Lunes, 21 de Mayo de 2018

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    Tanto Londres como Bruselas empiezan a pensar que, al final, podría no haber acuerdo de salida con la Unión Europea, lo que dejaría al Reino Unido ante uno de los peores escenarios previstos: un coste económico de hasta 450.000 millones de euros, un paro que podría aumentar hasta el 6,2% en dos años, caída de los salarios y del PIB. No extraña, por tanto, que ahora se plantee una demanda legal para que el gobierno británico desvele 57 informes de impacto económico que no se han dado a conocer.

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    El senador del PP José Ignacio Landaluce (PP) ha manifestado su apoyo a La Línea y la defensa del municipio ante las posibles repercusiones del Brexit: “Es una alegría que todos juntos nos pongamos a trabajar por y para La Línea porque, al final, será trabajar por y para el Campo de Gibraltar”.

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    El municipio de La Línea ha recibido el “apoyo firme” del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Cádiz por las consecuencias que se prevén tras la salida británica de la Unión Europea. El alcalde, Juan Franco, que asistió a la reunión celebrada en la misma localidad linense, ha anunciado que también acudirá a ver al Defensor del Pueblo español.

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    El alcalde de La Línea, Juan Franco, acudirá este próximo martes al Congreso de los diputados invitado por Podemos para explicar el impacto del Brexit en su municipio. También tiene previsto acudir, según le aconsejaba el informe de los profesores de la Universidad de Cádiz (UCA), a la Unión Europea. Estos movimientos del alcalde confirman su ruptura con la Mancomunidad de Municipios, ocurrida a raíz de la visita del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

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    Después de esta quinta ronda negociadora del Brexit, que dio comienzo en Bruselas ayer lunes, prácticamente nadie espera ya que pueda avanzarse hacia la segunda fase, la que establecería los acuerdos comerciales tras la salida británica, y el propio gobierno británico se prepara para un fracaso anunciado que dejaría todo en la indefinición, el peor de los escenarios para la economía.

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    El acuerdo de un “plan de acción” conjunto, aprobado en noviembre del año pasado en el Parlamento entre PP, PSOE, Ciudadanos y UPN, para establecer un “marco institucional consensuado” en la política de España hacia Gibraltar, no parece que se haya trasladado al Campo de Gibraltar, donde la convocatoria de una reunión, mañana martes, del Consejo Económico y Social ha vuelto a revelar las tensiones entre el Gobierno Central y el partido socialista, al menos en la comarca.

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    La diplomática española ante la ONU, Francisca Pedrós, ha relatado los “efectos nocivos de tener una colonia enclavada en nuestro país”, entre ellos un “régimen fiscal de excepción… que ha generado graves distorsiones en la economía de la zona” y, también, “los tráficos ilícitos a los que da origen, en particular el contrabando de tabaco, en manos ya de estructuras de crimen organizado” y que, según denuncia, ponen “en peligro la seguridad de las personas”.

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    El viceministro principal Joseph García, ante los aproximadamente veinte miembros del Consejo Gibraltareño-Americano, afirmó que el hecho de que Gibraltar siga siendo territorio británico es “la opción más favorable para Estados Unidos”. Aprovechó el encuentro, un día después a la comparecencia de Picardo ante el Comité de Descolonización de la ONU, para reivindicar que “los pueblos, por pequeños que sean, deben tener derecho a decidir sobre su propio futuro”.

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    24

    Directriz 24 (antes 22) del documento negociador de la Unión Europa con Reino Unido: “Después de que Reino Unido deje la UE, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido puede ser aplicado al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido”.