La mal llamada “gripe española” dejó también su estela de sufrimiento y muerte en el Campo de Gibraltar. La pandemia, ahora recordada por los acontecimientos que atraviesa España y gran parte del mundo, dejó cerca de 50 millones de muertos, aunque las cifras barajadas han sido muchas. Su origen estuvo en Estados Unidos donde en marzo de 1918 se dio a conocer oficialmente, si bien ya se habían dado casos a lo largo del año anterior.
Fueron militares norteamericanos los portadores del virus que, con su participación en la I Guerra Mundial, trasladaron a Europa. A la neutralidad de España en la contienda y la ocultación de datos por parte de los países participantes en el conflicto bélico, se unió la puntual información ofrecida por la prensa española sobre los estragos que la enfermedad causaba. Con ello, se daban todos los ingredientes para que fuese bautizada como “gripe española”. Y con tal nombre pasaría a la historia.
Rápidamente la enfermedad provocada por el virus Influenza A se extendió por todo el mundo. En España se calcula que las muertes superaron las 300.000, aunque las cifras oficiales señalaban un número inferior.
En los meses de octubre y noviembre de 1918 los efectos del contagio alcanzaron los picos más altos en el Campo de Gibraltar. El Ayuntamiento de Algeciras comenzó a controlar a los viajeros que llegaban hasta la ciudad, recluyéndolos en el coso taurino, donde eran desinfectados. Las autoridades no controlaban la situación ni llegaban a las zonas más pobres del municipio, donde familias enteras se habían infectado.
El desconocimiento de medios eficaces contra el virus hizo recurrir a sistemas empleados para otras situaciones de calamidad, incluso remedios caseros.
En San Roque desde que se tuvo constancia de la epidemia, las autoridades locales, con su alcalde Juan Linares Negrotto, tomaron una serie de medidas como el cierre de escuelas. Fundamentalmente se incidió en la higiene pública y se aseguró el abastecimiento de leche y huevos, que constituía el principal alimento de los afectados.
A estas iniciativas se unió otro paquete propuesto por los concejales Andrés Cano de Sola y Antonio de Sola Monrabal. Las propuestas fueron aprobadas en el pleno municipal celebrado el 18 de octubre y consistían en el traslado fuera de la población de los cerdos que estuviesen en corrales y patios de viviendas, sin que se pudieran traer a la ciudad salvo para su sacrificio en el matadero; la imposición de condiciones de salubridad en retretes y cloacas, ordenándose a los propietarios de las fincas que practicasen las obras necesarias para evitar que las aguas sucias saliesen al exterior; limpieza del llamado Carril, carretera de acceso a la ciudad desde el cruce de El Toril; obligación de los dueños a la limpieza de solares; limpieza diaria a cargo de los vecinos durante las primeras horas de la mañana de las calles en sus respectivas fachadas, así como la colocación de la basura en el centro de las calzadas para su recogida por el empleado del servicio.
Igualmente, se ordenó una vigilancia especial sobre los locales destinados a cuadras, cocheras y establos que, además, habrían de ser desinfectados por sus propietarios. El estiércol no podía acumularse en dichos lugares, efectuándose su traslado a los vertederos públicos, salvo la recogida diaria para su transporte a las fincas donde estuviese destinado.
Por otro lado, se ordenó la desinfección de los vehículos de transporte de viajeros, comunicándose dicha medida a los propietarios de las empresas de carruajes de Pedro Montoya Molina, José Aguilera Ferrer, Claudio Javier y Esteban Gallego.
A los médicos de la ciudad -a los que se había unido de refuerzo mediante contrato municipal Francisco Revuelta Arroyo- se les ordenó que diariamente diesen cuenta a la Alcaldía de los enfermos aquejados de dolencias infecciosas o infecto-contagiosa, al objeto de llevar a cabo el aislamiento de los mismos. También se les mandaba la desinfección de las habitaciones y locales, y que informasen del destino que se hubiese de dar a las ropas y ajuar de cama de los fallecidos.
Pero no todos estaban dispuestos a colaborar y para ello esgrimían lo que consideraban sus razones. El Consistorio topó con un personaje muy conocido en la ciudad, el ex concejal Federico García Chápoli. Se le había ordenado desmontar la linde de tunas del Calvario, la finca de su propiedad situada en la población, que se había convertido en un basurero. El antiguo político mostró su desacuerdo, indicando que mayor peligro para la salud pública, suponía, “la acequia al descubierto que conduce los detritus y materias fecales de las madronas” que desembocaban en dicha finca.
Como tantas veces a lo largo de la historia, los municipios se disponían a enfrentarse a una nueva pandemia, y nuevamente se veían solos para afrontarla.