PP y Vox se oponen porque ‘rompe la posición tradicional de España’
La ministra de Asuntos Exteriores ha afirmado hoy en el Congreso que el Tratado Fiscal sobre Gibraltar resuelve la "soberanía fiscal" de la zona en beneficio de España y "permite acabar con una situación anacrónica y tremendamente perjudicial para España" sin debilitar su posición sobre la soberanía del Peñón. En cambio, PP y Vox rechazan este acuerdo internacional con el Reino Unido porque consideran que “rompe la posición tradicional de España” y “uno de los consensos más antiguos" en política exterior.
El Tratado Fiscal entre España y Reino Unido sobre Gibraltar requiere de la aprobación parlamentaria en Madrid y Londres, que se ha ido retrasando por las diversas circunstancias electorales y la pandemia. Hoy se ha debatido en el Congreso de los Diputados la enmienda a la totalidad presentada por Vox y a la que el PP ha decidido sumarse, en su oposición a este acuerdo internacional, porque consideran que debilita la posición española en la reivindicación de la soberanía de Gibraltar.
La ministra González Laya, en cambio, considera que resuelve la “soberanía fiscal” de la zona en beneficio de España, que el objetivo del acuerdo es que Gibraltar "no se consolide como paraíso fiscal y epicentro de blanqueo de dinero" y que es un acuerdo internacional bilateral entre el Reino Unido y España, "no con las autoridades de Gibraltar".
"Tenemos una oportunidad única que no podemos dejar pasar para resolver una cuestión mayor relativa a la soberanía de España, que es la soberanía fiscal, ya que cumple con los objetivos de eliminar el fraude estableciendo reglas claras sobre la residencia fiscal y sobre la creación de sociedades fiscales en Gibraltar".
Para la diputada Martínez-Ferro, del PP, lo que ha hecho el Gobierno es "consolidar un régimen fiscal contra el que hasta ahora han luchado todos los gobiernos independientemente de su color político". A su juicio, el Gobierno debería mostrar "ambición" y pelear para que Gibraltar, ahora que Reino Unido no es miembro del club europeo, sea incluido en la lista de paraísos fiscales de la UE.
El acuerdo, ha advertido el PP, consolida la exención fiscal de las sociedades offshore, reconoce ciertas estructuras de Estado y crea un comité de coordinación que sienta "en pie de igualdad" a representantes de España y de Gibraltar y que eso debilitará la posición española si quiere recurrir a instancias internacionales.
Por su parte, el diputado gaditano Rosety, en representación de Vox, ha afirmado que el acuerdo "blanquea el paraíso fiscal" y, aunque evitará la evasión fiscal por parte de quienes viven y operan en España, no pone coto a los privilegios fiscales de los gibraltareños.
Cree, también, que no resuelve el principal problema fiscal de Gibraltar, que no es el de la residencia, sino el de miles de personas que pasan a diario la Verja sin control ninguno y se benefician del diferencial de los impuestos indirectos, mientras que los trabajadores españoles "seguirán siendo discriminados y excluidos de hecho del generoso sistema de bienestar gibraltareño" y "cuando se jubilen recibirán una pensión ridícula". Según Rosety, es la economía gibraltareña la que depende de España y no al revés.
Finalmente, PSOE y Podemos han acusado a ambos partidos de la oposición de rechazar el acuerdo porque va a combatir la evasión fiscal. La diputada Muñoz, de Unidas Podemos, ha tachado a Vox de "fuerza reaccionaria" cuyo cometido es "impedir cualquier acuerdo que vaya a favor redistribuir la riqueza" y el socialista Gómez de Celis ha acusado a la "derecha siamesa" de "utilizar Gibraltar para la confrontación y la división", igual que utilizan "Venezuela, Cataluña o ETA cuando las cosas les van mal".
