Domingo, 17 de Febrero de 2019

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    GSD lamenta que el gobierno de Picardo siga sin resolver los problemas de la administración de justicia

  • Sede de la Corte gibraltareña
    Noticias Gibraltar

    El GSD sigue recibiendo descalificaciones, aunque no respuestas, por parte del gobierno de Picardo ante las denuncias que hace por las carencias en el funcionamiento de la administración de justicia que ocasionan un perjuicio económico al contribuyente. El último caso, por ahora, tiene que ver con la denuncia de un médico contra el GHA, que podría suponer el pago de “un millón de libras”.

     

    El GSD se había pronunciado sobre una serie de temas que estaban afectando la administración de justicia y la prestación de servicios de salud mental, o relacionados con fallos en los procedimientos. Eso provocó una respuesta severa del gobierno que dijo que las preocupaciones destacadas por el GSD ya habían sido abordadas o eran el resultado de situaciones que estaban más allá del control del gobierno.

     

    También acusó a la aposición de "ignorancia voluntaria" de las reglas parlamentarias para emitir una declaración sobre asuntos que actualmente estaban ante los tribunales.

     

    La oposición considera que el gobierno de Picardo "se ha convertido en todo lo contrario de lo que representaban cuando fueron elegidos para el gobierno en 2011".

     

    El GSD acusó al gobierno, en sede parlamentaria, de esconderse detrás del hecho de que el caso presentado por el médico contra la GHA no se ha determinado completamente para negarse a responder cualquier pregunta sobre el mismo.

     

    La realidad es, según el GSD, que se ha emitido un fallo por defecto contra la GHA debido a defectos en la parte de la GHA, incluida la falta de un plazo clave para la divulgación en 2014.

     

    "Las consecuencias de ese fracaso son que el contribuyente se enfrenta a una factura muy importante y es un hecho público que el médico reclama un millón de libras por los daños ocasionados". Su abogado acusó a la GHA de "tácticas de retardo desagradables" en un caso que se remonta a 2012", agregó el GSD.

     

    "La idea de que la oposición debe permanecer en silencio o que el gobierno pueda esconderse detrás del hecho de que el caso todavía está en curso, para negarse a responder a preocupaciones legítimas, es absurda".

     

    El GSD recuerda que la responsabilidad ha sido determinada porque ya se ha emitido una sentencia en contra del demandado y la única cuestión que queda por determinar es el montante de los daños a pagar.