¿Qué pasa con la jubilación anticipada del jefe de Policía?

El jefe de la policía gibraltareña, Ian McGrail, dejó su puesto de forma prematura dando unas explicaciones escasas o inadecuadas, como por ejemplo algún problema de salud o razones familiares. Las declaraciones efectuadas por el jefe de Policía McGrail, el Gobernador y el Gobierno de Gibraltar suscitan preguntas que permanecen sin respuesta. Probablemente, estas cuestiones seguirán siendo un misterio, a no ser que el Gobierno conteste a las preguntas que se le planteen en el Parlamento. El halo de misterio es aún mayor si tenemos en cuenta el especial hincapié de Ian Mcgrail en su ética, moral y principios.

La última vez que el jefe de policía McGrail se dirigió a la Policía gibraltareña dijo, “lo que ciertamente no ha cambiado durante todo este tiempo ha sido mi ética, mi moral y mis principios. Estos han permanecido grabados en mi alma y me han guiado, en todo momento, durante mi carrera”

Cualquier explicación o respuesta debería de haber sido dada por el responsable de la Policía, es decir, por el Gobernador. Constitucionalmente, resultaría raro que cualquier aclaración sobre el asunto se produjera en sede parlamentaria, ya que la implicación del Parlamento en esta cuestión no va más allá de la de aprobar las leyes dentro de sus límites constitucionales.

La responsabilidad constitucional sobre la Policía recae en el Gobernador, si bien su labor está sujeta al Consejo de la Autoridad Policial de Gibraltar (GPA). La constitución y competencias de la GPA están contempladas  en la Ley de Policía. El Gobernador tan solo debe mantener informado al Ministro Principal sobre los temas que esté tratando.

Es el Gobernador quien, previa consulta a la Autoridad Policial, nombra al jefe de Policía. Dicho esto, las jubilaciones, las renuncias o los ceses de un jefe de Policía (en este último caso, tras seguir un proceso) deben de dirigirse y ser aceptados por el Gobernador, previa consulta a la Autoridad Policial. Un proceso que, con toda seguridad, genera debates y consideraciones que ni conciernen al Ministro Principal (más allá de estar informado) ni al Gobierno.

Su excelencia el Gobernador, Nick Pyle, simplemente dijo que él “… había aceptado una solicitud de pase a retiro del jefe de Policía, con efecto a las 18h de hoy, martes 9 de junio”. Continuó señalando que reconocía los 36 años de servicio del jefe del Policía, quien había sido galardonado en 2015 con la Medalla Policial de los Territorios de Ultramar, por su meritorio servicio. Terminó deseando a Ian McGrail lo mejor en su jubilación.

El comunicado de prensa del Gobierno gibraltareño, cuya mera publicación resulta extraña ya que no tiene competencias en la materia, refleja la postura del Gobernador simplemente señalando “El Gobierno gibraltareño de Su Majestad toma nota de la decisión, anunciada hoy por Ian McGrail, de retirarse como jefe de Policía. Después de 36 años de servicio a Gibraltar, el Gobierno le desea lo mejor en su jubilación.”

Las palabras del Gobierno y del Gobernador no concuerdan con una jubilación anticipada sobre la que no se ha dado ninguna explicación. Además, según parece, la Autoridad Policial no tuvo ninguna participación en el proceso de jubilación del jefe de Policía McGrail.

¿Significan las palabras de McGrail y las declaraciones vacías del Gobierno y del Gobernador que su jubilación anticipada se produjo porque él deseaba mantener sus estándares morales? Si así fuera, entonces la ética, la moral y los principios son cuestiones que se incorporan a la ecuación, según sus declaraciones. ¿No debería la GPA plantearse preguntar sobre estos temas? ¿No lo consideran relevante para así poder determinar que no hubo factores externos que llevaran al jefe de policía a solicitar su jubilación o que hayan podido socavar la independencia de la Royal Gibraltar Police?

Todo este asunto resulta extraño. Algo curioso que nadie explica y que probablemente nadie aclare. Estos casos sorprendentes y sin esclarecer no son la mejor forma de mantener el respeto por la Royal Gibraltar Police, ni la moral de ningún grupo, menos aún de la policía. Pero ahí estamos, con todo en el aire hasta que se dé alguna respuesta en el Parlamento, un órgano que constitucionalmente no tiene ningún papel en este asunto.