Sábado, 31 de Octubre de 2020
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El confinamiento desvela coches de residentes en España con matrícula de Gibraltar

  • Incautación de vehículos y derechos de importación que llegan a los 17.800 euros

    Control de Policía por las medidas de confinamiento. Foto Sergio Rodríguez.
    Control de Policía por las medidas de confinamiento. Foto Sergio Rodríguez.
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    Las medidas de confinamiento están dejando en evidencia una práctica ilegal de ciudadanos residentes en territorio español que, a pesar de ello, mantienen sus vehículos con matrícula de Gibraltar, lo que tiene como consecuencia la incautación del coche hasta el pago de sus derechos de importación que, en ocasiones, han llegado a los 17.800 euros, según ha informado hoy GBC.

    El propio ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha respondido hoy en su comparecencia pública a este tema y ha explicado que "el Gobierno de Gibraltar no puede condonar una actividad contraria a la ley española, que establece que un residente de España no puede poseer un vehículo no registrado en España”. En realidad esta norma no es exclusiva de España, sino habitual en la mayoría de los países.





    Un número significativo de vehículos con matricula gibraltareña y que habitualmente transitan por el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol pertenecen a personas que residen en territorio español lo que, hasta ahora, había pasado normalmente desapercibido. Las medidas de confinamiento, no obstante, han obligado a justificar la residencia en España de estas personas y, por tanto, dejar en evidencia el incumplimiento de la ley cuando, a pesar de su residencia española, poseen los coches con matrícula de Gibraltar.

    La Ley en la mayoría de los países establece que los vehículos deben estar matriculados en el país de residencia habitual del propietario y esta es la norma que ahora está aplicando España, cuando las medidas de confinamiento dejan en evidencia el incumplimiento de la legislación vigente.

    La televisión pública gibraltareña GBC afirma conocer facturas de estos casos, impuestas por las Agencias Tributaria y de Aduanas españolas, que incluyen los derechos de importación y tasas administrativas por importes totales que llegan desde los 42 hasta los 17.800 euros.




  • Abogados - Jiménez Laz y Cadenas
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