Miércoles, 23 de Junio de 2021
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No alcanzar un tratado con la UE lleva a tener que planificar la inmigración

  • Imagen de Robert Vasquez
    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro
    Hay contradicciones en el aire, tanto sobre la continuación de los trabajos para alcanzar un tratado con la UE sobre Gibraltar, como sobre la afirmación inexacta de que el Gobierno de Gibraltar es constitucionalmente responsable de la inmigración, lo que, aparentemente, es relevante en la eventualidad de que no se llegue a un tratado con la UE.

    En cuanto a la primera, el retraso de la UE relativo al inicio de las negociaciones está a la orden del día, a pesar de los alardes de que «el trabajo continúa de forma constructiva».

    En cuanto a la segunda, la posición no es tan clara como se afirma. El Gobernador tiene ciertas responsabilidades constitucionales, que pueden siendo erosionadas por los sucesivos Gobernadores que firman las leyes aprobadas en el Parlamento, contraviniendo las competencias constitucionalmente asignadas.

    NEGOCIACIONES A LA ESPERA DE UN MANDATO DE LA UE

    Se ha informado que el viceministro Joseph García, ha dicho, sobre los acuerdos fronterizos con la UE tras el Brexit, que «se sigue trabajando de forma constructiva para conseguir un acuerdo y, al mismo tiempo, se hacen planes para cubrir la posibilidad de que no haya acuerdo». Lo dijo en el contexto de la visita del grupo de personas de la Fuerza de Fronteras del Ministerio del Interior del Reino Unido.

    Ese grupo de la Fuerza de Fronteras está aquí para asesorar sobre las disposiciones que tienen que adoptarse para gestionar la frontera, en el caso de que no haya acuerdo con la UE en relación con Gibraltar.

    La declaración del Sr. García se contradice notoriamente con el hecho de que todavía no hay un mandato de negociación de la UE sobre Gibraltar. Esta es la posición, a pesar de las promesas, hechas el mes pasado, de que el acuerdo era inminente.

    El resultado es que las negociaciones todavía no pueden comenzar; sin negociaciones no puede haber mucho «trabajo». La situación se agrava si se tiene en cuenta que el mandato de negociación Reino Unido-Gibraltar se publicó hace dos meses.

    Entonces, ¿qué es? ¿Continúa el «trabajo», como dice el Sr. García, mientras estamos en un impasse que no permite el inicio de las negociaciones? Si es así, ¿quién participa en ese «trabajo»?

    ¿UNA FRONTERA FLUIDA?

    Parece que la realidad, ahora mismo, es que estamos en un impasse, esperando simplemente que la UE haga avanzar los asuntos.

    Mientras tanto, todos nosotros vivimos con la esperanza de que haya medidas puente hasta que comiencen las negociaciones con la UE. Una vez más, no parece haber ninguna confirmación oficial que indique que así será.

    Las señales sobre el terreno indican que no todo va con fluidez en la frontera. A muchos se les pide que muestren sus pasaportes, que son sellados. Las colas consiguientes y los retrasos son evidentes.





    ¿Es eso una muestra, a modo de señal, de lo que probablemente sea una pequeña parte de lo que puede venir si no se llega a un acuerdo, o si no se continúa con las medidas provisionales?

    LA INMIGRACIÓN, UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA CON EL GOBERNADOR

    Nuestro gobierno es, por supuesto, responsable de legislar y de la gestión diaria de los controles de inmigración. La gestión diaria se realiza a través de la Agencia de Fronteras y Guardacostas.

    Sin embargo, decir que el gobierno tiene la responsabilidad constitucional de hacerlo, ignora que esa responsabilidad está dividida. Partes de ella, constitucionalmente recaen y permanecen en el Gobernador.

    Los asuntos de seguridad interior son competencia del Gobernador, al igual que los asuntos exteriores. Por lo tanto, en la medida en que cualquiera de ellos esté implicado en cualquier asunto de inmigración, la responsabilidad de los mismos recae en el Gobernador, no en el Gobierno.

    Eso incluye la facultad de legislar, siempre que el Ministro Principal no esté dispuesto a promover las leyes necesarias en el Parlamento, y que el Gobernador cuente con la aprobación del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo.

    ¿INJERENCIA EN LAS RESPONSABILIDADES DEL GOBERNADOR?

    Resulta peculiar que el Ministro Principal, y no el cargo de Gobernador, en algunas de nuestras leyes, haya recibido el poder para actuar en asuntos que implican la función y los poderes constitucionales del cargo de Gobernador, por ejemplo la seguridad interna. La seguridad interna es competencia constitucional del cargo de Gobernador.

    ¿Por qué entonces los Gobernadores firman algunas leyes que otorgan poderes ejecutivos al Ministro Principal en materia de seguridad interior? ¿No debería conservarlas el cargo de Gobernador? Al hacerlo, se está erosionando el papel constitucional del cargo de Gobernador, en contravención de la Constitución.

    ¿Hasta qué punto se erosiona la clara división de poderes entre el Gobernador y el Parlamento en las leyes de Gibraltar, tras la «firma» de las leyes del Parlamento por parte de los Gobernadores? La firma de dichas leyes por parte de un Gobernador debe considerarse cuidadosamente. Debe hacerse dentro de los límites prescritos por la Constitución si se quieren mantener las funciones separadas de cada parte del Ejecutivo.

    La situación en Gibraltar no puede compararse con la de Su Majestad en el Reino Unido. El Gobernador tiene ciertas responsabilidades y obligaciones constitucionales que debe considerar y mantener.

    LA CONSTITUCIÓN DEBE SER RESPETADA

    La Constitución es una ley marco que define cómo nos gobernamos. La falta de respeto hacia ella, o su erosión, no debe ser tolerada por ningún partido. Cualquier progreso constitucional que se quiera debe lograrse mediante el debate y la enmienda. No debería permitirse que se produzca una lenta transferencia de poderes por negligencia o sumisión.




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