Centenario de un intelectual de talla internacional
La familia del estudiante Enrique Ruano Casanova, a la que hasta la llegada de la democracia no se le permitió publicar una esquela de recordatorio en la prensa, logró que se reabriera el caso. En 1996 fueron llevados a juicio los tres policías, pertenecientes a la Brigada de Investigación Social que custodiaban a Ruano cuando se produjo su muerte.
La reapertura del caso supuso el rechazo a la teoría del suicidio y a la incautación de documentos íntimos por parte de la policía, luego utilizados como falso diario.
En su declaración ante el tribunal, Carlos Castilla del Pino, médico de Ruano, negó cualquier inclinación del joven al suicidio, señalando que "el suicidio del depresivo se hace a solas, se prepara, pero no se realiza en una fuga ante otras personas".
Exhumado el cadáver, se aludió a un agujero redondeado en la clavícula del estudiante que se reflejaba en el informe de la primitiva autopsia, y que la acusación particular y algunos peritos forenses afirmaron ser acorde con un disparo de pistola. "Una lesión no compatible con la precipitación», se afirmó. Sin embargo, la clavícula había sido serrada para su estudio. El estudio jamás se hizo, desapareciendo la prueba de manera inexplicable.
Según la sentencia, al desaparecer el hueso del que no se hizo el informe en 1969, ni haberse realizado en su momento el estudio de la trayectoria de la herida ni de balística, no se contaba con las pruebas necesarias para dictar una condena por asesinato.
Finalmente, los acusados fueron exonerados por "falta de pruebas concluyentes", si bien figuró el voto particular de la magistrada María José de la Vega, quien afirmó que "a lesión del hemitórax derecho se produjo en vida, el agresor tuvo que estar de frente, y el medio comisivo tuvo que ser un objeto cilindrocónico impulsado por una fuerza media. Por las características descritas es totalmente compatible con el impacto de una bala».
De la Vega insistió en que hubo pruebas que hubiesen aclarado lo sucedido y que habían desaparecido inexplicablemente, estimando "que los hechos son constitutivos de asesinato pero que procede absolver a los procesados por no estar demostrado cuál de ellos fue el autor del disparo y sin que pueda apreciarse que todos tuvieran el dominio del hecho".
Lola González, la novia de Enrique Ruano, detenida con él cuando distribuía octavillas contra el régimen, volvería a pasar por una tragedia similar, ya en plena transición política. Casada con el amigo íntimo de ambos, Javier Sauquillo -también activista antifranquista-, fueron víctimas de la matanza de abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977. Terroristas de extrema derecha, asesinaron a cinco personas y dejaron heridas a otras cuatro. Javier fue uno de los que perdieron la vida y Lola resultó muy grave, quedando con secuelas de por vida.
La lucha por la democracia incorporó a universitarios, que perteneciendo a las clases medias altas, de familias de vencedores en la guerra civil, adoptaron ese compromiso. Enrique Ruano fue un claro ejemplo de ello. Años antes, Carlos Castilla del Pino había emprendido idéntico camino.
En 2006, con ocasión de una cena en San Roque con el psiquiatra le pregunté por el caso Ruano. Con tristeza y amargura, se limitó a decir tan solo dos palabras: "una infamia".