Viernes, 18 de Septiembre de 2020
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Manteniendo la vista en la democracia

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    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro
    El ministro principal, Fabián Picardo, dijo, en su mensaje de Pascua, «Hoy te exijo un distanciamiento social. Mañana, Gibraltar te exigirá responsabilidad social». Es cierto, pero la responsabilidad social debe venir sin ningún coste para nuestra ya limitada democracia. Más bien, los que están en el poder deben trabajar para mejorar nuestra capacidad democrática de manera que coincida con la demanda y con nuestra capacidad para ser socialmente responsables.

    La responsabilidad social es una vía de doble sentido, con la que debe venir la aceptación y el reconocimiento de la madurez social. Es una madurez que se pone en evidencia en gran medida por el elevado número de personas que se atienen a las necesarias intrusiones que prevalecen sobre nuestras libertades civiles al «quedarse en casa». Esta madurez social exige que no haya una reducción a largo plazo de la democracia, sino una ampliación de la misma. Las repercusiones financieras previstas por las restricciones actuales no deben convertirse en una excusa para ampliar, en sus efectos o en el tiempo, los amplios poderes de contingencia adoptados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia.

    El ministro principal, Fabián Picardo, ha advertido de manera responsable y comprensible que nos enfrentaremos a la peor recesión económica que se recuerda, y que es el fin de décadas de abundancia: habrá «una fractura muy profunda» en nuestra economía. Muy cierto, pero esta es una pobre excusa, en ausencia de un cuidadoso escrutinio democrático, para justificar la prolongación del tiempo en que continuarán los poderes de contingencia o para aumentar su alcance.

    Las protecciones sistémicas independientes, en forma de una mayor supervisión parlamentaria, deberían existir, pero no existen, para fomentar la anulación de cualquier poder que un gobierno haya asumido en virtud de las leyes de contingencia cuando la pandemia haya terminado, y que no se asuman poderes adicionales. Este es un objetivo contra la erosión de la democracia que las salvaguardias independientes ayudarían a alcanzar, pero estas salvaguardias lamentablemente faltan en nuestro sistema de gobierno.

    El escrutinio parlamentario es casi inexistente, excepto cuando se celebran elecciones. Nuestro sistema carece de una separación de poderes institucionalizada y facilita que los gobiernos, y sobre todo un ministro principal, puedan gobernar con un mínimo de supervisión democrática por parte de nuestro Parlamento.

    La cuestión de recaudar dinero a través de los impuestos, para llenar el vacío financiero, probablemente pasará ahora a un primer plano en las consideraciones y debates. Los impuestos son siempre algo que necesita una cuidadosa investigación y control. No olvidemos el primer mantra de la AACR «no hay impuestos sin representación», en un momento en el que un gobernador intentó imponer impuestos a los gibraltareños que no tenían representantes electos.

    El Gobierno del GSLP debe ser felicitado y elogiado por sus amplias consultas con muchos, y su promesa de continuar y ampliar estas consultas, pero esto no es una respuesta a las salvaguardias institucionales independientes que faltan por la forma en que somos gobernados. En el análisis final, las decisiones y los poderes recaen sólo en ellos, y en gran medida sólo en el ministro principal, sin importar cuántos sean consultados.

    Nuestro sistema constitucional de gobierno, en ausencia de interferencia del Reino Unido, trabaja a favor del control por un solo hombre: un ministro principal en el cargo. Es virtualmente imposible que un gobierno, hoy en día el GSLP de Fabián Ricardo, sea derrotado en el Parlamento, forzando así una elección. Además, todos y cada uno de los ministros están en deuda con el ministro principal por su cargo como ministro que le aporta un salario más alto que el de un simple diputado.

    No existe una separación de poderes entre el legislativo (Parlamento) y el ejecutivo (el Gabinete/Gobierno) que pueda terminar con la derrota de cualquier gobierno. Todos los gobiernos de Gibraltar pueden gobernar virtualmente sin consulta democrática entre elecciones. Esto es un enorme déficit democrático. Incluso si hay un cambio de gobierno en una elección, el gobierno entrante tiene poco o ningún incentivo para revertir los poderes asumidos en virtud de las leyes aprobadas por cualquier administración anterior.

    Además, la supervisión constitucional de los derechos civiles por el Tribunal Supremo es costosa y sólo puede ser invocada mediante solicitudes específicas presentadas al Tribunal Supremo de Gibraltar. No existe un órgano independiente que pueda impugnar, con cargo al erario público, cualquier decisión que pueda considerarse que infringe esos derechos básicos.



    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas


    Para empeorar las cosas, nuestro actual sistema electoral es precisamente lo que nos ha llevado a la nociva y prohibitiva era de la abundancia y a la perjudicial creencia en la era de los derechos que ha reinado en Gibraltar durante muchos decenios. Obliga a los que aspiran a gobernar a prometer que darán a los votantes más que los que ya están en el poder, y a los que están en el poder a dar aún más para permanecer en el poder. Da lugar a una espiral creciente de decisiones, que conducen a un gasto y un endeudamiento públicos excesivos, al favoritismo y a muchas otras cosas negativas, una mala realidad que ha conspirado para empeorar nuestro potencial de sufrimiento en esta crisis actual.

    Ninguna de estas deficiencias destacadas (y muchas más) de nuestra democracia y la falta de incentivos políticos nos conducen o son beneficiosos para llevarnos a lo que Fabián Picardo ahora argumenta que necesitará Gibraltar, a saber, evitar la desigualdad social o la injusticia en la crisis económica que él acepta y anuncia que vendrá a continuación.

    El GSD ha mencionado con razón la necesidad de proteger la democracia, refiriéndose al deber de la oposición de estar alerta y cumplir con su deber. Se trata de un primer paso, pero que carece de peso a la luz del sistema parlamentario de Gibraltar, que, como se ha explicado, carece de la independencia necesaria para influir o contrarrestar el uso del poder ejecutivo. Esta carencia hace que cualquier oposición, y por lo tanto el Parlamento, sea una débil defensa contra la autocracia, que es lo que son los poderes de contingencia.

    Existe la supervisión que puede ejercer el Reino Unido en virtud de la Constitución de 2006 (por ejemplo, las leyes de gobierno directo y de poderes de emergencia), en circunstancias extremas que, de ser necesario, podrían entrar en vigor para forzarnos a volver a un nivel de democracia, que pueda ser subjetivamente considerado como suficiente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido. Paradójicamente, la existencia y cualquier uso de este poder colonial socava y desmiente la realidad misma de la democracia que su uso podría intentar corregir.

    Pero en cualquier caso, ¿debe la orgullosa democracia de Gibraltar depender, en lo fundamental, de la interferencia externa del Reino Unido para garantizar su continuidad? La respuesta, seguramente, debe ser ¡"NO"! Los sistemas establecidos deben ponerseen marcha para reducir cualquier posible abuso a un nivel lo más próximo a cero, evitando así cualquier interferencia colonial del Reino Unido. Eso es parte de la autodeterminación que buscamos pero que actualmente falta, a pesar de los alardes egoístas de muchos de nuestros políticos en sentido contrario.

    En general, la reforma constitucional y legislativa, que dará lugar a una mayor separación entre el poder legislativo y el ejecutivo, contribuirá en gran medida a lograr ese control y equilibrio, que es habitual en la mayoría de las democracias occidentales. Se debe incorporar la posibilidad de que un Gobierno ejecutivo sea derrotado en el Parlamento. La incorporación de esas disposiciones dará lugar a que las medidas que pretenda adoptar un gobierno tengan más posibilidades de ser derogadas, reformadas, cambiadas o derrotadas. Nuestros sistemas actuales están muy lejos de facilitar que esto suceda, tanto en la práctica como en la realidad.

    Lo que demuestra la actual cooperación que es evidente entre el Gobierno y la oposición, es que hay mejores formas de gobernar Gibraltar. Mejor que hacerlo por el dictado de un gobierno todopoderoso, asesorando y contribuyendo a que un ministro principal gobierne de una elección a otra. En una etapa temprana, tras superar la pandemia del coronavirus, será posible lograr una mayor democracia y un mejor gobierno legislando y aplicando un cambio en nuestro sistema electoral, acompañado de cambios que garanticen la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

    En resumen, ampliar ligeramente nuestro Parlamento y garantizar la existencia de diputados ajenos al Gobierno, junto con la introducción de una forma de representación proporcional, puede contribuir en gran medida a lograr ese resultado. Conducirá a un mayor número de gobiernos por consenso, formados por coaliciones que darán lugar a una representación electoral más amplia y a una mejor supervisión del brazo ejecutivo del Gobierno por parte de un Parlamento elegido.

    Muchos pueden considerar que este debate es prematuro en un momento en que nos enfrentamos a la aterradora situación que tenemos ahora, pero suscita preocupaciones que, precisamente a causa de la crisis del Coronavirus, se están difundiendo públicamente en muchas otras democracias. Sí, lo más importante ahora mismo es salvar vidas, algo que nuestro Gobierno, con la cooperación de la oposición, debe ser elogiado por hacer. Eso no significa que debamos perder de vista las cuestiones a largo plazo relacionadas con la democracia que probablemente surgirán, y tratarlas rápidamente cuando vuelva la normalidad.

    Estos asuntos abarcan preocupaciones importantes y válidas sobre la posibilidad de que la democracia se vea comprometida a causa de la actual crisis sanitaria. Deberíamos ser conscientes de ello y prepararnos para enfrentarnos a ellas y tratarlas a su debido tiempo. Cualquier investigación pública que Fabián Picardo y su gobierno del GSLP establezcan para investigar la gestión de la crisis del Coronavirus podría considerar tales asuntos de la democracia, así como asuntos más directos y fundamentales sobre la crisis actual y cómo está siendo gestionada.