Sábado, 21 de Mayo de 2022
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Mala conducta en el Gobierno

  • Imagen de Robert Vasquez
    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro
    La forma en que los gobiernos de Gibraltar emplean a contratistas privados suele dar lugar a comentarios sobre las deficiencias de la administración pública de Gibraltar. Esas críticas generalizadas, entre otras cuestiones que preocupan, exigen una reforma de nuestras leyes.

    Dicha reforma se está estudiando en el Reino Unido a raíz de un informe sobre mala conducta en la función pública elaborado por la Comisión Jurídica del Reino Unido. Se publicó en diciembre de 2020.

    APERTURA Y TRANSPARENCIA

    Algunas preocupaciones a nivel local tienen que ver con la asignación de trabajos de índole jurídica. Una cuestión que se ve agravada porque, en la mayoría de los casos en que se contratan bufetes de abogados privados, falta la licitación pública para el trabajo. Ese malestar debería mitigarse, de todos modos, con un sistema de contratación independiente, abierto y transparente.

    Además, el nombramiento de abogados privados para realizar tareas específicas supone un gran coste para el erario público, especialmente cuando hay muchos abogados cualificados que están empleados directamente en el servicio público con sus salarios correspondientes. Esos abogados deberían hacer gran parte de ese trabajo, si no todo, más aún si se trata de redactar leyes.

    Las mismas o parecidas cuestiones se plantean en otros ámbitos de la contratación pública pero suelen estar más disimuladas. En ese ámbito más amplio, sin disminuir la necesidad en el caso de la contratación de trabajos jurídicos, es aún más necesario incorporar más «munición» a nuestras leyes para hacer frente a las malas prácticas.

    Todos los partidos políticos han prometido «apertura y transparencia». La Comisión Jurídica del Reino Unido aporta claridad sobre cómo se puede hacer cuando se trata de cuestiones relacionadas con la conducta en la función pública. Nuestros políticos ya no tienen excusa para no aprobar las leyes necesarias

    LA LEY ACTUAL ES INADECUADA

    Conforme a lo que establece la ley actual, es muy poco probable que gran parte de lo que ocurre en Gibraltar sobre la contratación público-privada equivalga a un soborno, en contravención de la Ley de Delitos de 2011, a menos que existan hechos muy específicos y puedan ser probados.

    Además, el derecho consuetudinario inglés sobre la mala conducta en el ejercicio de la función pública, que es el que se aplica en Gibraltar, ha sido considerado, por esa misma Comisión Jurídica del Reino Unido, como «... mal definido y... objeto de críticas recientes por parte del Gobierno, el Tribunal de Apelación, la prensa y los académicos jurídicos.»

    LA REFORMA ES NECESARIA

    Es necesaria una ley actualizada que regule el comportamiento en los cargos públicos, del mismo modo que se está considerando en el Reino Unido.

    La investigación y la acción independientes, respaldadas por leyes, están justificadas en muchos ámbitos de la interrelación entre la administración pública y el comercio privado. A ello contribuiría en gran medida una ley nueva y adecuada.

    Corresponde a nuestro Gobierno electo lograr la reforma de la ley. No hay mejor punto de partida que basarse en las profundas y amplias recomendaciones de la Comisión Jurídica del Reino Unido. ¿Qué excusa podría tener para no legislar así?

    LAS RECOMENDACIONES DEL REINO UNIDO





    La principal recomendación de la Comisión Jurídica es que el actual delito de derecho consuetudinario sea sustituido por dos figuras delictivas:

    (a) Corrupción en la función pública.

    Esto incluye actuar, o dejar de actuar, para obtener un beneficio o un perjuicio, tal como lo vería una persona razonable y lo realizaría el acusado, sin que éste pueda demostrar que la conducta era de interés público; y

    (b) Incumplimiento de los deberes de la función pública.

    Esto incluye que dicha persona, estando sujeta a un deber de evitar la muerte o las lesiones graves y siendo consciente de ello, lo incumpla, causando o arriesgando la muerte o lesiones graves, siendo imprudente en cuanto al riesgo de muerte o lesiones graves.

    La determinación de si alguien ejerce un «cargo público» debe realizarse mediante un proceso de dos fases:

    (a) Referencia a un catálogo fijo de cargos públicos; y

    (b) La aplicación de una prueba para determinar si el titular de un cargo público estaba actuando en dicho cargo en el momento pertinente.

    MINISTROS Y PARLAMENTARIOS INCLUIDOS COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS

    En el informe de la Comisión Jurídica se recoge una larga lista de titulares de cargos públicos que deberían incluirse en dicho catálogo. La misma lista se aplicaría a Gibraltar.

    Es importante destacar que se incluyen los ministros y los diputados. Esta incorporación aclara cualquier posible duda actual sobre si ambos son funcionarios públicos.

    «SEGURIDAD INTERNA» Y «BUEN GOBIERNO»

    Los delitos sugeridos por la Comisión Jurídica van al núcleo de lo que es la «seguridad interna» y el «buen gobierno». La «seguridad interna» debe incluir seguramente la mayor parte de los delitos, si no todos, y ciertamente la prevención de cualquier abuso por parte de cualquier funcionario público.

    Además, si la reforma se recomienda para el Reino Unido, sería difícil ver que no debería ser lo correcto en Gibraltar para salvaguardar la «seguridad interna» a nivel gubernamental.

    En consecuencia, puede argumentarse que, si nuestro Gobierno no actúa en la reforma de la ley de mala conducta en los cargos públicos, el Gobernador debería hacerlo, en virtud de la Constitución.

    Incluir a los Ministros y a los diputados en el ámbito de aplicación de una nueva ley penal es un factor disuasorio para que nuestro pequeño Parlamento reforme la ley, sobre todo teniendo en cuenta que todos los bancos del Gobierno están ocupados por Ministros.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas