La RGP admite requisitos previos para las pruebas de alcoholemia
Por Robert Vasquez
Abogado y periodista gibraltareño
Vehículo de la RGP ante el ayuntamiento de Gibraltar. Foto NG
*La RGP admite que no se puede exigir de forma aleatoria una prueba de alcoholemia
*La RGP está facultada para detener vehículos sin motivo por cuestiones de tráfico
*La RGP confirma que se necesita una «sospecha razonable» salvo en dos circunstancias específicas
*Las estadísticas (un detenido de cada 100 analizados) implican que la prueba se hizo al azar y que la ley no se cumple estrictamente
*La ley no permite las pruebas de alcoholemia aleatorias
*La «razonabilidad» debe guiar el uso de los controles de carretera para hacer pruebas de alcoholemia
*Los policías de la RGP son los guardianes del «Estado de Derecho» ya que los tribunales son lentos y caros
*La referencia del Ministro Principal a la acción judicial es inútil
*La aclaración de la RGP sobre la ley de detención de vehículos es útil y constructiva
NO HAY CONTROLES ALEATORIOS PERO SÍ POTESTAD PARA PARAR
La Royal Gibraltar Police [RGP] ha admitido que no tiene potestad para exigir una prueba de alcoholemia de forma aleatoria. También ha aclarado la base de su potestad legal para detener un vehículo en una carretera, que se establece en la Ley de Tráfico por Carretera [Ley].
La aclaración sobre la potestad de detener vehículos responde a una pregunta planteada en el blog del 10 de diciembre de 2022 [puede leerse aquí]. En ella se pedía que «la RGP aclare qué potestad legal está tratando de ejercer en ese procedimiento haciendo pruebas de alcoholemia».
Sin embargo, la potestad de parar por sí misma no otorga a la RGP la autoridad para hacer una prueba de alcoholemia a cualquier conductor, elegido aleatoriamente
«SOSPECHA RAZONABLE»
La RGP dice que una de las circunstancias previstas en la Ley en las que un agente de policía puede hacer una prueba de alcoholemia a un conductor es «cuando un agente de policía sospecha razonablemente que el conductor está conduciendo, está intentando conducir o está al mando de un vehículo de motor en una carretera u otro lugar público y tiene alcohol o una droga en su cuerpo o está bajo la influencia de una droga».
El blog antes citado hace un resumen similar de la ley pertinente. Lo hace en términos de que se puede hacer una prueba de alcoholemia cuando «un agente de policía sospeche razonablemente que un conductor ha consumido alcohol o drogas y está conduciendo o intentando conducir en una carretera u otro lugar público o si un conductor ha cometido una infracción de tráfico o se ha producido un accidente».
En caso de infracción de tráfico o accidente, se aplican consideraciones diferentes.
LA RGP ADMITE ESA NECESIDAD
De hecho, en su declaración pública sobre la cuestión, la RGP ha confirmado la necesidad de una «sospecha razonable». Admite que la ley «no significa automáticamente que un agente vaya a realizar una prueba preliminar de alcoholemia. Un agente sólo lo hará si tiene motivos razonables para creer que el conductor conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas». Las estadísticas publicadas no apoyan que se haya aplicado la prueba necesaria como explica la RGP. Si se está aplicando, las cifras publicadas, en el mejor de los casos, indican un cuestionable nivel de error de apreciación por parte de la RGP a la hora de hacer las pruebas de alcoholemia. LAS ESTADÍSTICAS INDICAN QUE LA PRUEBA PUEDE NO APLICARSE CORRECTAMENTE El requisito central para hacer una prueba de alcoholemia, si no se ha producido ninguna infracción de tráfico o accidente, es la necesidad de una «sospecha razonable». Es esa necesidad la que las estadísticas indican que puede no estar siendo estrictamente cumplida por la RGP. Si se ha producido una infracción de tráfico o accidente, se aplican diferentes consideraciones que otorgan a la RGP poderes para administrar hacer una prueba de alcoholemia. Las estadísticas publicadas son que, de 100 conductores parados y sometidos a pruebas de alcoholemia la semana pasada, más o menos, sólo uno ha fallado la prueba. El blog citado dice: «Eso también indica que la RGP también se está extralimitando con la autoridad que se le ha otorgado». Es ese aparente exceso de autoridad lo que el blog subraya haciendo referencia a las estadísticas hechas públicas, y que no se explica por la RGP. LA LEY NO PERMITE LOS CONTROLES ALEATORIOS El blog dice simplemente, y con razón, que «No hay ninguna disposición en la ley que permita a la RGP realizar controles de alcoholemia aleatorios, que es lo que parece ser la campaña que están llevando a cabo ahora.» La RGP ahora aclara la potestad legal que está utilizando para hacer controles en carretera y detener vehículos, tal y como se pedía en el blog, lo cual se agradece. Lo que no explica, como también se pedía, es cómo se producen las estadísticas que se han hecho públicas y que se citan más arriba, si los controles se están realizando dentro de la legalidad. La RGP no hace ninguna referencia a esas estadísticas en su pronunciamiento público. LA «RAZONABILIDAD» ES LA CLAVE La «razonabilidad» debería guiar a la RGP cuando establezca un control de carretera completo con el objetivo principal de detener vehículos y controlar la conducción bajo los efectos del alcohol, como admite que está haciendo. A partir de entonces, y sin duda, la RGP debe ejercer la autoridad de realizar pruebas dentro de la legalidad. Sobre todo, cuando la RGP admite que los controles se llevan a cabo porque es el período previo a la Navidad. Es una consideración que sin duda debe referirse a la percepción de una mayor probabilidad de conductores ebrios en la carretera. Esto por sí solo subraya la necesidad de ejercer esa autoridad de forma razonable. ESTADO DE DERECHO El derecho a solicitar la decisión de un tribunal es un ejercicio largo y enormemente caro que no está al alcance de la mayoría de las víctimas. El Ministro Principal lo sabe, por lo que no es útil su referencia online a los asuntos relacionados con el uso de alcoholímetros, por parte de la RGP, según decisión de un tribunal. El principio básico inglés del «Estado de Derecho» debe guiar la aplicación por parte de la RGP de sus competencias. La RGP es una de las principales autoridades que debe aplicar el «Estado de Derecho». La RGP es uno de los principales guardianes del «Estado de Derecho». Si la RGP ejerce su autoridad para detener un vehículo en virtud de las leyes de tráfico, debe utilizar el juicio adecuado antes de hacer una prueba de alcoholemia. Su deber en una democracia es actuar con justicia y no debe causar injusticias ni sufrimiento a los ciudadanos con sus excesos. LA CLARIFICACIÓN DE LA LEY ES ÚTIL La situación jurídica es mucho más clara gracias a la aclaración por parte de la RGP de su potestad legal para detener vehículos por cuestiones relacionadas con el tráfico en reacción al blog antes citado. Es útil para todos. La RGP puede detener cualquier vehículo en una carretera sin motivo, pero sólo con fines de aplicación de la ley de tráfico. Sin embargo, la RGP no puede hacer una prueba de alcoholemia de forma automática. Primero debe tener sospechas razonables sobre las cuestiones exigidas por la ley o si se ha producido una infracción de tráfico o un accidente. Esperemos que, tras el reciente debate público, por parte de la RGP se aplique la ley razonablemente en estos frentes, en vísperas de Navidad.
De hecho, en su declaración pública sobre la cuestión, la RGP ha confirmado la necesidad de una «sospecha razonable». Admite que la ley «no significa automáticamente que un agente vaya a realizar una prueba preliminar de alcoholemia. Un agente sólo lo hará si tiene motivos razonables para creer que el conductor conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas». Las estadísticas publicadas no apoyan que se haya aplicado la prueba necesaria como explica la RGP. Si se está aplicando, las cifras publicadas, en el mejor de los casos, indican un cuestionable nivel de error de apreciación por parte de la RGP a la hora de hacer las pruebas de alcoholemia. LAS ESTADÍSTICAS INDICAN QUE LA PRUEBA PUEDE NO APLICARSE CORRECTAMENTE El requisito central para hacer una prueba de alcoholemia, si no se ha producido ninguna infracción de tráfico o accidente, es la necesidad de una «sospecha razonable». Es esa necesidad la que las estadísticas indican que puede no estar siendo estrictamente cumplida por la RGP. Si se ha producido una infracción de tráfico o accidente, se aplican diferentes consideraciones que otorgan a la RGP poderes para administrar hacer una prueba de alcoholemia. Las estadísticas publicadas son que, de 100 conductores parados y sometidos a pruebas de alcoholemia la semana pasada, más o menos, sólo uno ha fallado la prueba. El blog citado dice: «Eso también indica que la RGP también se está extralimitando con la autoridad que se le ha otorgado». Es ese aparente exceso de autoridad lo que el blog subraya haciendo referencia a las estadísticas hechas públicas, y que no se explica por la RGP. LA LEY NO PERMITE LOS CONTROLES ALEATORIOS El blog dice simplemente, y con razón, que «No hay ninguna disposición en la ley que permita a la RGP realizar controles de alcoholemia aleatorios, que es lo que parece ser la campaña que están llevando a cabo ahora.» La RGP ahora aclara la potestad legal que está utilizando para hacer controles en carretera y detener vehículos, tal y como se pedía en el blog, lo cual se agradece. Lo que no explica, como también se pedía, es cómo se producen las estadísticas que se han hecho públicas y que se citan más arriba, si los controles se están realizando dentro de la legalidad. La RGP no hace ninguna referencia a esas estadísticas en su pronunciamiento público. LA «RAZONABILIDAD» ES LA CLAVE La «razonabilidad» debería guiar a la RGP cuando establezca un control de carretera completo con el objetivo principal de detener vehículos y controlar la conducción bajo los efectos del alcohol, como admite que está haciendo. A partir de entonces, y sin duda, la RGP debe ejercer la autoridad de realizar pruebas dentro de la legalidad. Sobre todo, cuando la RGP admite que los controles se llevan a cabo porque es el período previo a la Navidad. Es una consideración que sin duda debe referirse a la percepción de una mayor probabilidad de conductores ebrios en la carretera. Esto por sí solo subraya la necesidad de ejercer esa autoridad de forma razonable. ESTADO DE DERECHO El derecho a solicitar la decisión de un tribunal es un ejercicio largo y enormemente caro que no está al alcance de la mayoría de las víctimas. El Ministro Principal lo sabe, por lo que no es útil su referencia online a los asuntos relacionados con el uso de alcoholímetros, por parte de la RGP, según decisión de un tribunal. El principio básico inglés del «Estado de Derecho» debe guiar la aplicación por parte de la RGP de sus competencias. La RGP es una de las principales autoridades que debe aplicar el «Estado de Derecho». La RGP es uno de los principales guardianes del «Estado de Derecho». Si la RGP ejerce su autoridad para detener un vehículo en virtud de las leyes de tráfico, debe utilizar el juicio adecuado antes de hacer una prueba de alcoholemia. Su deber en una democracia es actuar con justicia y no debe causar injusticias ni sufrimiento a los ciudadanos con sus excesos. LA CLARIFICACIÓN DE LA LEY ES ÚTIL La situación jurídica es mucho más clara gracias a la aclaración por parte de la RGP de su potestad legal para detener vehículos por cuestiones relacionadas con el tráfico en reacción al blog antes citado. Es útil para todos. La RGP puede detener cualquier vehículo en una carretera sin motivo, pero sólo con fines de aplicación de la ley de tráfico. Sin embargo, la RGP no puede hacer una prueba de alcoholemia de forma automática. Primero debe tener sospechas razonables sobre las cuestiones exigidas por la ley o si se ha producido una infracción de tráfico o un accidente. Esperemos que, tras el reciente debate público, por parte de la RGP se aplique la ley razonablemente en estos frentes, en vísperas de Navidad.