Lunes, 26 de Octubre de 2020
Twitter
Facebook
Youtube

Investigaciones de corrupción y la RGP

  • Imagen de Robert Vasquez
    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro
    A la luz de los compromisos del Manifiesto Electoral GSLP/Liberal de 2011 y 2015 sobre el soborno y la corrupción, es interesante considerar cómo el riesgo y la percepción de la corrupción influyen en la capacidad de la Policía Real de Gibraltar (RGP) para investigar y procurar que el Fiscal General persiga el soborno y la corrupción. Este asunto ocupó un lugar destacado en el informe (Informe sobre la RGP) de la inspección de 2020 de la Policía Real de Gibraltar por parte de la Inspección de Policía y los Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad (véase el artículo inmediatamente anterior aquí).

    Una pregunta secundaria es si la RGP está realmente haciendo algo al respecto.

    Recordemos las promesas electorales del GSLP/Liberal.

    En 2011 el Manifiesto GSLP/Liberal prometió una Autoridad Anticorrupción. Dijeron, «estableceremos una Autoridad independiente Anticorrupción y Anti-soborno. Esta tendrá los recursos adecuados y trabajará con el Fiscal General y los funcionarios de la RGP en la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción. La Autoridad tendrá jurisdicción para investigar las denuncias a partir de 1988».

    No pasó nada, no se estableció tal Autoridad. Luego vino el «giro» y la excusa en el Manifiesto GSLP/Liberal de 2015. «En nuestro último manifiesto nos comprometimos a establecer una Autoridad Anticorrupción y Anti-soborno independiente con jurisdicción para investigar las denuncias a partir de 1988. Después de las negociaciones con la RGP y atendiendo a su recomendación, el Gobierno acordó con la RGP que la propia RGP llevaría a cabo el papel de la autoridad anticorrupción que el Gobierno pretendía crear».





    En una nota decían: «Como resultado de esas negociaciones y acuerdos, el Gobierno está satisfecho con la RGP que tiene la experiencia y los recursos necesarios y puede trabajar con las oficinas del Fiscal General en la investigación y el enjuiciamiento de todas las acusaciones de corrupción que se remontan tiempo atrás lo que pueda ser necesario».

    La realidad es que durante los últimos nueve largos años, hemos oído hablar de pocos, si es que hay alguno, enjuiciamientos por soborno o corrupción. Hemos oído poco o nada sobre investigaciones reales o problemas que se están considerando para la investigación de estos delitos.

    Hay otra realidad, a saber, que el soborno y la corrupción es otro delito subrepticio especial, como otros para los que existen órganos especiales dentro de la RGP, que cuenta con ayuda de órganos ajenos a la RGP, por ejemplo, la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar que cubre una amplia gama de delitos financieros.

    Ambas promesas del Manifiesto GSLP/Liberal se refieren a la investigación de las denuncias. Sí, puede haber denuncias que lleven a investigaciones, pero, la mayoría de las veces, este delito necesita una perspectiva positiva y proactiva. Tal proactividad sólo se logrará a través de un grupo dedicado a ello y especializado.

    Esta cuestión será reconsiderada por todos los partidos políticos representados en el Parlamento, principalmente por el Gobierno GSLP/Liberal. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar al público que se impide cualquier riesgo o percepción de corrupción. Esto no sucederá a menos que se establezca un organismo especial para perseguir activamente el soborno y la corrupción, el abuso de los cargos públicos y el amiguismo («enchufaos»). Esto no sucederá a menos que se promulguen leyes específicas que definan lo que está bien y lo que está mal, que se ocupen de la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos.

    El Informe sobre la RGP añade al caso que el soborno y la corrupción deben ser abordados por un organismo especial que actúe bajo leyes especiales. Es un hecho que la RGP y el Fiscal General tendrán papeles que desempeñar. Lo que no es correcto es el cambio de opinión de los GSLP/Liberales desde su posición de 2011 a la de 2015, en el contexto, primero, del Informe sobre la RGP y, segundo, a la luz de la realidad de que durante nueve años ha habido poca o ninguna acción o medidas adoptadas para reducir cualquier riesgo o percepción de corrupción en el ámbito público en general. 




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas