El gobierno de Gibraltar ha hecho público el borrador de una enmienda a la ley sobre el aborto, a modo de consulta, y estará a disposición de los ciudadanos hasta el 25 de octubre. El gobierno hace esta propuesta, dice, después de haberlo sometido a debate con organizaciones civiles locales y de acuerdo con la legislación británica vigente.
Desde hace tiempo, Gibraltar asiste a un debate social y político en relación con el tema del aborto y, hasta la fecha, no parece que exista un consenso amplio al respecto. El gobierno de Picardo ha dado el paso de exponer a la opinión pública un borrador parlamentario que introduce enmiendas sobre la ley actual y, dice, ajusta la legislación británica vigente “a las circunstancias de Gibraltar y los avances médicos registrados”.
El borrador propuesto por el gobierno gibraltareño establece las circunstancias en las que se puede interrumpir el embarazo: riesgo para la vida de la madre, para su salud mental (el borrador señala específicamente casos de violación o incesto), anormalidad mortal del feto o anormalidades físicas o mentales graves del bebé, como para las que la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) realiza (y ha realizado tradicionalmente) pruebas.
Establece también que los abortos sólo pueden ser practicados por médicos del GHA o autorizados expresamente por el Ministerio de Sanidad, imponiéndose restricciones a los casos de clínicas privadas “más allá de aquellas relativas a motivos de salud reales”.
“La política del gobierno no acepta que se establezcan clínicas de aborto independientes en Gibraltar”, declara con rotundidad el borrador, y sólo admite este tratamiento en el hospital St Bernard gibraltareño o en aquellos centros españoles o británicos que tengan la aprobación del Ministerio de Sanidad.
El documento señala expresamente que “el gobierno está recabando opiniones sobre cuál es el límite temporal que debería aplicarse a las interrupciones de embarazo que se lleven a cabo al amparo de la nueva legislación”. No obstante, propone que el plazo aplicable en Gibraltar sea entre 10 y 14 semanas.
Reconoce la objeción de conciencia y mantiene la pena de cadena perpetua para los casos de aborto que no respeten los términos de la ley.
También plantea medidas de información y educación en este ámbito, así como mecanismos de apoyo a las mujeres embarazadas, asesoramiento clínico y de salud sexual.
