La detención del General Riego, que tan triunfalmente había entrado en el Campo de Gibraltar reimplantando el sistema constitucional, cayó como un jarro de agua fría en la comarca. Riego fue condenado a la pena ordinaria de horca, «a la que será conducido por todas las calles de tránsito». La sentencia fue ejecutada el 7 de septiembre de 1823 en la plaza de la Cebada, en Madrid.
Nada más conocerse la noticia los nuevos regidores mandaron que repicaran las campanas. En San Roque, donde el liberalismo estaba muy asentado, se añadió el toque de trompeta ante las casas de los constitucionalistas que no habían logrado huir a Gibraltar o a la sierra. Asimismo, soltaron un toro de cuerda al que llamaron con el nombre de Riego. La fiesta se repitió tras conocerse la capitulación de Cádiz. Un grupo de liberales refugiados en las inmediaciones de La Línea logró pasar en barca hasta el Peñón, evitando el escarnio que ya se vivía en todo la comarca.
Al cumplirse el 1 de octubre el primer año de la puesta en libertad en Cádiz del Rey Fernando se organizaron fiestas en toda la comarca. No faltó la misa de acción de gracias, luminarias especiales y corridas de novillos.
La represión contra las ideas liberales continuó con mano firme, y en el mismo mes, la Comandancia General del Campo de Gibraltar hizo expulsar de San Roque a cincuenta y cinco familias consideradas afectas a la desaparecida Constitución. De igual forma fueron destinados a otros puntos aquellos militares retirados de ideas liberales que residían en la localidad. Había que apartar al importante núcleo de constitucionalistas sanroqueños, que ya operaban contra el monarca en contacto con los refugiados en el puerto de Gibraltar y en bahía.
Este movimiento se hizo patente al iniciarse agosto de 1824 cuando una expedición de liberales mandada por el coronel Valdés se hizo con Tarifa, albergando esperanzas en todo el territorio comarcano.
El asalto de realistas y franceses a la milenaria ciudad llevó a la derrota de los constitucionales. Se sucedieron los fusilamientos, la mayoría en Algeciras, hasta donde fueron llevados los prisioneros. Uno de ellos, el joven sanroqueño Onofre Oliver Mallorquín, sería desterrado a Sevilla, evitando la pena de muerte debido a su corta edad. Para evitar incursiones desde Gibraltar, la ciudad y el campo fue patrullada de manera constante.
Del mismo modo fueron suspendidos de empleo los militares que habían pertenecido a la Milicia Nacional, y se sucedieron los informes sobre la conducta de miembros del Ejército que estuvieron destinados en la comarca, al objeto de inculpar a los simpatizantes de la Constitución.
En el caso de San Roque, ciudad de continuada presencia militar, la Capitanía General de Andalucía solicitó al Consistorio información sobre el teniente coronel Pedro Sierra, perteneciente de Regimiento de Galicia, -existente en San Roque, al triunfar el régimen liberal en 1820-. En su respuesta, el Ayuntamiento indicaba que el citado militar, «dio muestras de su odio y oposición al llamado sistema constitucional, por cuya razón se hizo sospechoso a los compañeros que eran de opinión contraria». Añadía que esta circunstancia había precipitado su licencia. Con idénticos argumentos se refirió a los miembros del mismo regimiento, Pascual de la Calle y Ramón Pacheco. Sobre el segundo se destacaba que cuando un batallón de dicha fuerza se embarcó para Barcelona para defender la Constitución, Pacheco se negó a partir y se refugió en Gibraltar.
La represión en la ciudad más liberal de la comarca se tornó especialmente dura. Al año siguiente, las detenciones arbitrarias ordenadas por el coronel del Regimiento Provincial de Granada, de guarnición en San Roque, alarmó a los propios regidores absolutistas. Así, el síndico personero, Cristóbal Infante lo denunció en una de las sesiones municipales. El citado coronel había mandado encerrar en la cárcel a un numeroso grupo de paisanos y ordenado apalear a uno en la Plaza de Armas. El Ayuntamiento calificó de abusos y de exceso de autoridad las medidas ordenadas, y solicitó la puesta en libertad de «los paisanos que no resulten delincuentes».
Aunque en la comarca no se había formado oficialmente la Milicia Realista, a la altura de 1826, una orden de la Capitanía General de Andalucía, obligaba a formar partidas de paisanos para combatir al rebelde Alonso Corona, que había logrado formar un grupo con refugiados procedentes de Gibraltar y de la sierra.
La presencia francesa, que los pueblos de la comarca ya habían padecido durante la Guerra de la Independencia, era tolerada por los vecinos con verdadera indignación. La indiferencia fue la única expresión que pudo manifestarse ante la llegada de un oficial de Estado Mayor francés a una ciudad como San Roque, donde una parte de la población había sido expulsada por sus ideas políticas. Procedente de la guarnición de Cádiz, llegaba acompañado de su equipo para el reconocimiento militar de los caminos y la elaboración de planos del término.