El Gobierno de Gibraltar ha recordado hoy el 50 aniversario de la que denomina Constitución de Gibraltar de 1969, en realidad la “Gibraltar Constitution Order”, según su denominación legal, es decir el decreto constitucional otorgado por el Gobierno británico en aquel año, como respuesta a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que proponía la reintegración territorial negociada del Peñón a España.
El comunicado del Gobierno de Gibraltar dice lo siguiente: “La Constitución se promulgó tras una Conferencia Constitucional en 1968 entre el Gobierno del Reino Unido, los diputados electos de Gibraltar y el Partido para la Integración con Gran Bretaña (Integration with Britain Party). Se derivó de un informe elaborado por el Comité Constitucional de la legislatura de Gibraltar, que había estado debatiendo la cuestión desde octubre de 1965, y de la promesa realizada por el Reino Unido de debatir con los líderes locales cualesquiera cambios constitucionales pertinentes que quisieran si el voto del referéndum de 1967 se saldaba a su favor”.
Los gibraltareños a los que alude la nota de prensa fueron Joshua Hassan, Aurelio Montegriffo y Abraham Serfaty por la Asociación para la Avance de los Derechos Civiles, Robert Peliza y Maurice Xiberras por el Partido para la Integración con Gran Bretaña, y Peter Isola.
Gibraltar, en realidad, ha contado con cuatro decretos constitucionales emitidos por Londres en 1950, 1964, 1969 y, el último y actual, en 2006. Esta última “Gibraltar Constitution Order”, que es su denominación legal, fue el desenlace de un proceso iniciado en 1999 por el que se pretendía modernizar las relaciones entre las denominadas colonias y territorios dependientes de la Corona con el Reino Unido.
A pesar de los preámbulos de la de 1969 y 2006, que invocan expresamente que Gibraltar formará parte de los “dominios de Su Majestad a menos o hasta que una Ley del Parlamento disponga lo contrario y, además, que el Gobierno de Su Majestad nunca formalizará acuerdos en virtud de los cuales el Pueblo de Gibraltar pasaría a estar bajo la soberanía de ningún otro Estado en contra de sus deseos libre y democráticamente expresados”, lo cierto es que los gibraltareños contaban con mayores expectativas que el decreto promulgado final.
Estos decretos constitucionales han evolucionado dotando de mayor autonomía en la gestión local a las autoridades gibraltareñas, pero manteniendo el Reino Unido las máximas competencias en cuanto a Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad Interna.
