Domingo, 17 de Octubre de 2021
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Abusos en los comunicados de prensa

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    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro
    La actual disputa pública contra Marlene Hassan-Nahon, personalizada por el Ministro Principal del GSLP, Fabián Picardo, ha puesto de manifiesto el antiguo problema de la utilización, con fines políticos de partido, no sólo del dinero público (incluidos los sueldos de los funcionarios y los agentes de prensa), sino también de los comunicados de prensa del Gobierno. Este uso no está permitido. Es politizar el servicio público, lo cual es un pecado capital.

    Esos males han durado décadas, pero ahora están empeorando y lo hacen hasta el punto de que se puede argumentar que interfieren, cada vez más, con «la paz, el orden y el buen gobierno». No en vano, en la medida en que hay funcionarios implicados, esos pecados socavan la independencia y la objetividad de la Administración Pública y concretamente su principio fundamental: que debe actuar sin sesgo político.

    Además, la responsabilidad de evitar tales abusos recae en el jefe de la Administración Pública o en su defecto, en el Gobernador, en virtud de su responsabilidad constitucional de mantener la seguridad interna puesto que la independencia de la función pública/civil es fundamental para la seguridad interna y el buen gobierno.

    PRINCIPIO FUNDAMENTAL

    Es una cuestión fundamental que quienes están en la función pública y representan a cualquier gobierno ante la prensa, incluidos los medios de comunicación social, están obligados a hacer su trabajo con objetividad y sin sesgo político.

    Cualquier cosa, así como los discursos políticos de cualquier partido, no deben ser distribuidos a través de la maquinaria o vías oficiales, incluyendo los comunicados de prensa del gobierno y las redes sociales.

    Cualquier funcionario pagado con fondos públicos tiene una capacidad de actuación restringida. Debe abstenerse de difundir lo que es esencialmente propaganda partidista. Toda la publicidad partidista debe ser emitida y distribuida por el partido político correspondiente a su propio costo.

    Ahora parece que, cada vez con más frecuencia, el incumplimiento de esas normas básicas que rigen la administración pública es mucho más visible, todo lo contrario que su mantenimiento. Hasta tal punto, que nos vemos constantemente bombardeados por un comunicado de prensa tras otro, que también circulan por las redes sociales, y que son claramente partidistas aunque se emitan con el membrete del Gobierno.

    VALORES FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    Los valores fundamentales de la administración pública y las normas de comportamiento que se espera que los funcionarios mantengan para defender esos valores son bien conocidos en el Reino Unido.

    Citando la «Government Communication Service Propriety Guidance», estos son:

    «Integridad - poner las obligaciones del servicio público por encima de los intereses personales.

    Honradez - ser veraz y abierto.

    Objetividad - basar el asesoramiento y las decisiones en un análisis riguroso de las pruebas.

    Imparcialidad - actuar únicamente en función de los fundamentos de cada caso y servir por igual a los gobiernos de los distintos partidos políticos».

    Emitir comunicados de prensa de partidos políticos y otras comunicaciones con membrete o papel oficial del Gobierno vulnera esos valores.

    CRITERIOS PARA LAS COMUNICACIONES DEL GOBIERNO

    De nuevo, partiendo de la base de que no tiene sentido reinventar la rueda, los criterios básicos para las comunicaciones del gobierno, también en las redes sociales, como se explica en esa misma publicación, es que las comunicaciones deben:

    «Ser relevantes para las responsabilidades del gobierno.

    Ser objetivas y explicativas, no tendenciosas ni polémicas.





    No ser -o no ser susceptible de ser- tergiversadas como políticas de partido.

    Ser económicas y adecuadas.

    Ser capaces de justificar los costes como gastos de fondos públicos».

    Las comunicaciones gubernamentales financiadas con fondos públicos, ya sea directa o indirectamente, «no pueden utilizarse principal, o únicamente, para cumplir objetivos políticos partidistas».

    Claramente, en la reciente disputa con la Sra. Hassan-Nahon, el Sr. Picardo incumple varias de estas normas, a saber, sus destempladas reacciones públicas que son tendenciosas y polémicas, son partidistas, no son apropiadas y los costes no pueden justificarse con fondos públicos. Debería hacerse, si acaso, a nivel partidista, no en papel oficial del gobierno ni en comunicados de prensa.

    Este desacuerdo no es más que un ejemplo. No hace falta mucha memoria para recordar otros tantos ejemplos de este gobierno y de los anteriores, que comprometen a otros muchos y diversos temas. Los responsables de la administración pública/civil no deberían permitir que se produzca ninguna de estas politizaciones partidistas con el membrete/papel del gobierno.

    ¿CÓMO DEBEN ACTUAR LOS RESPONSABLES DE PRENSA?

    En primer lugar, los responsables de prensa del gobierno y los funcionarios públicos deben actuar con imparcialidad y neutralidad con todos los medios de comunicación, tratándolos con ecuanimidad.

    Para ello es fundamental que insistan en que todos los aspectos políticos sean tratados por el propio partido, a través de su propia organización.

    Además, no deben atacar las políticas y opiniones de los partidos y grupos de la oposición.

    Una vez más, es evidente y de dominio público que estos principios no se cumplen, o que los responsables de la administración pública/civil se resisten a cumplirlos.

    LA DEPENDENCIA DE LA PRENSA DE LOS FONDOS PÚBLICOS

    Toda la situación se agrava por la dependencia que la mayoría de los medios de comunicación tienen de los fondos públicos, y por lo tanto de cada gobierno, a medida que los diferentes partidos políticos están en el poder.

    Esa dependencia viene en forma de subvención directa o de publicidad gubernamental.

    El efecto nocivo que esto tiene sobre la democracia es fácil de ver. Puede llevar a pensar que acabamos con una prensa apologética, que no hace preguntas acertadas ni crítica pública, lo que da lugar a un electorado carente de información completa y relevante; con ello podría decirse que prolonga el mandato de muchos gobiernos en detrimento del bien común.

    SEPARACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO POLÍTICO

    En el modelo inglés de democracia es fundamental la necesidad de un servicio público y civil, independiente y libre, igual que la prensa. Una excepción en el Reino Unido son los Asesores Especiales cuyas actuaciones están amparadas por directrices específicas y claras.

    La forma en que la financiación de la prensa se produce a nivel local también sirve para iluminar lo que es un problema más amplio. Se trata de que la independencia y la separación del servicio público/civil y otras plataformas democráticas necesarias, pueden verse comprometidas y por lo tanto, quedarse cortas. Además, es una carencia que se incrementa con el paso de los años, por lo que no hace más que agravar esa desafortunada y peligrosa situación y los peligros que todo ello conlleva.

    En consecuencia, la falta de separación de la función pública/civil de la política es algo que hay que abordar de frente, pero que tardará mucho tiempo en corregirse: alguien tiene que empezar a hacerlo pronto. La falta de independencia puede llegar, como ya se ha dicho, al núcleo de la «paz, el orden y el buen gobierno», que es una obligación constitucional que deben mantener todos los cargos públicos, y un derecho que todo sujeto está legitimado a esperar y a beneficiarse de él.

    Lamentable y preocupantemente, no hay indicios de que nadie en el gobierno o en la administración pública se ocupe de ese grave problema, o del abuso. En consecuencia. el efecto perjudicial para la democracia simplemente crecerá, hasta que quede poco de ella.

    También hay una marcada falta de pruebas que permitan determinar objetivamente si quienes tienen la responsabilidad constitucional última de Gibraltar tienen algún interés en corregir ese abuso palpable.




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