Asalto al Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente su preceptiva renovación desde diciembre de 2018. Han sido varios , los regateos políticos para sustituir a los 20 vocales -aparte de su presidente-, para lo cual se requiere el apoyo de al menos dos tercios de ambas cámaras.

Esto conlleva el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios del Parlamento, PSOE y PP. Temerarios cómplices desde hace décadas, y con líos judiciales para regalar, del sojuzgamiento del poder judicial a los partidos políticos.

Su Sanchidad dejó claro su muy personal concepto de la justicia, cuando explicaba sin ambages, de quien depende la fiscalía. La falta de recato se manifiesta una vez más en decisiones como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de ascender a la máxima categoría de la Carrera Fiscal a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, quien a su vez fue ministra de Justicia del primer Gobierno de nuestro Gran Timonel. Por no hablar de la pareja de la Sra. Delgado y de su habilidad para manejarse entre bambalinas.

El desbarajuste resulta tan histriónico, que hasta la Comisión Europea se ha visto obligada a tomar cartas en este embarazoso asunto. Todavía desconocemos el resultado de la reciente visita a España de su responsable de justicia, pero este bloqueo político a la renovación del CGPJ resulta insostenible, máxime con la dimisión de su presidente.

El CGPJ no sólo hace nombramientos de magistrados en altos cargos de órganos judiciales, sino que también se encarga de conceder bajas laborales a los jueces, de la inspección de juzgados y tribunales o de la formación y selección de jueces. Un órgano que pierde a su presidente electo y tiene sus funciones muy mermadas puede perder parte de su legitimidad. Ya es todo tan esperpéntico, que, hasta la ministra de justicia, manifestó que, si no se renuevan, pues que no cobren…

No se cumple el principio esencial de la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los sucesivos gobiernos que se reparten el poder eligen a los miembros de su ejecutivo, a los miembros del legislativo, a los que, posteriormente de ser nombrados diputados, atenazan con la inmisericorde disciplina de voto, con lo que desaparece la escasa apariencia que existía de representación popular.

Estos a su vez, y de una forma cada día más descarada designan a los miembros del Consejo del Poder Judicial quienes a su vez nombran a los puestos clave de los distintos tribunales. Todo este embrollo, del que la sociedad civil es cómplice con su silencio, conlleva una disolución de la necesaria estanqueidad y separación de los poderes del estado.

No tengo gran confianza en las instituciones europeas, pero a lo mejor suena la flauta. Sería suficiente con una reforma que desbloquease definitivamente la elección de la cúpula judicial.

Al igual que en el caso de los ERE, una vez más los partidos políticos de siempre se apoderan de ingentes cantidades de dinero, para perpetuarse en el poder, para beneficiar a sus viciadas estructuras, para conservar y engrandecer su poder político.

Es indudable que lo de Griñan es de mucho mayor calado que lo de Bárcenas, pero puestos a realizar comparaciones, me resulta brutal lo de iluminados golpistas como Puigdemont y sus secuaces que tanto degradan a Cataluña.

Al final, siempre es lo mismo, se trata de obtener ventajas y beneficios para tener la potestad de legislar y a partir de ahí, direccionar medios de comunicación, instituciones y dejar al sistema, al estado, a la nación, como el coto de caza del partido.