¿Consultores de dinero fácil?
Por Robert Vasquez
Abogado y periodista gibraltareño
En Gibraltar, los gobiernos han desarrollado una cultura de contratación de consultores. Estos compromisos tienden a ser o bien sin previo aviso o mantenidos en silencio en general más allá de ciertos círculos. A menudo, los contratados son exfuncionarios públicos, que reciben grandes gratificaciones y pensiones de jubilación, o empresarios con ingresos privados. Estos ingresos se complementan con el pago de saludables honorarios de consultoría.
Recientemente esta práctica se ejemplifica con comentarios en las redes sociales sobre el superintendente de policía retirado, convertido en el periodista Leo Olivero. Se ha alegado en las redes sociales que el Sr. Olivero recibía 4.000 libras al mes (48.000 libras al año) hasta hace muy poco. Esta era una cuota que le pagaba el Gobierno de Gibraltar con dinero público que pertenecía a todos y cada uno de nosotros.
También es bien sabido que el Sr. Olivero tenía una columna regular en el periódico Panorama, que en general se consideraba que apoyaba al actual Gobierno de la Alianza GSLP-Liberal. Se ha sugerido en las redes sociales que el Sr. Olivero se volvió en contra del Gobierno después de que su consultoría hubiera terminado. También es notable que ya no escribe su columna en este periódico.
El Sr. Olivero ha admitido recibir estos pagos de dinero público. Ha confirmado que estos pagos se le hacían en calidad de consultor del Gobierno en todas las cuestiones relacionadas con el grave problema de las drogas en Gibraltar. Sugiere que "... terminó desempeñando el papel no oficial de 'Ministro de Drogas'": sin haber sido elegido. Admite haber sido Jefe de Servicios de Drogas además de su papel original como Consultor de Drogas (¿dónde están esos papeles creados por ley fuera de la Administración Pública, en qué consisten, qué deberes tenía y dónde se definen públicamente?).
Intenta justificar su nombramiento como consultor del Gobierno argumentando que "... esto se registra en los correos electrónicos y mensajes de texto oficiales" y que fue "... rentable asumir tres funciones principales dentro de la estructura de los servicios de drogas del Gobierno con un mínimo de gestión superior o apoyo gubernamental... todo esto está registrado". Puede ser que estos pagos fueran aceptables a sus ojos, pero nada de lo que dice justifica que los pagos se hayan hecho con fondos públicos que nos pertenecen a todos, esté o no registrado todo esto. Por ejemplo, ¿cuántas horas a la semana se le exigía contractualmente para ganar una cuota tan grande? ¿Qué otros términos se incluyeron en su contrato de compromiso? Los principios fundamentales del periodismo son la veracidad, la exactitud, la objetividad, la imparcialidad, la justicia y la responsabilidad pública, ninguno de los cuales impide que se revelen las afiliaciones políticas u otras lealtades financieras o de otro tipo. ¿Cómo puede el Sr. Olivero apoyar el haber mantenido estos principios fundamentales, mientras había un pago no publicado por el Gobierno de la Alianza GSLP-Liberal? ¿Especialmente cuando, después de dejar de recibir pagos, está siendo criticado en las redes sociales por haberse convertido, dentro del grupo ‘Open Your Eyes’, en un crítico de ese mismo Gobierno? En un panorama más amplio, en cualquier democracia la necesidad de objetividad, justicia e imparcialidad en la administración pública es también central. Una vez más, ¿cómo podemos estar satisfechos de que esto se mantenga en Gibraltar con tantos nombramientos de consultoría del gobierno sin publicidad. Nombramientos que se hacen como nombramientos políticos a costa del erario público y, aparentemente, sin autoridad en la ley o cualquier orientación sobre cómo deben hacerse de forma abierta y transparente, o cualquier código de conducta. Es un lamentable estado de cosas, pero seguimos llamándonos una democracia.
Intenta justificar su nombramiento como consultor del Gobierno argumentando que "... esto se registra en los correos electrónicos y mensajes de texto oficiales" y que fue "... rentable asumir tres funciones principales dentro de la estructura de los servicios de drogas del Gobierno con un mínimo de gestión superior o apoyo gubernamental... todo esto está registrado". Puede ser que estos pagos fueran aceptables a sus ojos, pero nada de lo que dice justifica que los pagos se hayan hecho con fondos públicos que nos pertenecen a todos, esté o no registrado todo esto. Por ejemplo, ¿cuántas horas a la semana se le exigía contractualmente para ganar una cuota tan grande? ¿Qué otros términos se incluyeron en su contrato de compromiso? Los principios fundamentales del periodismo son la veracidad, la exactitud, la objetividad, la imparcialidad, la justicia y la responsabilidad pública, ninguno de los cuales impide que se revelen las afiliaciones políticas u otras lealtades financieras o de otro tipo. ¿Cómo puede el Sr. Olivero apoyar el haber mantenido estos principios fundamentales, mientras había un pago no publicado por el Gobierno de la Alianza GSLP-Liberal? ¿Especialmente cuando, después de dejar de recibir pagos, está siendo criticado en las redes sociales por haberse convertido, dentro del grupo ‘Open Your Eyes’, en un crítico de ese mismo Gobierno? En un panorama más amplio, en cualquier democracia la necesidad de objetividad, justicia e imparcialidad en la administración pública es también central. Una vez más, ¿cómo podemos estar satisfechos de que esto se mantenga en Gibraltar con tantos nombramientos de consultoría del gobierno sin publicidad. Nombramientos que se hacen como nombramientos políticos a costa del erario público y, aparentemente, sin autoridad en la ley o cualquier orientación sobre cómo deben hacerse de forma abierta y transparente, o cualquier código de conducta. Es un lamentable estado de cosas, pero seguimos llamándonos una democracia.