El regocijo era manifiesto entre los gibraltareños que se hallaban cerca de la playa. Reducidos a meros espectadores, veían con alegría el enfado de los militares británicos ante la imposibilidad de hacer uso de la caseta de baño de Chatham Counter Guard. Las inclemencias del tiempo hacían imposible que practicaran sus habituales aquatic sports –deportes acuáticos–. Alguno de los vecinos no pudo reprimir su alegría con alguna frase gorda contra quienes habían “usurpado” el espacio que habitualmente usaba la población civil.
Una vez que los juegos organizados por el Regimiento Royal West Kent quedaron suspendidos, los “espectadores” se volvieron a la ciudad, donde la crítica se había extendido contra la decisión de la Comisión Sanitaria –el gobierno local– de ceder el balneario al ejército.
Transcurría finales de septiembre de 1886 y la estación balnearia prolongaba su apertura hasta el 15 de octubre.
A la una de la tarde entró en vigor la medida. El servicio quedó cerrado a esa hora tanto para abonados como para los que pretendieran darse un baño o pasear por dicho punto. Los socios estaban de uñas con las autoridades locales, plegadas sistemáticamente a los mandatos de las militares. Al fin y al cabo, ellos habían pagado las cuotas correspondientes, viéndose relegados en un trato que consideraban humillante.
Y a ellos se unía el público en general que puntualmente hacían uso de las casetas, y que veían su paso cortado por culpa de un acuerdo municipal que no tenía ni pies ni cabeza, en el decir de la mayoría de la población.
“¿Es causa justificante el privar a los bañistas de varias horas de tiempo por poner el establecimiento a disposición de algunos militares que piensan irse a divertir?”, se preguntaba la prensa local, que no entendía como los propios gibraltareños, que formaban el órgano municipal, habían dado su asentimiento a una disposición de ese calibre.
Por contemporizar con el estamento militar, se aceptaba que, en todo caso, se hubiese cerrado al servicio público por tan sólo unas horas para su cesión en momentos concretos. Pero no para uso y disfrute exclusivo de la clase militar estacionada en el Peñón.
Desde luego, la medida no dejaba de ser una desconsideración hacia los vecinos que contribuían al sostenimiento del balneario. Y cuando algunos usuarios querían hacer uso de las instalaciones se les obligaba a bañarse a determinadas horas, pero si hacían acto de presencia los militares, se veían obligados a abandonar el lugar.
El periódico El Anunciador, clamaba: “porque no vamos a militarizarnos tanto que se vayan a ceder los establecimientos públicos en perjuicio de la comodidad general, para solaz de algunos militares que determinen divertirse con sus aquatic sports”.
La opinión pública recordaba que si se había decidido ceder al ejército un lugar exclusivo para los baños, ¿para qué funcionaba entonces la zona de Devil’s Tongue, puesta a disposición de los uniformados durante ciertas horas?
Había otras como New Mole y Rosia, o incluso en la playa de Levante. Pero los militares preferían la de Chatham, pues estimaban que era la que reunía mejores condiciones, y como tales representantes del Imperio no se les podía poner objeciones.
La población mostró su enfado con los representantes del gobierno local, pues su sometimiento al estamento militar era constante.
Por ello, cuando el Gran Jurado presidido por Francisco Imossi se dispuso a cubrir cuatro vacantes de la Comisión Sanitaria, dejada por Carara, Abrines, Capurro y Galeano, la gran mayoría de los gibraltareños observó el cambio con indiferencia, no sintiéndose representado en un órgano limitado a la burguesía calpense.
Los simples nombres de los elegibles para las vacantes daban perfecta cuenta de ello: Levy, Rugeroni, Balestrino, Galliano, Carapa, Speed, Schott y Coll. Y la elección, además, supervisada por el juez británico del Supremo Tribunal, Henry Burford.
Tocaba en la Alameda la banda del Regimiento East Yorkshire y, al contrario que en otras ocasiones, registró menos público.