Sábado, 2 de Julio de 2022
Twitter
Facebook
Youtube

La barca del Palmones y el control del gasto de los gibraltareños

  • Pescadores frente a Gibraltar. Grabado de 1706
    Pescadores frente a Gibraltar. Grabado de 1706
    Historia

    En diciembre de 1711 un fuerte temporal afectó a la bahía, causando daños entre los refugiados gibraltareños. Los ríos Palmones y Guadarranque se desbordaron y los campos cercanos se vieron anegados. Algunos animales perecieron entre las aguas y un buen número de familias quedaron aisladas y a la espera de auxilio.

    Las barcas de paso de los citados ríos se hundieron, recuperándose la del Guadarranque, que fue reparada y puesta en funcionamiento. Sin embargo, la del Palmones no pudo ser reflotada, pues la capa de arena que la cubría, impedía su rescate.

    La rehabilitación de la embarcación importó ochocientos noventa reales de vellón, pero la correspondiente al Palmones no se había restablecido.

    En febrero de 1712 por iniciativa de los regidores “y diputados de barcas” Juan de Mesa Trujillo y Bartolomé Pérez de Viacoba, se informó al Cabildo que habían ajustado con el maestro calafate Lorenzo Avilés, la construcción de una nueva barca.

    Sostener la economía de los refugiados no era tarea fácil para un Ayuntamiento que seguía reuniéndose en viñas y propiedades de los distintos regidores.

    Por ello, cuando en abril de ese año, Lorenzo Antonio de la Bastida, del Consejo de su Majestad, oidor de la Real Chancillería de Granada y corregidor del Campo de Gibraltar, propuso la construcción de una nueva cárcel, pasaba a crear un serio problema a las autoridades locales.

    Con todo, y siguiendo con esa esperanza en el retorno a Gibraltar, y facilitar todos los medios solicitados por el rey, los regidores se pusieron manos a la obra. Así el Ayuntamiento manifestó que “la Ciudad dice que es muy del servicio de su Majestad el que haya cárcel, y en atención a ser preciso la prontitud de ella, acuerda que se echen puertas luego a la que ha servido de cárcel en las viñas de don Pedro Méndez de Sotomayor”.

    Así, se dispuso la construcción de una nueva “en el paraje más cómodo y seguro, y que se nombre carcelero para que asista en dicha cárcel para la custodia de los presos, y que tenga su libro de entrada de ellos y salidas con toda formalidad para que inste en todo tiempo”.





    A finales de ese mes, según reflejan las Actas Capitulares, el Cabildo se reunió para abordar temas económicos y organizativos, atendiendo una provisión real que dio a conocer De la Bastida.

    En total eran dieciséis medidas, si bien la última se correspondía con la sustitución del propio corregidor, que pasaba con destino a la serranía de Villaluenga. La jurisdicción ordinaria la ejercería Pedro Rubio Tavares, mayordomo de los Reales Consejos y vecino de la ciudad de Jimena.

    En esa línea, teniendo en cuenta la importancia del Pósito como institución pública, se ordenó que no se hiciese gasto alguno de los fondos del mismo, ni tan siquiera el derivado de las salidas para cobrar las deudas. Tan sólo se permitiría desembolsos para obras y reparaciones en el edificio.

    Asimismo, se dispuso que el mayordomo de propios no pagase maravedíes, sin libramiento del Ayuntamiento, “ni tome recibos fuera de los tales libramientos, pena de que no se le admitirán en sus cuentas”.

    Al mismo tiempo, dentro de esas medidas de contención del gasto y aumento de la recaudación, se instaba al referido mayordomo y depositario del Pósito a que en el plazo de seis meses efectuase todas las diligencias judiciales sobre impagos. Caso contrario se procedería contra este responsable administrativo.

    Para facilitar los medios de control y ofrecer un mejor servicio se ordenó a la persona que ejerciera de almotacén, facilitar peso marco y medidas necesarias.

    Del mismo modo, se estableció que los diputados de carnicería controlaran el repeso y reconocieran las carnes, así como que se nombrase encargado “que tenga papel sellado para el consumo y gasto de este campo”.

    Y con vistas a la proyectada cárcel, se mandó que en el plazo de quince días se llevase a cabo la obra necesaria para la seguridad del edificio y de los presos allí existentes, “y que su producto se saque de los efectos más prontos de esta ciudad por lo que así conviene a la mejor administración, y que se tenga especial cuidado de que el alcaide de dicha cárcel tenga libro de entradas y solturas de los presos”.

     




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas