La difícil labor de las autoridades municipales
No podía negarse la buena disposición del Cabildo ante una nueva situación de guerra, pero otra cuestión suponía dejar desatendido el municipio creado por los refugiados gibraltareños. Aunque había ganas de desquite con los ingleses en esos años de conflicto, la movilización que se estaba llevando a cabo podía constituirse en un grave problema.
A inicios de 1719 el regidor Antonio de Mesa planteó en el Ayuntamiento que el mariscal de Campo, conde de Louvignies, al mando de las fuerzas estacionadas en el territorio, le había ordenado que se dispusiese la concentración de todos los vecinos alistados para la formación de milicias.
De Mesa anticipó que ello era un perjuicio para el vecindario, pues no quedarían hombres para el desenvolvimiento del mismo. El Cabildo acordó que sólo se presentaran los vecinos que en las listas constaran como armados, y que habrían de ser los únicos que conformaran las compañías de milicias. Aceptó el conde la decisión municipal, añadiendo que si hubiese de reemplazar a los armados, se incorporan nuevos hombres.
En marzo se conoció los mandatos reales para que “que todos sus vasallos puedan armar en corso contra Inglaterra”.
Del mismo modo, para abastecer de madera a la plaza de Ceuta se dispuso la autorización del corte de la misma a Pedro de Salas, siendo reconocida la mercancía por el regidor Juan de Mesa para que el embarque se ajustara a las cantidades establecidas.
La zona sufrió el vaivén militar. El regidor Pedro Izquierdo, siguiendo las órdenes de Louvignies, comandante del Campo, alojó en su hogar a un oficial “con cartas al señor capitán general que eran del real servicio”. Sin embargo, sin previo anuncio, posteriormente, se le presentó un sargento de Caballería con un grupo de soldados, exigiendo de manera indecorosa disponer de todo lo necesario. Una situación que denunció el mencionado edil ante el propio Consistorio.
En este sentido, la mayor concentración de caballería militar hizo que el mariscal de campo ordenase que se señalasen parajes para la misma, siempre que la medida no perjudicase a los labradores. El Ayuntamiento cedió el sitio de las Albutreras, pero el conde solicitó otro más propicio, como lo era el prado de Fontetar. Accedió el Consistorio y designó otros puntos del municipio para la cría de potros de los vecinos.
No tardó, empero, en producirse roces entre la gente del campo y los soldados, a los que se acusaba de dañar siembras y ganados. Una cuestión que hizo intervenir al propio conde y a la autoridad municipal.
Dentro de las competencias propias, mientras que el Cabildo nombraba teniente de alguacil mayor del Campo de Gibraltar a Joseph Antonio de Orduña, se conocía la petición de ayuda por parte de Alonso Esteban de Sotomayor, teniente de alcalde de la hermandad. Éste manifestaba que al conducir a un individuo hasta la prisión había sido herido en la cabeza.
A pesar de la resistencia sufrida logró ingresar al agresor en la cárcel, pero mientras se producía la curación de la herida se había visto imposibilitado para el servicio. Por ello, suplicaba se le socorriese “con alguna cosa para poder mantenerse interín que se mejora”.
El Ayuntamiento atendiendo a las circunstancias en que se había producido la baja del empleado, acordó el libramiento de ciento cincuenta reales de vellón del caudal de propios y de lo que sobrase de la paga de los torreros.
Por su parte el alcaide de la cárcel, Diego de Portugal, llevaba sin cobrar “dos libranzas de su salario”, pidiendo “se le manden pagar para vestir su desnudez y de su familia”. Acordaron los regidores que por parte de Cristóbal Infante, mayordomo de propios “pague las mencionadas libranzas del caudal que hubiere en su poder de ello, o del primero que hubiera en adelante”.
Era evidente que pese al conflicto sobrevenido por la política internacional, el Cabildo fue capaz, de manera ordenada, de continuar con las labores propias.
En esa línea, se aprobó asignar al barquero de Guadiaro, Pedro Jiménez, el servicio de las barcas de Palmones y Guadarranque, “por ser persona de todo celo, y en el mismo precio que hasta aquí ha estado, y siendo su obligación la mitad de la composición que fuere necesaria desde San Miguel en adelante”.
También se acordó la subasta del abasto de nieve desde el 8 de junio hasta final de septiembre, “y que habiendo postor se le admita la postura”, así como el de aceite y jabón desde primeros de mayo hasta finales de año al proveedor Miguel Tizón.
Y para evitar los altos precios de la ropa y de algunos comestibles se ordenó el control de los mismos, encargándose a Juan de Carrera, procurador nombrado por el Cabildo, se informase de los precios existentes en otras ciudades referidos a los géneros de vestido. En cuanto a los comestibles, los “diputados de mes” se encargarían de dar “los precios proporcionados y convenientes al bien común”. Toda una labor contra la inflación, en buena medida provocada por la guerra. ¿Les suena de algo?