Jueves, 23 de Septiembre de 2021
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El Ombudsman de Gibraltar critica la 'mala administración' del Departamento de Vivienda

  • Considera injusta la forma de asignar las viviendas a los residentes

    Uno de los ejemplos que han coartado la investigación del Defensor del Pueblo han sido las viviendas
    Uno de los ejemplos que han coartado la investigación del Defensor del Pueblo han sido las viviendas
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    El Defensor del Pueblo denunciaba en su último informe, datado en 2019, de la obstrucción que significa para su trabajo que un funcionario estime cuándo se decide algo por una “cuestión de política gubernamental” y cuándo no. Esta directriz impide al Defensor continuar con la investigación  o seguir informando, especialmente cuando se trata de “una injusticia” a causa de esa decisión del servidor público. Como ejemplo de ello se refiere a la negativa del Departamento de Vivienda a aceptar las solicitudes de vivienda del Gobierno de los ciudadanos británicos, a pesar de que los solicitantes tenían derecho legal a la residencia permanente en Gibraltar.

    La cuestión planteada por la Oficina del Defensor del Pueblo a este respecto fue que, con arreglo a las actuales normas del Plan de Asignación de Viviendas, las personas que no son gibraltareñas registradas, pero que en el momento de la solicitud tienen derecho de residencia permanente, pueden solicitar una vivienda del Gobierno.

    Asimismo, pide que se revise la Ley para que la oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios Públicos pueda iniciar investigaciones por iniciativa propia, como recomendó el Defensor del Pueblo de los Servicios Públicos en 2016.

    En el caso de las viviendas, cuando se le indicó quiénes tenían derecho a solicitar una vivienda del Gobierno, la respuesta del Departamento de Vivienda fue que las normas del plan de asignación de viviendas “deben leerse conjuntamente con la política del Departamento de Vivienda”. La respuesta fue más allá al sugerir que el Defensor del Pueblo “no debería, por lo tanto, seguir con este asunto ya que ha sido una práctica de largo tiempo del Defensor del Pueblo no hacer comentarios sobre la política".



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    A este respecto, el Defensor del Pueblo respondió que es cierto que no está autorizado ni obligado a cuestionar los méritos de la política del Gobierno. Sin embargo, la cuestión en este caso “no se refiere a la política del Gobierno”, aclara el informe. Se trata de que el Departamento de Vivienda “no sigue sus propias normas y procedimientos establecidos por escrito. Esto entra claramente en el ámbito de la acción administrativa y la mala administración”. A este respecto, la Oficina del Defensor aún no ha recibido respuesta.

    El Ombudsman está facultado para investigar toda medida administrativa adoptada por cualquier autoridad a la que se aplique la Ley, o en su nombre, y cuando un miembro del público que afirme haber sufrido una injusticia como consecuencia de una mala administración haya presentado debidamente una denuncia al Defensor del Pueblo.

    Sin embargo, la ley establece que el Defensor del Pueblo no está autorizado a cuestionar los méritos de la política del Gobierno. En varias ocasiones, el Defensor del Pueblo no ha podido continuar con una investigación cuando un proveedor de servicios públicos ha afirmado que se ha adoptado una decisión conforme a la política del Gobierno, aunque la opinión del Defensor del Pueblo ha sido que la decisión adoptada por el proveedor de servicios públicos fue consecuencia de una mala administración que dio lugar a una injusticia y a una injusticia causada al demandante.

    El argumento del Defensor del Pueblo es, y siempre ha sido, que la competencia estatutaria y las facultades de escrutinio del Defensor del Pueblo son mucho más amplias.

     




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