Martes, 18 de Mayo de 2021
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El Ayuntamiento de La Línea pedirá permiso para un referéndum sobre su autonomía

  • Un momento de la mesa redonda del curso sobre el Brexit, esta mañana. Foto: LR
    Un momento de la mesa redonda del curso sobre el Brexit, esta mañana. Foto: LR
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    El alcalde de La Línea, Juan Franco, anunció en el transcurso de su intervención en el curso de verano de la Universidad de Cádiz (UCA) en San Roque “Gibraltar y Campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit”, que en breve someterá a la asamblea de su partido, La Línea 100x100, la hoja de ruta para llevar a cabo la transformación de la localidad en Ciudad Autónoma. Tras el verano, se pondrá en marcha una campaña informativa dirigida a la ciudadanía para explicar los beneficios de esa fórmula, además de llevar a pleno del Ayuntamiento la solicitud de autorización al Gobierno para poder llevar a cabo la consulta popular en ese sentido.

    Durante su participación en la mesa redonda que ayer tuvo lugar en Palacio de los Gobernadores de San Roque, Franco señaló que en breve tanto la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar como la Diputación Provincial de Cádiz aprobarán sendas declaraciones institucionales sobre la consideración especial que merece de La Línea, aunque igualmente señaló que ambas instituciones no se pronunciarán sobre el proyecto de Ciudad Autónoma, dado que así lo pactó con el PSOE con el que alcanzó un acuerdo para gobernar ambas corporaciones.

    En otro momento de su intervención, explicó a los asistentes al curso que en su momento, y ante la perspectiva del Brexit, solicitó al Gobierno español un régimen especial que pudiera aplicarse a la ciudad para atraer a las empresas de juego ‘on line’ presentes en Gibraltar y que pudieran querer mantener su licencia europea, para que así pudieran compatibilizar una doble sede a ambos lados de la verja. “Lo consultamos con el Gobierno de Gibraltar y se lo propusimos al Gobierno español. Y cual sería nuestra sorpresa cuando en los presupuestos generales del Estado se arbitró esa ventaja para Ceuta y Melilla y no para nosotros. Las empresas implicadas señalaron que antes que a Ceuta o Melilla preferían irse a Malta. Nos manifestaron que si se le hubiera otorgado a La Línea, se habrían quedado. Fue todo un jarro de agua fría”, añadió el alcalde.





    Por su parte, el director del diario Gibraltar Chronicle, Brian Reyes, que participó en la misma mesa redonda, explicó que durante estos meses de incertidumbre respecto al futuro, en Gibraltar se ha conseguido un acuerdo bilateral con el Reino Unido para mantener el acceso al mercado británico en iguales condiciones que hasta ahora, dado que el 90 por ciento de las actividades de las empresas de servicios gibraltareñas lo son con el mercado británico. Además, se ha conseguido un resultado bastante aceptable en conversaciones con el Gobierno español, en concreto el Protocolo respecto a Gibraltar del Acuerdo de salida de la UE, los cuatro Memorandos y el Tratado Fiscal, por lo que “se ha conseguido un cierto consenso sobre la importancia del diálogo”. Por otro lado, añadió Reyes, la incertidumbre “nos ha llevado a buscar nuevas oportunidades, nuevas actividades, incluso fuera de la UE. La situación nos ha incentivado para ponernos las pilas”.

    Juan Carmona, representante del Grupo Transfronterizo, en el mismo escenario explicó que la iniciativa de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) fue asumida por su grupo a raíz de una idea del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCA, siendo rápidamente aceptada por el Ayuntamiento, aunque la Junta de Andalucía tardó más en abrazarla. Pese a ello y a las manifestaciones públicas de los máximos representantes del anterior Gobierno andaluz, el borrador de estatutos nunca llegó al Gobierno central, quien lo esperaba para darle curso. “El borrador lo metió la Junta en un cajón y ahí sigue”, interrumpió el alcalde.

    El profesor Miguel Acosta, por su parte, hizo una exhaustiva exposición sobre la consideración jurídica del trabajador fronterizo, según la legislación comunitaria y la española, concluyendo que no existe un concepto claro al respecto, siendo distintas las condiciones exigidas para que se reconozca tal calificación, según se aplique la normativa fiscal, la relativa a la seguridad social o entre en juego la libre circulación de trabajadores.




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