Al dictamen de autorización ambiental
Verdemar Ecologistas en Acción va a presentar alegaciones al dictamen de autorización ambiental integrada otorgada a la refinería Gibraltar-San Roque para el proyecto Fondo de Barril en San Roque.
Los ecologistas dicen ver “una incoherencia total en la UGT comarcal con sus compañeros de la capital de España. Mientras desde UGT- Madrid proclaman la descarbonización de la economía, aquí defienden la ampliación brutal del negocio petrolífero de Cepsa”.
Cepsa ya ejecutó las obras que implicaban desmontes, movimientos y gestión de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación del Fondo de Barril, recuerdan los ecologistas. “El conjunto de actuaciones descritas conculca el propio Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, además de las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats”.
Además, añaden que “a raíz de la denuncia de esta de Verdemar con fecha 9 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de San Roque efectúa las pertinentes inspecciones que terminaron en sanciones. Como reacción a la gravedad de los incumplimientos descritos, la empresa refinera ha iniciado los trámites tendentes a legalizar ambientalmente, a posteriori, todos los movimientos de tierra, su gestión y viales realizados en el Área CP2-PEI. Suelo Urbano No Consolidado, mediante la adición al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Es improcedente evaluar a posteriori las afecciones ambientales del citado. A los impactos reseñados, habría que sumar las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en toda el área”.
Para Verdemar, “Cepsa juega a aprendiz de brujo y se permite afirmar, en el seno del expediente de referencia, que con ocasión de los movimientos de tierras adicionales que sean precisos para la implantación del proyecto Fondo de Barril se respetarán, como se ha venido haciendo hasta el momento, las previsiones sobre protección del patrimonio histórico en relación con los vestigios arqueológicos que, en su caso, estén presentes en la zona”. Verdemar recuerda que tales movimientos de tierras adicionales ya se han llevado a cabo, y han motivado su suspensión cautelar.
Ampliar las instalaciones de la petroquímica Cepsa representa un “ataque a la línea de flotación de la Estrategia de la Comisión Europea presentada en 2016 y denominada “paquete de invierno”, “Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016) 860 final), que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 de un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990”.
No se entiende, añaden, “cómo un proyecto fosilífero anclado en el pasado puede compatibilizarse con esta Estrategia comunitaria. El PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España, tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050. Como enfatiza en su formulación: La ejecución de este Plan transformará el sistema energético hacia una mayor autosuficiencia energética sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y el eólico. Esta transformación incidirá de manera positiva en la seguridad energética nacional al disminuir de manera significativa la dependencia de unas importaciones de combustibles fósiles que suponen una elevada factura económica y que está sometida a factores geopolíticos y a una volatilidad elevada en los precios”.
Aunque los compromisos de reducción del PNIEC sean modestos, un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, es obvio que su estrategia “es incompatible con más carbonización de la industria, como el proyecto de Fondo de Barril de Cepsa representa. Y tampoco está en consonancia con los objetivos de reducción de emisiones contemplados en el PNIEC dentro del sector industrial de la combustión, 7 MtCO2-eq a lo largo de la década de 2020 a 2030. Tampoco asume el objetivo de generación eléctrica renovable en el año 2030 del 74% del total, coherente con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100 % renovable en 2050”.
Y también el proyecto de Cepsa “contradice el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica”.
Finalmente, consideran que “tampoco respeta la Estrategia de Transición Justa del Marco Estratégico de Energía y Clima, un instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo hacia la transición ecológica de la economía, y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición”.
La Transición Justa se aplicó inicialmente “a las cuencas mineras de carbón afectadas por el cierre, posteriormente a los municipios con sus centrales térmicas de carbón también afectadas. Es hora de que esta Transición Justa se aplique también en zonas y comarcas afectados por la irreversible descarbonización industrial, como es el caso de los complejos petroquímicos”.