El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha escrito al presidente del Parlamento, Adolfo Cánepa, para proporcionarle una copia del texto acordado del Tratado Fiscal entre España y Reino Unido, que afecta directamente a Gibraltar.
Según un comunicado de la oficina de prensa gibraltareña, "el Gobierno de Gibraltar está ahora facultado para publicar el texto acordado del Tratado Fiscal". Aunque el comunicado de prensa del gobierno gibraltareño afirma que se trata de un acuerdo entre España y Gibraltar, en realidad el acuerdo es entre España y Reino Unido y afecta a Gibraltar, como explica el mismo resumen que publica el gobierno gibraltareño, donde dice que el artículo 9 "establece que el Acuerdo, a pesar de estar firmado por el Reino Unido, tan solo se aplica a Gibraltar".
Según el mismo comunicado, “el ministro para Europa [del Reino Unido] enviará también una copia del Acuerdo firmado a la Cámara de los Comunes” y el “ministro de Exteriores español ha proporcionado copias del Acuerdo Fiscal entre España y Gibraltar a diputados españoles relevantes”, aunque como ya se ha dicho el acuerdo es entre España y Reino Unido y Gibraltar es el territorio y población objeto del acuerdo.
No obstante, el ministro principal ha insistido en la misma idea de que se trata de un acuerdo entre España y Gibraltar, eludiendo citar al Reino Unido y ha declarado que “me siento muy satisfecho de poder publicar el texto acordado del Tratado Fiscal firmado entre España y Gibraltar. Esta publicación permitirá que los contribuyentes potencialmente afectados comprendan la mejor manera de estructurar sus asuntos y regularizar sus posiciones de cara al futuro”.
La oficina del gobierno gibraltareño ha hecho público también un resumen del acuerdo fiscal hispanobritánico en el que explica las normas para determinar la residencia de las personas que pudieran estar afectadas, tanto en el caso de personas física como personas jurídicas, la salvedad de la doble tributación, el intercambio de información de datos fiscales, la creación de un comité conjunto hispanobritánico para supervisar el Tratado, los términos de resolución del mismo y que la entrada en vigor queda pendiente de que se adecuen los procedimientos y legislación en cada caso.
