¿Sociedades limitadas puenteando la democracia?
Por Robert Vasquez
Abogado y periodista gibraltareño
Sede del Gobierno de Gibraltar. Foto Sergio Rodríguez
*La declaración de prensa de Community Initiatives / Community Supplies es vaga para ser unas entidades no democráticas
*Las funciones reales de ambas entidades siguen siendo un misterio
*Sugerencias de conexiones con el proyecto de estadio de la Asociación de Fútbol de Gibraltar
*Si se utilizan fondos públicos, parece que las políticas sociales del Parlamento y del Gobierno están siendo usurpadas
*Los abogados de Hassans poseen y controlan ambas Community Initiatives / Community Supplies
*A los abogados no se les elige para llevar a cabo las funciones democráticas del Parlamento
*Especialmente si las funciones gubernamentales las asumen Community Initiatives / Community Supplies
*Muchos asuntos relacionados con Community Initiatives / Community Supplies permanecen en secreto
*Se mantiene la esperanza de que se publiquen los asuntos relacionados con Community Initiatives / Community Supplies
GOBIERNO ALTERNATIVO NO ELEGIDO
El comunicado de prensa emitido el miércoles por Gibraltar Community Initiatives Limited [Community Initiatives] y su filial Community Supplies and Services Limited [Community Supplies] no explica en ningún lugar nada de lo que es necesario. Estas entidades parecen haber sido creadas para sustituir las funciones del gobierno, pero no son elegidas ni responden ante el Parlamento, en contra de la democracia.
El Gibraltar Chronicle las describe como «entidades vinculadas al proyecto del estadio», como sugiere también un comunicado de prensa de los Socialdemócratas de Gibraltar. Las conexiones o relaciones reales aún no están claras.
Si hay una conexión, debería revelarse, así como la razón por la que a la Asociación de Fútbol de Gibraltar se le asigna una parcela más grande para ayudarle a disponer de espacio para una promoción residencial/comercial, sin el pago de dinero adicional al gobierno. Si esto es así, equivale a una subvención, por lo que los contribuyentes están ayudando indirectamente a financiar el proyecto de ampliación del estadio, como han sugerido los Socialdemócratas de Gibraltar.
EL OBJETIVO EXACTO DE LAS EMPRESAS NO SE REVELA
En ninguna parte se explican las funciones reales y precisas de ambas empresas, más allá de una referencia general a que Community Initiatives tiene como objetivo promover y ayudar a «cualquier proyecto, causa o acuerdo que beneficie a la comunidad gibraltareña a cualquier nivel, como el humano, social, económico, educativo y médico, y que constituya un objeto benéfico según las leyes de Gibraltar».
Todavía no se sabe cómo su filial Community Supplies ayudará a alcanzar esos objetivos. Hasta la fecha no se conocen con detalle las funciones reales de Community Supplies. Uno se imagina que, como filial, se mantendrá estrictamente dentro de los límites de los objetivos de su matriz, para no actuar fuera del poder legal o de la autoridad de Community Initiatives.
POLÍTICAS SOCIALES
Los objetivos de Community Initiatives pueden equipararse a las políticas sociales de un gobierno, que requerirían la aprobación parlamentaria si se llevaran a cabo con dinero público, ya sean ingresos o préstamos públicos. Esto es lo que, hasta la fecha, no está claro.
Además, se trata de objetivos benéficos, por lo que si se financia con fondos que no sean públicos no se plantea ninguna cuestión de interés público más allá de mantenerse dentro de los límites de una organización benéfica y de los fines para los que se adelanta el dinero.
DIFUMINANDO
La difuminación de los límites se produce si se utilizan fondos públicos para financiar una o ambas, Community Initiatives o Community Supplies, o si una o ambas son empresas creadas a petición del gobierno o de algún ministro. Si este fuera el caso, como se entiende generalmente, entonces las funciones de un gobierno supervisado por nuestro Parlamento están siendo socavadas y destruidas en un grado peligroso. La democracia parlamentaria y la responsabilidad se eluden a un nivel que socava «la paz, el orden y el buen gobierno». Estos son los requisitos centrales que constitucionalmente deben mantener nuestro Parlamento y nuestro gobierno. ABOGADOS No se trata de que ambas «entidades se escondan detrás de los abogados». Es una realidad fáctica de dominio público que los abogados están involucrados en cada una de esas empresas. Una búsqueda en el Registro Mercantil público revela que los directores de Community Initiatives son Haim Judah Michael Levy y Anthony Manuel Provasoli, ambos abogados del bufete Hassans International. Community Initiatives es una empresa limitada por garantía. Sus miembros son los dos directores y Maximillian Torres, que se cree que también es abogado de Hassans. Una búsqueda de Community Services muestra que sus directores son también Haim Judah Michael Levy y Anthony Manuel Provasoli. Su capital social de 100 libras figura como propiedad de Community Initiatives, en su totalidad. Los secretarios de ambas empresas son Line Secretaries Limited. Es una empresa estrechamente relacionada con Hassans. Las búsquedas son a partir del 11 de noviembre de 2022. No se refleja cualquier cambio que pueda haber ocurrido desde esa fecha. NO DEMOCRÁTICO Esos abogados no han sido elegidos para desempeñar ninguna función democrática propia de un gobierno o de un Parlamento. Es eso lo que quizás hace que se plantee si hay dinero público en alguna de las dos empresas o en ambas. Si efectivamente alguna de las empresas en cuestión está realizando funciones cuasi-gubernamentales con dinero público, entonces la cuestión no es que se esté haciendo algo a escondidas por parte de los abogados. La cuestión es que personas no elegidas están actuando en lugar de un Parlamento o gobierno elegido democráticamente para asumir responsabilidades políticas públicas, sin tener que responder públicamente en el Parlamento o ante el electorado de ninguna decisión o acción. Esos directores sólo son responsables ante los miembros/propietarios finales de las empresas. Si ese es el gobierno (lo que no se desprende de ningún registro público), no hay más responsabilidad democrática. Los ministros no se consideran responsables ante nuestro Parlamento elegido por sus acciones como propietarios o directores de empresas. Ciertamente, los abogados que no son ministros no son tan responsables. USO DEL DINERO DE COMMUNITY INITIATIVES En el comunicado de prensa se afirma categóricamente que «los directores no pueden emplear los ingresos de [Community Initiatives] para ningún otro fin que no sea el de promover los... objetivos [identificados anteriormente] y reinvertir los ingresos en las inversiones que realice [Community Services]». Lo que permanece en secreto es la fuente o el importe del dinero o del capital (si lo hay) o la forma en que se aporta, que dará lugar a esos ingresos o cualquier otra fuente de los mismos. ¿Es el Gobierno GSLP-Liberal el que aplica los ingresos públicos o el endeudamiento público para esos fines? ¿Se trata de dinero que provendrá de la Gibraltar Savings Bank? Además, ¿qué inversiones se han realizado (aparte de las 100 libras esterlinas en Community Services), cuya finalidad sigue siendo desconocida) y en qué? ¿QUÉ PAGOS? No sabemos qué honorarios (incluidos los de los abogados y los servicios de la empresa) u otras remuneraciones de cualquier naturaleza (si las hay) se han pagado o se espera pagar o a quién por los servicios prestados a cualquiera de esas empresas, o qué remuneración de los directores (si la hay) se ha pagado o se espera pagar por una o ambas empresas. Lo que se nos dice simplemente es que los «documentos estatutarios de Community Initiatives no prevén un mecanismo por el que pueda distribuir beneficios o donaciones a sus miembros o a cualquier otra persona». Se trata de una declaración cuidadosamente elaborada. COMPARACIÓN CON COMMUNITY CARE La estructura de Community Initiatives se compara con la de Gibraltar Community Care Limited [Community Care]. Las funciones de Community Care y su fuente de financiación son públicas y bien conocidas. Los objetivos de Community Initiatives son conocidos. Sus funciones reales o previstas, más allá de la generalidad de sus objetivos, siguen siendo desconocidas. La forma de su financiación, y si ésta proviene o provendrá de fuentes públicas o en qué forma, también permanece en secreto. El público en general sólo puede esperar y aguardar una explicación completa y franca de todos los asuntos relacionados con Community Initiatives y con Community Services (preferiblemente de forma democrática en el Parlamento), sin olvidar sus fuentes de financiación, del mismo modo que se conocen las de Community Care.
La difuminación de los límites se produce si se utilizan fondos públicos para financiar una o ambas, Community Initiatives o Community Supplies, o si una o ambas son empresas creadas a petición del gobierno o de algún ministro. Si este fuera el caso, como se entiende generalmente, entonces las funciones de un gobierno supervisado por nuestro Parlamento están siendo socavadas y destruidas en un grado peligroso. La democracia parlamentaria y la responsabilidad se eluden a un nivel que socava «la paz, el orden y el buen gobierno». Estos son los requisitos centrales que constitucionalmente deben mantener nuestro Parlamento y nuestro gobierno. ABOGADOS No se trata de que ambas «entidades se escondan detrás de los abogados». Es una realidad fáctica de dominio público que los abogados están involucrados en cada una de esas empresas. Una búsqueda en el Registro Mercantil público revela que los directores de Community Initiatives son Haim Judah Michael Levy y Anthony Manuel Provasoli, ambos abogados del bufete Hassans International. Community Initiatives es una empresa limitada por garantía. Sus miembros son los dos directores y Maximillian Torres, que se cree que también es abogado de Hassans. Una búsqueda de Community Services muestra que sus directores son también Haim Judah Michael Levy y Anthony Manuel Provasoli. Su capital social de 100 libras figura como propiedad de Community Initiatives, en su totalidad. Los secretarios de ambas empresas son Line Secretaries Limited. Es una empresa estrechamente relacionada con Hassans. Las búsquedas son a partir del 11 de noviembre de 2022. No se refleja cualquier cambio que pueda haber ocurrido desde esa fecha. NO DEMOCRÁTICO Esos abogados no han sido elegidos para desempeñar ninguna función democrática propia de un gobierno o de un Parlamento. Es eso lo que quizás hace que se plantee si hay dinero público en alguna de las dos empresas o en ambas. Si efectivamente alguna de las empresas en cuestión está realizando funciones cuasi-gubernamentales con dinero público, entonces la cuestión no es que se esté haciendo algo a escondidas por parte de los abogados. La cuestión es que personas no elegidas están actuando en lugar de un Parlamento o gobierno elegido democráticamente para asumir responsabilidades políticas públicas, sin tener que responder públicamente en el Parlamento o ante el electorado de ninguna decisión o acción. Esos directores sólo son responsables ante los miembros/propietarios finales de las empresas. Si ese es el gobierno (lo que no se desprende de ningún registro público), no hay más responsabilidad democrática. Los ministros no se consideran responsables ante nuestro Parlamento elegido por sus acciones como propietarios o directores de empresas. Ciertamente, los abogados que no son ministros no son tan responsables. USO DEL DINERO DE COMMUNITY INITIATIVES En el comunicado de prensa se afirma categóricamente que «los directores no pueden emplear los ingresos de [Community Initiatives] para ningún otro fin que no sea el de promover los... objetivos [identificados anteriormente] y reinvertir los ingresos en las inversiones que realice [Community Services]». Lo que permanece en secreto es la fuente o el importe del dinero o del capital (si lo hay) o la forma en que se aporta, que dará lugar a esos ingresos o cualquier otra fuente de los mismos. ¿Es el Gobierno GSLP-Liberal el que aplica los ingresos públicos o el endeudamiento público para esos fines? ¿Se trata de dinero que provendrá de la Gibraltar Savings Bank? Además, ¿qué inversiones se han realizado (aparte de las 100 libras esterlinas en Community Services), cuya finalidad sigue siendo desconocida) y en qué? ¿QUÉ PAGOS? No sabemos qué honorarios (incluidos los de los abogados y los servicios de la empresa) u otras remuneraciones de cualquier naturaleza (si las hay) se han pagado o se espera pagar o a quién por los servicios prestados a cualquiera de esas empresas, o qué remuneración de los directores (si la hay) se ha pagado o se espera pagar por una o ambas empresas. Lo que se nos dice simplemente es que los «documentos estatutarios de Community Initiatives no prevén un mecanismo por el que pueda distribuir beneficios o donaciones a sus miembros o a cualquier otra persona». Se trata de una declaración cuidadosamente elaborada. COMPARACIÓN CON COMMUNITY CARE La estructura de Community Initiatives se compara con la de Gibraltar Community Care Limited [Community Care]. Las funciones de Community Care y su fuente de financiación son públicas y bien conocidas. Los objetivos de Community Initiatives son conocidos. Sus funciones reales o previstas, más allá de la generalidad de sus objetivos, siguen siendo desconocidas. La forma de su financiación, y si ésta proviene o provendrá de fuentes públicas o en qué forma, también permanece en secreto. El público en general sólo puede esperar y aguardar una explicación completa y franca de todos los asuntos relacionados con Community Initiatives y con Community Services (preferiblemente de forma democrática en el Parlamento), sin olvidar sus fuentes de financiación, del mismo modo que se conocen las de Community Care.