Consenso

La tramitación en el Congreso para aprobar la llamada Ley Trans, reguladora de los derechos de las personas que optan por un cambio de sexo y las LGTBI, ha reavivado las llamas de un debate transversal que ha generado desavenencias a varias bandas.

Dentro del Gobierno de coalición, con los socialistas anunciando enmiendas a la norma aunque con el compromiso de no tocar su núcleo, la libre determinación registral de género; entre las fuerzas del Ejecutivo y las de la oposición; en el propio seno, también, del PSOE y de Unidas Podemos; y entre las mujeres que hacen bandera del feminismo.

En definitiva, enmiendas por todos los lados que aunque nos digan que no se toca el núcleo, es necesario que se trabaje lo suficientemente bien por todos para que tenga toda la seguridad posibe..

Nadie puede oponerse al reconocimiento de los derechos de gays y transexuales, víctimas de una histórica e inaceptable represión y marginación.

Tampoco se puede negar el riesgo que representan los rebrotes que están apareciendo de intolerancia y odio contra esos colectivos para la convivencia de todos.

Pero ello no exime al legislador de procurar una Ley lo más segura jurídicamente y con el mayor consenso posible. En especial, sobre todo, cuando, precisamente, lo que están en juego son nada más y nada menos que derechos cívicos.

Y cuando aspectos como el modo en que está concebida la autodeterminación de género en la infancia y la adolescencia suscita dudas más que razonables sobre la irreversibilidad de una decisión tan sensible.

Así que es absolutamente necesario que exista un máximo consenso antes de que una aprobación definitiva de la misma pueda conllevar dudas que en absoluta beneficiarían a esta Ley.