Sábado, 2 de Julio de 2022
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Las ambulancias de Gibraltar tampoco cumplen las normas del transporte sanitario

  • Miles de traslados anuales a España podrían quedar afectados

    Ambulancia gibraltareña ante el Hospital de San Bernardo
    Ambulancia gibraltareña ante el Hospital de San Bernardo
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    Las ambulancias de Gibraltar que habitualmente cumplen funciones de traslado sanitario de pacientes a centros médicos españoles, para tratamientos o revisiones, tampoco cumplen con las normas españolas y de la UE, como ha sido el caso reciente de los transportistas comerciales. En caso de aplicarse la normativa podría suponer un colapso sanitario para los gibraltareños, aunque se exceptuarían obviamente los casos de urgencia.

    El Boletín Oficial del Estado español (BOE) en la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera, establece, como en el caso de los transportistas comerciales, la obligatoriedad de autorización previa para las personas que lo lleven a cabo y describe las condiciones para la autorización y procedimiento de obtención (artículos 2, 4 y 6).

    La cuestión no pasaría de ser una mera autorización administrativa si no fuera porque las ambulancias de Gibraltar incumplen los requisitos que el Reglamento establece en su artículo 10 para los titulares de autorizaciones, tales como que no se traten de personas jurídicas sin ánimo de lucro (fundaciones y ongs) o que sean de nacionalidad comunitaria. Esto, además de otra serie de requisitos como número mínimo de ambulancias y trabajadores, proporción de conductores con los permisos y niveles de formación exigidos, cumplimiento de normas de calidad ISO y UNE, seguro de responsabilidad civil por daños hasta, al menos, 50 millones de euros, etc.

    El servicio de ambulancias en Gibraltar lo llevan a cabo las del propio Gobierno y las de la organización benéfica St John que, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento anteriormente citado, no podría obtener autorización para el traslado sanitario en España y la UE.

    “VEHÍCULOS DE ESTADO”

    Menos aún las ambulancias del propio Gobierno de Gibraltar (Gibraltar Ambulance Service, GAS) ya que en este caso se trata de lo que se conoce como “vehículos de estado”, esto es vehículos que pertenecen a una empresa o servicio de un gobierno y cuyo tránsito por cualquier territorio extranjero requiere permiso y autorización previa.





    De hecho, cabe recordar el caso de un vehículo de Protección Civil de la provincia de Málaga que, en octubre de 2019, por desconocimiento de estas normas, entró en Gibraltar para “comprar chocolate” y provocó una investigación de la Policía gibraltareña y hasta la denuncia pública del mismo Fabian Picardo, ministro principal del Gobierno de Gibraltar, que calificó el incidente de “inaceptable”, como en su día publicó Noticias Gibraltar y puede leerse aquí.

    MILES DE TRASLADOS A ESPAÑA

    La organización benéfica St John no informa del número de traslados sanitarios que realiza a España, aunque sí los anuncia de forma específica en su página web, tanto a centros sanitarios españoles como a aeropuertos españoles para su posterior traslado a otros destinos.

    Sí ofrecen datos las ambulancias de la Autoridad Sanitaria del Gobierno de Gibraltar y, en concreto, dice que en 2019 “atendió 6.529 (servicios) de los cuales 1.781 fueron traslados transfronterizos a hospitales y clínicas españolas”, un 27% de los servicios fueron traslados a España, a los que afectaría de manera directa los requisitos del BOE de 2013.

    Obviamente los casos de urgencia y necesidad extrema no estarían afectados, pero sí los habituales transportes sanitarios para diálisis, tratamientos sanitarios, revisiones o simple acompañamiento a los aeropuertos españoles que, en realidad, son la casi totalidad de los miles de traslados anuales a España y que, hasta ahora, se han beneficiado de la habitual permisividad en la Verja, mientras el Reino Unido formaba parte de la UE y durante las negociaciones de un futuro Tratado sobre Gibraltar.

     




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
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