Jueves, 25 de Abril de 2019
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Tratado fiscal: ¿caballo regalado o caballo de Troya?

  • Imagen de Robert Vasquez
    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro

    Si uno ignora la realidad y quiere retorcerla, es fácil vender un acuerdo como si fueseun caballo regalado. El Tratado Fiscal firmado entre España y el Reino Unido (no Gibraltar) sobre Gibraltar tiene un sesgo serio que favorece a España pues incluye connotaciones de soberanía que lo hacen más comparable a un caballo de Troya.

     

    No caigamos en la trampa de la política electoral española, como ha hecho el Sr. Raphael Benzaquen (“In My Opinion” Gibraltar Chronicle 27 de marzo) y, casualmente, el Gobierno del GSLP. Nadie en Gibraltar, especialmente el GSLP, debería apoyarse en los argumentos de los partidos de la derecha españoles para apoyar y retorcer argumentos con los que vender un acuerdo fiscal del Reino Unido con España sobre Gibraltar, eso es ir demasiado lejos.

     

    ¿No es irónico que el GSLP, un partido socialista de izquierdas, se base en las opiniones de un partido español de derechas con una clara agenda anti-gibraltareña, el Partido Popular, que el GSLP ha criticado tan fuertemente y con frecuencia en el pasado?

     

    Volviendo a los argumentos del Sr. Benzaquen, intenta pasar por alto lo malo y destacar lo bueno, pero Gibraltar es lo suficientemente inteligente como para no caer en tales razonamientos. Argumenta en dos niveles, el político y el jurídico. Yo haré lo mismo en respuesta.

     

    Él, como de hecho, casualmente, nuestro Ministro Principal, Fabián Picardo, afirma que el Tratado Fiscal legitima, a los ojos de España, el control del Gobierno de Gibraltar sobre nuestra tierra. ¿En serio? Nunca dudé de la realidad de ese control. Además, no lo pondría en duda sugiriendo que ahora está legitimado.

     

    Además, ¿estoy soñando o qué?, elcontrol del Gobierno de Gibraltar y el de todos sus órganos institucionales fue reconocido por España cuando Sir Peter Caruana y su Gobierno del GSD lograron mantener conversaciones tripartitas en las que participaron los Gobiernos de España, el Reino Unido y Gibraltar en pie de igualdad.

     

    Estas conversaciones fueron seguidas por acuerdos tripartitos que culminaron con el Comunicado de Córdoba del 18 de septiembre de 2006. Un pacto que reconocía, entre otras cosas, el derecho al cobro de pensiones por parte de los españoles a pagar por el Gobierno de Gibraltar y, a la independencia de las telecomunicaciones de Gibraltar, incluido el código internacional 350 y más.

     

    Un avance que se vio impulsado en julio de 2009 cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se convirtió en el primer ministro español en realizar una visita oficial a Gibraltar.

     

    ¿En dónde deja eso a nuestro actual Ministro Principal que ha permitido, y todavía más, autorizado (no es que a España le importe) al Reino Unido a firmar el Tratado Fiscal, sin que Gibraltar sea parte en él y sin el consentimiento de nuestro Parlamento?

     

    El Sr. Benzaquen añade que, puesto que la UE ha gestionado nuestras relaciones con España, después del Brexit «nos corresponde a nosotros gestionar esta relación de forma responsable». Sí, «nosotros»: Gibraltar, no el Reino Unido y sí «nosotros», pero protegiendo las incursiones en nuestra soberanía.

     

    Confío en que nuestro Ministro Principal sea consciente de ello, aunque soy un poco cauteloso, teniendo en cuenta el desvío a favor de España en lo que respecta al «control» que puede observarse, no sólo en el Tratado Fiscal, sino también en el Protocolo de Gibraltar y en los Memorandos de Entendimiento que lo acompañan.

     

    El Sr. Benzaquen es impreciso cuando escribe que el Tratado Fiscal no introduce a nadie nuevo en la red fiscal española, lo que puede ser estrictamente cierto, pero es inexacto. Establece categorías de personas en las que se incluyen gibraltareños que regresan a su hogar, que deben pagar impuestos españoles a pesar de tener su residencia fiscal en Gibraltar; también determinadas sociedades, entidades y fideicomisos que operan fuera de Gibraltar. Se trata de una clara intrusión de la soberanía española sobre las personas afectadas.

     

    Ciertamente, un gibraltareño que sea residente fiscal en España debe cumplir con sus obligaciones legales, pero recordemos que la desgravación fiscal unilateral siempre ha estado disponible (no sólo como consecuencia del Tratado Fiscal) bajo la legislación fiscal española y se ha aplicado mediante la deducción del impuesto debidamente pagado en Gibraltar de cualquier deuda fiscal equivalente debida en España. Pero, ¿debería continuar esta responsabilidad cuatro años después de su regreso a Gibraltar para confirmar que el regreso a Gibraltar es «de buena fe»?

     

    Un inglés que regresa al Reino Unido no es tratado de la misma forma (uso el Reino Unido como comparación porque es lo más apropiado). Los españoles y las compañías, empresas, entidades o fideicomisos españoles permanecen en la red fiscal española a pesar de migrar a Gibraltar o de estar controlados desde España. Esto no sucedería si el Reino Unido se encontrase en la misma situación.

     

    El Sr. Benzaquen sostiene que se trata de una disposición estándar a nivel internacional: no es así. La referencia a Francia y Mónaco indica precisamente la realidad de una invasión de la soberanía fiscal. Las concesiones fiscales de Mónaco a Francia lo fueron forzadas por un bloqueo francés a Mónaco: ¿alguna similitud quizás?

     

    El Ministro Principal ha comparado esta concesión a España con el trato que reciben los nacionales estadounidenses que pagan impuestos en los Estados Unidos, con independencia de su residencia fiscal. Sí, pero esa norma se aplica en cualquier otro lugar en el que vivan porque los Estados Unidos tienen un sistema fiscal basado en la nacionalidad, compensado por una amplia red de acuerdos de doble imposición.

     

    En el caso de España, se aplica para siempre a los españoles sólo en Gibraltar (en los demás lugares termina después de cuatro años) y, durante un máximo de cuatro años a los gibraltareños y otros nacionales que se trasladan a Gibraltar únicamente.

     

    Además, el Tratado Fiscal habla de «cooperación administrativa reforzada» en el ámbito del intercambio de información fiscal. ¿Por qué España debería tener este privilegio adicional en Gibraltar que interfiere con nuestra soberanía? España no tiene una «cooperación administrativa reforzada»con el Reino Unido.

     

    No cabe duda de que el Tratado Fiscal acordado por el Ministro Principal (según admitió públicamente) y su Gobierno del GSLP está sesgado a favor de España. Esto se verá más claramente a lo largo del tiempo, según se vaya aplicando.


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