Poder Judicial
Por Patricio González
Político y escritor. Alcalde de Algeciras tres legislaturas. Ingeniero técnico naval
Patricio González
Pues al final resulta que sí es posible que el Consejo General del Poder Judicial se ponga de acuerdo en algo: la renovación del Tribunal Constitucional. Si el mérito hay que atribuírselo al rey Felipe VI por su discurso de Nochebuena, pues para él la medalla.
Lo relevante es que se dé un paso hacia el desbloqueo y se salga de una parálisis que no solo afectaba a la imagen de España como país, sino al propio funcionamiento judicial.
Los años de retraso que lleva España en este asunto no son de recibo. Tienen razón los que sostienen que la calidad democrática de este país es manifiestamente mejorable y la prueba en este desolador panorama institucional. Y las culpas, como suele suceder, se pueden repartir entre todos.
Evidentemente las responsabilidades son mayores en quienes tienen los resortes del poder ejecutivo (Partido Socialista y Podemos) y quienes lideran en escaños y en votos la oposición (Partido Popular).
De ellos debió salir la solución, pero lo cierto es que de ellos solo ha salido hasta la fecha un agravamiento del problema. Tampoco se libran los partidos que, no estando en el Gobierno, sí que fueron determinantes para la investidura y para sostenerlo. La presión de ERC para la revisión de los delitos de malversación y sedición solo ha servido para agravar el conflicto y enquistarlo aún más. Ellos por plantearlo, y el PP porque encontró ahí el argumento perfecto para levantarse de la mesa cuando estaba a punto de sellar con el ministro Bolaños el acuerdo de renovación judicial. Llegados a este punto, solo cabe rogar al año entrante que nos traiga algo más de sentido de Estado. En todo, pero en este asunto sobre todo porque -insisto- está en juego la credibilidad como país. Sería el colmo de la irresponsabilidad que tuviera que llegar a Europa a sancionarnos por esta situación, pero es precisamente lo que puede suceder si se prolonga de manera intencionada esta agónica situación. En un año electoral como 2023 no será fácil la solución pero las urnas no deben ser excusa para mantener el desacuerdo. Porque la Justicia debe funcionar tanto si ganan estos las elecciones como si lo hacen aquellos. De eso va la separación de poderes.
De ellos debió salir la solución, pero lo cierto es que de ellos solo ha salido hasta la fecha un agravamiento del problema. Tampoco se libran los partidos que, no estando en el Gobierno, sí que fueron determinantes para la investidura y para sostenerlo. La presión de ERC para la revisión de los delitos de malversación y sedición solo ha servido para agravar el conflicto y enquistarlo aún más. Ellos por plantearlo, y el PP porque encontró ahí el argumento perfecto para levantarse de la mesa cuando estaba a punto de sellar con el ministro Bolaños el acuerdo de renovación judicial. Llegados a este punto, solo cabe rogar al año entrante que nos traiga algo más de sentido de Estado. En todo, pero en este asunto sobre todo porque -insisto- está en juego la credibilidad como país. Sería el colmo de la irresponsabilidad que tuviera que llegar a Europa a sancionarnos por esta situación, pero es precisamente lo que puede suceder si se prolonga de manera intencionada esta agónica situación. En un año electoral como 2023 no será fácil la solución pero las urnas no deben ser excusa para mantener el desacuerdo. Porque la Justicia debe funcionar tanto si ganan estos las elecciones como si lo hacen aquellos. De eso va la separación de poderes.