Hoy 5 de febrero se cumplen 35 años de la apertura al paso de vehículos por la Verja de Gibraltar, dos años y casi dos meses después de que se abriera para los peatones, como consecuencia de los acuerdos de la Declaración de Bruselas de 1984 y cumpliendo así una de las exigencias que el Reino Unido imponía a España para permitir el acceso de este país a la Comunidad Económica Europea.
Treinta y cinco años después, la situación es paradójicamente inversa, ya que ahora es el Reino Unido el que se ha ido de la Unión Europea y España quien se queda y el que, en su caso, podría exigir condiciones sobre Gibraltar, de cara a las relaciones futuras que puedan establecerse entre Bruselas y Londres, como de hecho le atribuye el artículo 162 de las nuevas directrices para la negociación.
No obstante, las autoridades españolas han repetido una y otra vez que procurarán el paso fluido de los trabajadores transfronterizos por la Verja aunque Gibraltar ya, a partir del 1 de enero del año próximo, estará a todos los efectos fuera de la Unión Europea al haber consumido, en estos 11 meses que restan, el denominado período transitorio del Brexit, que es en la práctica una prórroga de la situación anterior.
Estos 11 meses de período transitorio son los que deben administrar las partes negociadoras (principalmente Reino Unido y Unión Europea, aunque también España en todo lo que se refiera específicamente a Gibraltar) para alcanzar los acuerdos que determinarán qué pasará a partir del año próximo y, entre ellos, la cuestión del paso de la Verja.
De momento hay firmados cuatro memorandos de entendimiento --y está en vísperas de aprobación definitiva un tratado fiscal-- que regulan desde el precio del tabaco o el combustible, hasta cuestiones medioambientales, cooperación policial, etc y, por supuesto, los derechos de los trabajadores transfronterizos. Pero también la continuidad de estos acuerdos estará sujeta a las negociaciones de esos 11 meses y a las evaluaciones de su cumplimiento que las partes lleven a cabo.
De cara al futuro, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ya ha advertido que quiere extender la excepcionalidad del paso de los trabajadores transfronterizos por una frontera Schengen también para todos los residentes en el Peñón, aunque de momento nadie más de la delegación negociadora británica ha respaldado, al menos públicamente, esa pretensión.
En cualquier caso, sí son miles de trabajadores transfronterizos los que están pendientes de los acuerdos que determinarán su futuro porque, si en efecto llegaran a aplicarse en la Verja de Gibraltar las medidas de control que obliga Schengen, el colapso sería inmediato y se perderían así los beneficios que hace 35 años, para el paso de vehículos y dos años antes para el paso de peatones, se consiguieron gracias a las conversaciones bilaterales que mantuvieron España y Reino Unido y que llevaron a la Declaración de Lisboa, primero, en 1980, y a la Declaración de Bruselas, después, en 1984.