Nacional se disputaban la obtención del Archivo de Gibraltar, trasladado por los refugiados gibraltareños fundadores de la ciudad. Incluso se habían hecho gestiones ante las autoridades provinciales, que habían coincidido en señalar que la decisión correspondía al municipio.

    Uno de los ediles propuso que la Guardia Municipal prestara vigilancia permanente en el Consistorio y que se estableciese un turno de regidores en el mismo.

    No estaba dispuesto el Ayuntamiento a desprenderse de una parte extraordinaria del patrimonio de la población, rescatada en muchas ocasiones con verdadero riesgo para los vecinos. Tampoco quería alertar al vecindario, pues se temía una reacción popular como la que se produciría años más tarde cuando se evitó el traslado a Madrid de la imagen gibraltareña del Nazareno.

    Esa determinación fue fundamental. A pesar de lo relevante de las instituciones peticionarias y de las presiones ejercidas, el Ayuntamiento dejó clara su postura: el Archivo de Gibraltar no saldría de San Roque y, por tanto, de la comarca del Campo de Gibraltar.

    En pleno debate, uno de los ediles, recordó el estado ruinoso de la Casa Consistorial, y la necesidad de acometer su restauración. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente cuando se acordó el traslado de las oficinas a la calle Vista Hermosa nº 1, y con ello la valiosísima documentación histórica, que tan celosamente era guardada entre sus muros.

    En junio del siguiente año se discutió la posibilidad de instalar provisionalmente el Consistorio en el Paseo de Luis Aldana, en Los Cañones, donde la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro tenía un edificio de su propiedad.



    CAMPAÑA ACEITES VEGETALES USADOS II- ARCGISA
    CAMPAÑA ACEITES VEGETALES USADOS II- ARCGISA


    El concejal Castilla Delgado se opuso a dicho traslado, mientras que su compañero Salas informó que la búsqueda de otro en mejor estado había resultado infructuosa. El 22 de septiembre se acordó el alquiler mensual con abono de 75 pesetas mensuales y la obligación municipal de encalar la fachada.

    La posibilidad del abandono definitivo de las Casas Consistoriales motivó un debate el 6 de octubre de ese año. Andrés Cano se mostró contrario a ello, abogando por la reparación necesaria a fin de que nuevamente pudieran ser ocupadas.

    El edil Joaquín Almagro compartió dicha opinión, añadiendo que se hiciesen gestiones con el vecino Manuel Rodríguez López, para obtener la compra del solar situado al lado del Ayuntamiento, al objeto de incorporarlo al mismo.

    Restaurado el edificio, la actividad municipal retornó a su lugar original, y con ello el Archivo Histórico de Gibraltar.

    Si las instituciones del Estado pretendían contar con el patrimonio documental del origen de tan singular comarca andaluza, igual interés -pensaban en la misma- debían poner los poderes públicos en mejorar al Campo de Gibraltar. Por ello, en 1922, el Consistorio se dirigió al diputado del distrito, José Luis de Torres, “con el fin de que gestione de los poderes públicos medidas encaminadas a resolver la grave crisis económica que atraviesa esta región”.

    De Torres no tardaría en comunicar que había defendido en el Congreso una proposición de ley para que el Gobierno estudiase el establecimiento de una zona franca en el Campo de Gibraltar –una aspiración manifestada por los ayuntamientos de La Línea y San Roque- y se dictasen medidas económicas encaminadas a la solución de la crisis económica que padecía la zona.

    Una necesidad que, si ya era patente en la exigua economía de los ayuntamientos, era especialmente dura para las asociaciones benéficas que atendían a las clases menesterosas. Así, el Ayuntamiento de San Roque comenzó a potenciar la Cruz Roja de la localidad, autorizando a la Junta de Damas de esta asociación, cuya presidenta era Carlota Montero de Abad, para que pudiese utilizar una sala en el Hospital de Caridad con destino a heridos y enfermos.




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