Domingo, 24 de Enero de 2021
Twitter
Facebook
Youtube

Una visión más amplia sobre el riesgo y la percepción de la corrupción

  • Imagen de Robert Vasquez
    Por Robert Vasquez
    Abogado y periodista gibraltareño
    Foro
    En el informe de la inspección de 2020 sobre la Policía Real de Gibraltar (RGP), hecho por la Inspección de la Policía y de los Servicios de Bomberos y de Rescate de Su Majestad (Informe sobre la RGP), figura con cierta profundidad la cuestión del riesgo y la percepción de la corrupción y la forma en que éstos podrían reducirse al mínimo mediante la introducción de mejores sistemas. Sin embargo, las conclusiones podrían tener una aplicación más amplia y muchas de las recomendaciones formuladas podrían, tal vez, ser atendidas y aplicadas con mayor amplitud no sólo por la RGP sino, también, servir para proteger el riesgo y la percepción de la corrupción en el servicio público en general.

    Sin duda, una de las principales críticas del informe sobre la RGP es la falta de progreso en la aplicación de las recomendaciones de mayor amplitud formuladas en 2016, pero las referencias al riesgo y a la percepción de la corrupción son significativas, aunque, lo que es importante, no se mencionan ni se indican ejemplos concretos o incidentes reales de corrupción.

    La forma en que se trata el tema del riesgo y la percepción de la corrupción en el Informe sobre la RGP es interesante desde la perspectiva de que probablemente es de aplicación más allá de la RGP. Siendo justos con la RGP, ésta tiene los fundamentos para hacer frente al problema y el Informe sobre la RGP así lo reconoce. Tiene un Código de Ética que es fácilmente accesible en Internet. Lo que el informe sobre la RGP critica, en esencia, es la falta de sistemas y capacidad de seguimiento para hacer frente a cualquier riesgo y percepción de este tipo.

    En agudo contraste, trate Vd. de encontrar un código para la administración pública en general. Encontrará referencias a las Órdenes Generales, Condiciones de Servicio y Código de Servicio Público, pero no ha sido posible encontrar una copia online, si es que está disponible. Además, el proyecto de Código Ministerial y el proyecto de Código de Conducta para los Miembros del Parlamento de Gibraltar se publicaron en septiembre de 2015, y allí se encuentran como borradores, sin que se haya hecho ningún progreso al respecto. Por consiguiente, el problema, desde el punto de vista del público, comienza mucho antes y va mucho más allá de la mera falta de sistemas y capacidad de seguimiento.

    Entonces, ¿qué dice, en términos generales, el Informe sobre la RGP acerca del riesgo y la percepción de la corrupción que pueda considerarse de aplicación más amplia y ponerse en marcha, para disipar cualquier riesgo o percepción de ese tipo en el gobierno y la administración general de Gibraltar?

    Un avance importante sería hacer más accesibles los códigos de ética aplicables, que regulan la administración pública en general. La promulgación y aplicación de los destinados a los Ministros y Parlamentarios también puede ser de gran ayuda, tras las debidas consultas y modificaciones. Los que se aplican a la RGP ya existen y son fácilmente accesibles. Simultáneamente, en estas áreas, es necesario establecer sistemas y formas de seguimiento que sean conocidos y fácilmente accesibles por el público.

    Sin embargo, es importante, de forma adicional, que cualquier código se integre plenamente en las políticas y procedimientos, lo que, según el informe de la RGP, no es actualmente el caso. A falta de un fácil acceso por parte del público a los códigos aplicables, es imposible evaluar su integración, en todos los casos, de modo que el fallo se agrava, cuando afecta a todos, salvo a la RGP.

    El Informe sobre la RGP destaca que no se está haciendo lo suficiente para contrarrestar el riesgo o la percepción de la corrupción, haciendo hincapié en la necesidad de contar con políticas que exijan la notificación y el registro de todos los intereses comerciales y relaciones notificables, con una revisión periódica del registro. Además, exige que se lleve un registro de regalos y atenciones sociales, como las relacionadas con la hospitalidad, y que se vigile regularmente para garantizar el cumplimiento de la política. Ciertamente, estos no son requisitos que deban limitarse a la RGP.

    Se da el caso de que existe un registro de intereses (no de regalos y atenciones sociales) para los parlamentarios, pero ¿es suficientemente específico para contrarrestar el riesgo y la percepción de corrupción y, en cualquier caso, hay algún seguimiento? No hay nada en el ámbito público que indique que sea lo suficientemente específico o que haya algún seguimiento.





    El Informe sobre la RGP continúa recomendando que la lucha contra la mala conducta y la corrupción necesita mejorar y abarcar la exposición al riesgo y la percepción de la corrupción. Es necesario que haya una comprensión total del riesgo y de la percepción, así como un organismo con todos los recursos necesarios y la capacidad adecuada para supervisar, reducir la amenaza y para encontrar y hacer frente a los empleados corruptos o aquellos susceptibles de corrupción, si se encuentra alguno. También es necesario establecer la forma de hacer informes confidenciales sobre la mala conducta y la corrupción. Una vez más, ¿debería limitarse la aplicación de alguna de estas sugerencias solamente a la RGP?

    El informe trata sobre el tamaño de Gibraltar, de nuevo las observaciones son de aplicación más amplia. Sobre esto, es mejor citar directamente el Informe sobre la RGP:

    «Algunos altos directivos y oficiales nos dijeron que no sería práctico decir a los oficiales y al personal que notifiquen la intensidad de sus relaciones destacables. Se dijo que la población de Gibraltar, pequeña y muy unida, significa que todos se conocen entre sí. Por lo tanto, intentar aplicar esa política sería inviable, un exceso burocrático e ineficaz.

    Se nos dijo que este entorno operativo mitiga la amenaza de la corrupción, ya que cualquier actividad corrupta sería denunciada rápidamente por el público. Tenemos fuertes reservas sobre este análisis.

    La corrupción adopta muchas formas y puede incluir un sesgo inconsciente a favor o en contra de otros. El pequeño tamaño de Gibraltar crea un entorno en el que el potencial de corrupción puede existir, en particular de manera subconsciente. Reconocemos que muchas personas se conocen en un contexto personal y profesional…

    El primer paso para mitigar la corrupción potencial y proteger a los funcionarios y al personal de las denuncias de corrupción es contar con una política clara y bien aplicada sobre la denuncia de las relaciones de notificación obligatoria».

    Seguramente, todo esto tiene mucho sentido y no se limita sólo a su aplicación a la RGP.

    Lo que el Informe sobre la RGP destaca son los problemas de la falta de atención al riesgo y a la percepción de la corrupción y cierta mala administración en esta área dentro de la RGP. Estos hallazgos, en un simple análisis, deberían aplicarse más allá de la RGP y entrar en las grandes áreas, las relacionadas con el Gobierno de Gibraltar.

    Muchas de sus conclusiones pueden aplicarse, bien adaptadas, y servir para proteger a los políticos, a la administración pública, a las personas que participan en los órganos estatutarios y a cualquier entidad privada que se dedique a la prestación o administración de lo que son servicios públicos. El tamaño de Gibraltar puede ser un factor agravante y difícil pero, como se destaca en el informe sobre la RGP, esto ayuda a crear un ambiente general y a empeorar el riesgo y la percepción, por lo que no es una razón para no tratar el asunto.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas