La superación de unas condiciones impuestas

En 1977, a partir de las primeras elecciones democráticas en España, la prioridad de nuestros Gobiernos fue integrarnos en las instituciones europeas y en la OTAN.

 

Uno de los escollos más importantes que impedían esa integración era la colonia de Gibraltar, retenida por el Reino Unido a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas que pedían –y siguen pidiendo- la descolonización del territorio mediante negociaciones entre el Reino Unido y España.

 

El rechazo británico a cumplir las resoluciones de la ONU estuvo precedido de unas decisiones conducentes a convertir Gibraltar en un territorio independiente, como lo serían Malta y Chipre. Ante ello, el Gobierno español no tuvo más remedio que adoptar las medidas adecuadas para defender nuestros derechos. La más contundente fue el cierre de la verja en 1969.

 

Mucho antes de la llegada de la democracia a España e incluso del cierre de la verja, una autoridad británica estableció el principio que regiría la relación con España: “Si surge alguna ocasión en la que el Gobierno español necesite la ayuda o cooperación del británico en cualquier asunto en el campo de las relaciones internacionales, se le deberá dejar claro que no podrá contar con ella mientras persista en su actitud sobre Gibraltar”.

 

La ocasión llegó a partir de 1973, cuando el Reino Unido entró en la Comunidad Económica Europea. Allí nos estaban esperando. Entonces, Sir Alec Douglas Home enfatizó que el Reino Unido tenía derecho de veto ante una hipotética petición de España para entrar en la CE.

 

En julio de 1982 fue Margaret Thatcher la que dijo en su Parlamento que España no podría entrar en la CE mientras la verja estuviese cerrada.

 

Como no podía ser menos, la petición de España de entrar en la OTAN también se encontró con el veto del Reino Unido que, en 1981, ligó su aceptación a la entrada en vigor del frustrado Acuerdo de Lisboa por el que se levantarían las que denominaban restricciones españolas. Sin embargo, la guerra de las Malvinas (que empezó el dos de abril de 1982) y el consiguiente apoyo de los EEUU al Reino Unido hicieron que no se volviese a hablar de ese veto y España entrase en la Alianza Atlántica el 20 de mayo del mismo año.

 

No ocurrió nada semejante respecto a la CE. No podemos adivinar si otros países como Alemania o Francia habrían presionado al Reino Unido para que levantase su veto. Lo cierto es que las autoridades españolas aceptaron las exigencias británicas, nuestro Gobierno abrió la verja y no entró a discutir las condiciones relativas a Gibraltar que previamente habían firmado el Reino Unido y la CE.

 

En 1984 España y el Reino Unido adoptaron la que se conoce como Declaración de Bruselas. En ella se incluye un punto que señala que se tratarían las cuestiones de soberanía. Según la biografía del difunto Sir Joshua Hassan, la supuesta concesión británica de incluir la palabra soberanía en el texto de la declaración no fue más que una forma de permitir al gobierno español salvar la cara al abrir la verja pues la soberanía británica estaba suficientemente garantizada con el preámbulo de la que denominan Constitución de 1969.

 

Entre las condiciones impuestas a España por su entrada en la CE se encuentran la libertad de tránsito por la verja de personas, bienes y servicios y, aceptar las exenciones de Gibraltar en campos como los relacionados con la economía y la fiscalidad. Con ellas, el Peñón ha pasado de la ruina que tenía antes de la apertura de la verja a ser el cuarto territorio con la renta per cápita más alta del Planeta, naturalmente a costa de España.

 

Asegurado el fin de la hemorragia económica que suponía el cierre de la verja para el Tesoro británico, la base militar también pudo respirar tranquila. Pocos años después, el gobierno local asumiría una parte importante de su coste.

 

Las pérdidas económicas para España no han dejado de crecer. En el orden fiscal suponen cientos de millones de euros al año y no sólo por el contrabando de tabaco, según repetidas declaraciones e informes de nuestras autoridades financieras. Los riesgos para nuestra seguridad se relacionan, entre otros con lo militar, lo económico y lo social. Las servidumbres establecidas por Gibraltar en la Comarca son una consecuencia más de las condiciones impuestas en el momento de nuestra entrada en la CE.

 

Incluso Gibraltar ha servido secularmente como palanca de presión para condicionar la política exterior y la interior españolas en beneficio de los intereses británicos.

 

Con toda razón dijo Cromwell hace más de 300 años que “sólo seis fragatas ligeras en Gibraltar podrían hacer más daño a los españoles que una flota”. Llevan tres siglos en ello y además, bastante barato.

 

Se comprende que llevemos más de 30 años escuchando que no teníamos más remedio que aceptar las condiciones impuestas por los británicos pero ahora será diferente.

 

El 29 de marzo de 2019 el Reino Unido saldrá de la UE arrastrando a Gibraltar. Lógicamente, las condiciones de Gibraltar después de esa fecha no le permitirán seguir perjudicando a nuestra Hacienda, la Comarca no podrá seguir sufriendo la competencia desleal de Gibraltar ni La Línea de la Concepción seguir siendo una ciudad española dependiente de Gibraltar. Las repercusiones en las instalaciones militares también serán dignas de consideración. Debemos pensar que  los negociadores que nos representan en la UE se ocuparán de todo esto. Los informes de nuestro Gobierno filtrados a la prensa y, muy especialmente, la cláusula 24 del documento negociador de la UE con el Reino Unido apuntan en este sentido.

 

Estamos ante lo que parece el comienzo del fin de una situación infame.