Sábado, 2 de Julio de 2022
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Los pescadores gibraltareños desplazados no quieren barcos de fuera

  • Pescadores en un antiguo grabado. Foto: NG
    Pescadores en un antiguo grabado. Foto: NG
    Historia

    Los pescadores gibraltareños, desplazados de su ciudad y establecidos en el campo cercano, no querían que en las aguas de la bahía faenaran barcos de fuera. Menos aún cerca de las posiciones enemigas de Gibraltar. Sus razones tenían.

    Muy preocupados se reunieron los armadores de barcas de jábegas y acordaron mostrar su desacuerdo con una real provisión del Concejo de Hacienda, para que las embarcaciones de la ciudad de Málaga y de otros lugares, pescaran “en los mares de este término, contra los privilegios”, que la ciudad de Gibraltar mantenía.

    Como la petición realizada ante el mencionado órgano del reino no fue tenida en cuenta, la protesta se plasmó en un memorial que fue elevado al Cabildo, que debatió el asunto en reunión del veintisiete de mayo de 1709, celebrada en “en el Campo y Bloqueo sobre la Ciudad de Gibraltar”.

    El sector pesquero apostaba -si era inevitable la decisión superior-, porque se limitara la actividad a las zonas previamente establecidas para los autóctonos, sin salir hacia franjas al alcance de los ingleses. Una circunstancia que ya se daba, pues había barcos faenando en la zona.

    Los regidores aprobaron proponer “a los caballeros que comandasen el Bloqueo de este Campo para que por ningún modo permitan pesca alguna en término que dominasen los enemigos”. Se basaba el Cabildo en que la presencia de barcos civiles de todo tipo en las cercanías de Gibraltar, provocaba un beneficio directo a los británicos.

    El Ayuntamiento no sólo veía un perjuicio para los intereses de los pescadores locales, sino que la presencia de embarcaciones de fuera servía para que por parte de las mismas se introdujeran materiales y víveres en la plaza bloqueada.

    Expresamente se citaba a embarcaciones de Málaga, Estepona, Manilva y de las costas de Levante. Decía el Cabildo que la presencia de forasteros había producido un número elevado de robos, entre ellos ciento veinte caballos que habían sido vendidos en Gibraltar.

    La ciudad dejó claro su enfado y apuntó que podría actuar judicialmente, “y se responda por escrito, para que esta Ciudad acuda a donde le conviniere”.





    Aunque el Cabildo trataba de mantener a toda costa el buen funcionamiento de la ciudad formada por refugiados, todo parece indicar que la afluencia de arribistas al Campo de Gibraltar era más que frecuente.

    Tampoco el Gobierno debía prestar el apoyo que merecía una población que había optado por dejar sus hogares ante la ocupación inglesa. Ni tan siquiera se mantenía la fuerza militar que el caso requería.

    Buena muestra de ello es que en la misma reunión se trató del requerimiento de Martín de Val Dupino, comandante militar del campamento, para que el Cabildo situara personal de vigilancia en las torres de las playas, con la intención de evitar que los enemigos trasladaran a Gibraltar caballos y otros bastimentos. Estas acciones se producían principalmente en la costa de Levante.

    Como respuesta, la ciudad recordó al militar que desde la pérdida de la plaza gibraltareña, se había encargado de situar sus propios torreros en las torres principales, “y que actualmente subsisten en la de Guadiaro dos torreros como es costumbre, en la de la Carbonera otros dos, en la misma forma costa de Levante, y en la del Rocadillo otros dos, y en la Almiranta, como en la de San García otros dos, costa de poniente”.

    Sin embargo, las limitaciones de una población en las condiciones tan extremas en que se desenvolvía, no permitían tales desembolsos. Así, reconocía que faltaba completar otros puntos como los de “Torrenueva, que es la costa de levante, como también la del Águila y Fontanilla, que están en la playa de poniente donde existe una compañía de migueletes para resguardo de aquellas costas y embarcaciones que vienen de Ceuta. Está con el cuidado de proveer la dicha Torrenueva de dicha costa de levante”.

    Mucho pedían las autoridades del reino pero poco daban a los gibraltareños, que con tanta dignidad habían salido de su tierra. Cuando el Consejo Real de Castilla ordenó que el Ayuntamiento pagase a Francisco Rodrigo Muñoz Gallego seiscientos ducados por los dos años que había ejercido de corregidor en el Campo, tan sólo se pudo adelantar el abono de cien ducados.

    Para conocer quiénes trataban de organizar la vida de esta ciudad tan especial, habría que citar algunos de sus cometidos.

    En la fecha que nos ocupa las distintas responsabilidades municipales –diputaciones– recayeron en los siguientes regidores: Joseph Pérez y Juan de Mesa, diputados de puentes, calzadas y barcas; Francisco de Arcos Mendiola y Bartolomé Pérez Viacoba, abastos; Bartolomé Luis Varela y Martín de Aoís, Carril; Bartolomé Luis Varela y Diego Moriano, paga de guardias; Juan de Mesa y Martín de Aoís, Pósito público; Diego Moriano, contador de cuentas y particiones; Bartolomé Pérez de Viacoba, hijosdalgos y piaras; Joseph Pérez de Viacoba, padre general de menores; Bartolomé Luis Varela y Francisco de Arcos, ganado de cerda; Diego Moriano y Martín de Aosí, propios y arbitrios, y Juan de Mesa y Bartolomé Pérez de Viacoba, agostaderos.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
    Abogados - Jiménez Laz y Cadenas