El GSD ha afirmado que en un futuro gobierno consideraría formas alternativas de garantizar la mejora del centro de la ciudad en distintos ámbitos. “Sería cuestión de estudiar todas las alternativas con el objetivo de reducir la carga económica que recae sobre las empresas, especialmente en estos momentos de dificultad”, ha afirmado el líder de la formación, Keith Azopardi.
El principal partido de la oposición ha recordado que tiene un historial de inversión en el centro de la ciudad con Main Street, Irish Town y Casemates. Proyectos de embellecimiento llevados a cabo por los gobiernos que ostentó esta formación. “Iniciativas que mejoraron enormemente el centro de la ciudad. Se necesitan 20 años de mejoras adicionales para garantizar que mantenemos nuestro producto turístico general de un modo atractivo”, ha añadido.
Asimismo, ha hecho referencia al proyecto Distrito de Mejoramiento Comercial (BID), que se concibió originalmente como un plan por el cual el gobierno se comprometía a igualar la financiación privada libra por libra. De hecho, eso era lo que señalaba el manifiesto GSLP/Liberals de 2019. En este sentido, ha manifestado que el Gobierno diluyó posteriormente su compromiso y en noviembre de 2020 confirmó una contribución de 250.000 libras en lugar de una que iguale el sector privado anual generado 400.000 libras.
“Está claro que los comerciantes parecen divididos sobre si este proyecto debería llevarse a cabo y las quejas parecen ser tanto procesales (en términos del modo de votación) como económicas. Algunos comerciantes también se quejan sobre su falta de conocimiento del impacto económico del régimen sobre ellos”, ha señalado el GSD, que ha afirmado que esto es una sorpresa porque cuando se presentó el Proyecto de Ley al Parlamento, el Gobierno indicó que el Esquema BID tuvo el apoyo de los comerciantes y también el apoyo de muchos empresarios en las calles laterales. aún más.
En este sentido, ha indicado que el número de las objeciones que ahora han surgido apuntan a lo contrario. La participación en la votación también es un problema. “Está claro en virtud de la ley BID que el Gobierno tiene el poder de supervisar la votación y si hubo fallos puede intervenir y corregir los problemas que existan”, ha apuntado Azopardi.
